La AECID registró el 8 de septiembre dos subvenciones a la Asociación Naturaleza para la Vida Tekopora para financiar la «Ruta del Gua’a» en el Cerrado norte, un proyecto cuya página web no ofrece datos verificables sobre resultados ni ejecución; el PP ya ha anunciado que llevará el caso al Senado
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que dirige José Manuel Albares ha vuelto a situar a Paraguay en el centro de la polémica por el uso de fondos públicos. El pasado 8 de septiembre, la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda registró dos partidas dirigidas a la Asociación Naturaleza para la Vida Tekopora, una ONG paraguaya con sede en Asunción, por importes de 201.440 euros y 48.560 euros respectivamente. Ambas cantidades, sumadas, arrojan la cifra redonda de 250.000 euros.
El proyecto: «La ruta del Gua’a» y la opacidad de Tekopora
El destino declarado de los fondos es el proyecto denominado «La ruta del Gua’a», definido por la propia organización como «Desarrollo ecoturístico del cerrado norte con enfoque de conservación de biodiversidad e inclusión social». El proyecto se enmarca en una convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para Paraguay con un presupuesto total de 250.000 euros y un periodo de ejecución que se extiende entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028.
La Asociación Naturaleza para la Vida Tekopora, que se define en su web como una entidad que «busca promover la conservación de la naturaleza como el bien fundamental para la vida», fue legalmente constituida en 2018 y se presenta como una organización con «amplia experiencia en biodiversidad y conservación ambiental». Además de los fondos españoles, la ONG admite recibir financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y donaciones de diversa procedencia nacional e internacional.
Sin embargo, la información pública disponible sobre la actividad real de la entidad y la ejecución de sus proyectos es prácticamente inexistente. Según el análisis publicado por The Objective, la web de Tekopora no ofrece datos para comprobar «la veracidad de la existencia de los proyectos y sus resultados», una falta de transparencia que el citado medio califica de «habitual en materia de cooperación para el desarrollo». Otro de los proyectos que la organización promociona en su página es «MIPY y Acción Climática», que pretende «aumentar las capacidades de incidencia de mujeres indígenas para la acción climática en el Chaco paraguayo», sin que tampoco se detallen los resultados ni el destino concreto del gasto.
La «buena vida» como nombre y como destino
El nombre de la organización, Tekopora, significa «la buena vida» en guaraní. El medio que destapó la información no ha pasado por alto la ironía: «Tekopora, palabra guaraní que significa ‘la buena vida’, no hay más que hablar». La reflexión apunta a una cuestión de fondo que trasciende este caso concreto: la dificultad de auditar y verificar el impacto real de los fondos de cooperación que España destina a proyectos en el exterior.
La AECID ha sido el instrumento utilizado para la búsqueda y selección de estos proyectos. La agencia, cuya dirección atraviesa un periodo de transición tras la marcha de Antón Leis a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), donde ha sido nombrado Alto Comisionado Auxiliar para Operaciones, gestiona un volumen creciente de subvenciones con destino a América Latina, siendo Paraguay uno de los receptores más habituales.
El contexto: un flujo constante de fondos hacia Paraguay
El caso de la «Ruta del Gua’a» no es un episodio aislado. En abril de 2025, se conoció que el Gobierno había destinado otros 250.000 euros a una subvención para el cultivo y comercio de hierbas medicinales en Paraguay, un proyecto que también generó cuestionamientos sobre la justificación del gasto en un contexto de crisis de servicios públicos en España.
La relación de cooperación entre España y Paraguay se articula a través del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible 2025-2028, un instrumento que contempla, entre otras operaciones, líneas de cooperación reembolsable a través del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Una de las operaciones aprobadas en la última década fue la «Mejora de Caminos Vecinales», con una financiación de 25 millones de dólares, ya finalizada.
En el ámbito específicamente turístico, España y Paraguay han profundizado su cooperación con el objetivo declarado de «posicionar el turismo como motor estratégico para el desarrollo sostenible, cultural y social». La AECID y el Gobierno paraguayo suscribieron un marco de asociación de más de 100 millones de dólares que incluye programas de transición ecológica y desarrollo sostenible.
La reacción política: el PP lleva el caso al Senado
La oposición no ha tardado en reaccionar. El Partido Popular, que ya ha reprobado a Albares en el Senado por su «nefasta gestión al frente de la política exterior de España», ha anunciado que llevará el caso de la subvención a Tekopora a la Cámara Alta para exigir explicaciones al ministro.
La moción de reprobación aprobada previamente por el PP en el Senado señalaba que la gestión de Albares «está siendo inentendible» y ha producido «perplejidad no solo a la oposición» sino también a socios y aliados internacionales. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pablo Hispán, ha reprochado al ministro haber recibido «con entusiasmo» determinadas decisiones de política exterior que, a juicio del PP, contradicen los intereses de España.
La crítica del PP se enmarca en una ofensiva más amplia contra la política de cooperación del Gobierno de Sánchez. El partido ya ha presentado preguntas escritas en el Congreso sobre subvenciones a Paraguay y ha exigido en varias ocasiones una auditoría de los fondos destinados a proyectos de cooperación internacional cuyo impacto no puede verificarse.
Un patrón que se repite
La subvención a Tekopora se suma a una lista creciente de proyectos financiados con fondos públicos españoles en Paraguay que han generado cuestionamientos. En 2022, la AECID destinó otros 250.000 euros a la «Implementación de las acciones del Plan de Gestión sostenible y participativa para el Pantanal Paraguayo», una iniciativa cuya ejecución y resultados tampoco han sido objeto de un escrutinio público detallado.
El patrón que emerge de estos casos apunta a una cuestión estructural: la dificultad de auditar proyectos de cooperación en países con marcos de rendición de cuentas débiles, la opacidad de las organizaciones receptoras y la falta de mecanismos eficaces de verificación por parte de la AECID. Para los críticos, el problema no es la existencia de la cooperación internacional, sino la ausencia de controles que garanticen que el dinero de los contribuyentes españoles se traduce en resultados verificables y no en subvenciones opacas cuya ejecución no puede auditarse.
Mientras el PP prepara su ofensiva parlamentaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha emitido hasta el momento ninguna declaración pública sobre el proyecto de la «Ruta del Gua’a» ni sobre las medidas de control aplicadas a la Asociación Naturaleza para la Vida Tekopora. La pregunta que planea sobre el caso es la misma que el medio que destapó la información lanzaba a sus lectores: «Les reto a averiguar con esa definición en qué se ha gastado esta ONG los 250.000 euros».
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