La trama de los pisos patera en Ceuta salpica al consulado español en Marruecos: más de 20 expedientes abiertos por alquileres ilegales a inmigrantes

La investigación de la Operación Senen destapa una red que cobraba hasta 900 euros mensuales por garajes y trasteros, con una trabajadora consular entre los propietarios señalados y una trama de traslados a la Península por 6.000 euros

La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio ha dejado al descubierto un lucrativo negocio paralelo que se extiende por toda la ciudad autónoma. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en los últimos días una red dedicada al alojamiento ilegal de migrantes en condiciones infrahumanas, un entramado que ha derivado en más de 20 expedientes abiertos por alquileres irregulares y que ha salpicado directamente al consulado español en Marruecos. Entre los inmuebles investigados figura un piso en la céntrica calle Sol cuyo arrendamiento está vinculado a una trabajadora de la representación diplomática española en el país vecino.

Un negocio redondo con precios abusivos

Las cifras que manejan los investigadores dibujan un panorama de explotación sistemática de la vulnerabilidad. Los precios documentados oscilan entre los 20 y 35 euros diarios por una habitación, aunque en los casos más extremos se han detectado propietarios que cobran hasta 900 euros mensuales por espacios en condiciones deficientes, como garajes reconvertidos a toda prisa en viviendas improvisadas. Se han llegado a detectar alquileres de viviendas completas por cantidades que rondarían los 3.000 euros.

La operación policial, bautizada como Senen y desarrollada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), se ha saldado con al menos dos detenidos que cobraban 900 euros al mes por dormir en un garaje de la barriada del Príncipe. Las alarmas saltaron tras las denuncias de los propios vecinos, inquietos por la presencia constante de personas pernoctando en las zonas comunes y plazas de aparcamiento del edificio, donde llegaron a hacinarse hasta una veintena de migrantes de forma simultánea.

El negocio no terminaba en el alquiler del suelo. Disponer de un colchón o una manta dependía de abonar la tarifa íntegra, mientras que por recargar el teléfono móvil se exigían entre cinco y diez euros adicionales. La organización recurría además a severas coacciones y amenazas de muerte para imponer una ley del silencio que impidiera a las víctimas acudir a las autoridades.

El piso de la calle Sol y el rastro consular

El caso que ha elevado la investigación a una dimensión institucional es el del inmueble situado en la calle Sol, en pleno centro de Ceuta. Según las alertas trasladadas por las autoridades, los inmigrantes disponen de llave propia y acceden de forma regular al domicilio, lo que apunta a un arrendamiento estable y no a una ocupación puntual. Fuentes del Gobierno de Ceuta han confirmado que el piso pertenece a una trabajadora del consulado español en Marruecos, un dato que ha puesto el foco sobre la conducta de empleados públicos en el marco de la crisis migratoria.

No es la primera vez que la Administración española en el exterior queda bajo sospecha. La Audiencia Nacional ya imputó a varios empleados del consulado español en Argel por una trama de visados, un patrón que, según fuentes judiciales, dibuja un panorama preocupante de irregularidades dentro de la Administración vinculadas a la gestión de fronteras.

Viviendas públicas y obras ilegales

La investigación no se limita a los pisos patera. El Gobierno de Ceuta ha anunciado que rescindirá el contrato a los adjudicatarios de viviendas de protección oficial que se demuestre que están haciendo un uso irregular de las mismas, una medida que afectará también a quienes hayan alquilado ilegalmente garajes que no son de propiedad privada sino de promociones públicas. Las autoridades han documentado además al menos 162 denuncias por construcciones ilegales vinculadas a estos mismos inmuebles, según los datos recabados por los servicios de inspección municipal.

Las investigaciones policiales también han sacado a la luz situaciones de mayor gravedad. Una joven que dormía en un garaje clandestino de la barriada del Príncipe denunció que el propietario le ofreció no cobrarle el alojamiento a cambio de mantener relaciones sexuales. El caso quedó en un mero ofrecimiento, pero los investigadores lo consideran relevante en el contexto de explotación sexual que rodea a estos espacios. También se han detectado indicios de personas que habrían abonado su alojamiento mediante trabajos realizados en obras, lo que apunta a posibles casos de explotación laboral.

Traslados a la Península por 6.000 euros

La red desarticulada no se limitaba al alojamiento. La misma organización ofrecía a los migrantes la posibilidad de ser trasladados a la Península a cambio de unos 6.000 euros, un precio muy superior al habitual, en un peligroso viaje nocturno en pequeñas embarcaciones, hacinados y sin chalecos salvavidas ni medidas de seguridad. El entramado disponía de un claro reparto de tareas: unos miembros captaban a las víctimas recién llegadas, otros gestionaban el cobro y el traslado a las infraviviendas, y un último eslabón ejercía la vigilancia sobre los inmigrantes para proteger a la cúpula de la organización.

En agosto, la Policía Nacional ya había informado de la detención de cinco personas integrantes de dos grupos criminales distintos que cobraban hasta 9.000 euros a los migrantes que, tras entrar en Ceuta, querían alcanzar las costas andaluzas.

El clamor vecinal y la exigencia de respuestas

La situación ha llevado a los vecinos de las barriadas más afectadas al límite. El presidente de la asociación vecinal de Príncipe Felipe, Ahmed Soltani, ha denunciado un clima constante de tensión marcado por la presencia de inmigrantes, conflictos habituales y peleas en la vía pública que están robando la tranquilidad de los hogares. «Como vecino de esta zona de Ceuta, quiero decir alto y claro que los vecinos ya no pueden más», ha recalcado Soltani, quien ha exigido que los casos de alquileres irregulares sean investigados a fondo para proteger especialmente a los jóvenes y menores de edad que puedan hallarse en situaciones de extrema vulnerabilidad o explotación.

El presidente vecinal ha planteado una pregunta directa a las administraciones: «Si existen viviendas donde se están produciendo actividades irregulares, situaciones de explotación o cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo a menores, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están las inspecciones? ¿Dónde está la Delegación del Gobierno?».

Las demandas vecinales incluyen la presencia permanente y visible de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso, el aumento de patrullas tanto en vehículos como de agentes a pie en callejones, y una estrecha vigilancia en los entornos de los centros educativos ante el inicio del curso escolar.

Un frente judicial en expansión

La trama de los pisos patera se suma a una creciente lista de diligencias judiciales abiertas en Ceuta desde el estallido de la crisis migratoria. El Juzgado de Instrucción número 1 investiga la compra coordinada de materiales aptos para fabricar explosivos caseros, mientras que el Tribunal de Instancia Plaza número 6 ha admitido a trámite una querella por agresiones a militares y vecinos. La Fiscalía ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas durante la crisis, nueve de ellas a menores de entre 14 y 17 años.

La Operación Senen ha permitido la primera condena dictada tras la entrada masiva de finales de julio por utilizar pisos patera para esconder a inmigrantes, pero la Policía sospecha que hay muchísimos más casos. Varios de los migrantes que han sido detenidos, condenados y expulsados a Marruecos manifestaron que habían estado durmiendo en viviendas previo pago, lo que apunta a una red de alojamientos clandestinos mucho más extensa de lo que reflejan los expedientes abiertos hasta ahora.

Ceuta, la ciudad que lleva casi dos meses conteniendo una presión migratoria sin precedentes, afronta ahora la batalla contra un negocio que se ha alimentado de la vulnerabilidad de miles de personas. La implicación de una trabajadora consular en la trama añade una dimensión institucional que promete prolongar la investigación más allá de los tribunales ceutíes.

About The Author