El traslado masivo desde las playas de Benítez y El Trampolín deriva en una estampida que obliga a los antidisturbios a intervenir con material antidisturbios; 2.000 personas quedan fuera del recinto y regresan a los asentamientos
La jornada de este viernes en Ceuta ha dejado una de las estampas más tensas desde que estalló la crisis migratoria el pasado 30 de julio. El operativo para trasladar a miles de migrantes desde los asentamientos improvisados de las playas de Benítez y El Trampolín hasta el nuevo campamento habilitado en el puerto de la ciudad se convirtió en una sucesión de avalanchas, carreras descontroladas y cargas policiales que obligaron a desplegar a la Unidad de Intervención Policial (UIP) con material antidisturbios.
La operación, que arrancó poco después de las 6:30 horas con el despliegue de la Guardia Civil en la zona de acampada, tenía un objetivo claro: reubicar a una población estimada en más de 3.000 personas —algunas fuentes elevan la cifra a 4.500 según el reparto de raciones— en un recinto con capacidad para apenas 1.700 plazas. Esa desproporción entre el número de migrantes y el espacio disponible se convirtió en el detonante de la crisis.
Una estampida anunciada
El temor a quedarse fuera del nuevo dispositivo provocó que, desde los primeros minutos, los migrantes que permanecían en las playas comenzaran a moverse en bloque hacia el puerto. Un primer grupo de 40 policías y algunos guardias civiles intentó contenerlos, pero la masa desbordó rápidamente las líneas policiales.
Los agentes intentaron organizar el traslado en grupos de aproximadamente un centenar de personas, pero los nervios se apoderaron de la multitud. Lo que había comenzado como un trote se transformó en una carrera descontrolada y masiva hacia el recinto portuario, superando la contención inicial y obligando a las fuerzas de seguridad a reaccionar con cargas y disparos de bolas de goma para evitar que llegaran en masa.
Durante los enfrentamientos se registraron detonaciones, varios heridos con contusiones y personas con irritaciones en los ojos causadas por los agentes químicos empleados. También hubo momentos de riesgo de aplastamiento, tanto para los migrantes como para los propios policías.
«Éramos 70 para contener a 4.000 migrantes»
La dimensión del desbordamiento quedó reflejada en el testimonio de los propios agentes desplegados. Los antidisturbios de la Policía Nacional denunciaron el «despliegue ridículo» con el que se intentó gestionar el operativo. Según explicaron a El Español, el Ministerio del Interior comunicó oficialmente que había 170 policías de la UIP movilizados, pero los agentes que participaron directamente aseguran que solo eran 70 los encargados de contener y dirigir a unas 4.000 personas.
«Éramos 70 frente a 4.000», resumieron los antidisturbios, que describieron momentos en los que estuvieron a punto de verse obligados a realizar más cargas por la inferioridad numérica. Pese a la tensión, los agentes explicaron que no se utilizó la fuerza de forma generalizada por órdenes superiores, que buscaban evitar imágenes de cargas sobre la multitud.
El retorno a las playas
La entrada de los migrantes en las instalaciones portuarias se desarrolló principalmente entre las 9:30 y las 12:00 horas. Sin embargo, el dispositivo no tardó en completar sus 1.700 plazas, lo que dejó a cientos de personas fuera del recinto. A partir del mediodía, quienes se habían quedado sin plaza emprendieron el camino de vuelta a los asentamientos de Benítez y El Trampolín.
Las imágenes posteriores al operativo confirmaron que el traslado no supuso el final de los asentamientos. Más de 2.000 migrantes regresaron a las playas tras comprobar que no podrían acceder al campamento, mientras que otros que hasta ahora permanecían en zonas de monte y otros puntos de la ciudad se desplazaron hacia estas playas ante la expectativa de poder acceder a futuras reubicaciones.
Los sindicatos exigen responsabilidades
La reacción de los sindicatos policiales no se hizo esperar. Jupol, SUP y Jucil denunciaron de forma conjunta que el Gobierno puso en «riesgo» a los agentes desplegados en Ceuta. El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, acusó al Ejecutivo de falta de previsión e improvisación en un dispositivo para el que, aseguró, no se garantizaron las condiciones necesarias de seguridad.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advirtió del riesgo de aplastamientos y anunció que exigirá responsabilidades «si ocurre una desgracia». «El desamparo institucional tiene que terminar», reclamaron. Desde Jucil, la asociación profesional de la Guardia Civil, alertaron de las consecuencias que puede tener para la seguridad del puerto de Ceuta —una infraestructura crítica para el tráfico marítimo y las comunicaciones con la península— la instalación del campamento precisamente en la puerta de entrada y salida de mercancías.
La Confederación Española de Policía (CEP) fue un paso más allá y exigió el «cese inmediato y fulminante» del jefe superior de Policía de Ceuta por la «grave falta de previsión» con la que se ejecutó el traslado. En un comunicado, la CEP señaló que desde que se conoció la resolución de la Audiencia Nacional que despejaba el obstáculo judicial para utilizar el puerto, la Jefatura Superior y la Delegación del Gobierno sabían que el traslado podía comenzar de manera inmediata.
«Las carreras, avalanchas, roturas de los cordones de seguridad y momentos de máxima tensión que han podido verse durante las primeras horas son la consecuencia directa de haber organizado una operación de enorme complejidad sin garantizar previamente un despliegue policial suficiente», señaló la CEP, que también criticó el «nefasto papel» de la Delegación del Gobierno.
La versión del Gobierno
Fuentes del Ejecutivo central, por su parte, calificaron el operativo de «normalidad» pese a los momentos de tensión iniciales. Según su relato, el conocimiento previo de la hora del traslado llevó a los migrantes a correr hacia el puerto para intentar garantizarse una plaza, pero la situación se controló y el proceso continuó sin violencia ni altercados generalizados.
El Gobierno estima que entre 9.000 y 10.000 migrantes permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio. Con los 1.700 alojados en el puerto, serían ya unos 6.000 los ubicados en distintos dispositivos, por lo que quedarían aún pendientes entre 3.000 y 4.000 personas. El Ejecutivo ha subrayado que habrá más ubicaciones, aunque no ha desvelado dónde se instalarán.
Un puerto que nadie avisó
Entre las paradojas de la jornada, Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta, lamentó haberse enterado de la operación por los medios de comunicación, sin aviso previo. El campamento, habilitado en el Muelle de Poniente tras el visto bueno de la Audiencia Nacional —que levantó la suspensión cautelar que había paralizado el dispositivo el miércoles—, ocupa unos 16.000 metros cuadrados con 40 carpas, literas y baños compartidos.
Los migrantes que lograron acceder al recinto recibieron una pulsera azul que los identifica como beneficiarios de una plaza, agua y zumos, antes de ser cacheados e identificados. Para los más de 2.000 que se quedaron fuera, el camino de vuelta a las playas de Benítez y El Trampolín se convirtió en la única opción disponible.
Ceuta, la ciudad que lleva cincuenta días conteniendo una presión migratoria sin precedentes, afronta ahora una nueva realidad: un campamento saturado, miles de personas de vuelta en asentamientos improvisados y un operativo policial que los propios agentes califican de insuficiente. La crisis no ha terminado. Solo ha cambiado de escenario.
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