El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta rastrea los patrones de compra de ácido, aluminio y acetona en toda la ciudad y deja abierta la puerta a que la causa escale a la Audiencia Nacional si aparecen indicios de terrorismo
La crisis migratoria de Ceuta ha dejado de ser un asunto de gestión de flujos para convertirse en un problema de orden público con derivadas judiciales cada vez más graves. El Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad autónoma ha abierto diligencias previas para determinar si la compra coordinada de materiales aptos para fabricar explosivos caseros por parte de inmigrantes llegados en la avalancha del pasado 30 de julio responde a un plan organizado o a una sucesión de actos espontáneos. El auto, firmado el 9 de septiembre y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, no se limita a un incidente aislado: el magistrado ha solicitado a la Policía Nacional un rastreo completo de los patrones de compra de estos materiales en múltiples establecimientos de la ciudad y ha dejado abierta la posibilidad de que la causa acabe en la Audiencia Nacional si los indicios apuntan a una actividad de mayor gravedad.
El origen: una alerta comercial y una combinación química
Todo arrancó el pasado 28 de agosto, cuando un establecimiento comercial alertó a la Policía Nacional de compras que calificó de «notoriamente desproporcionadas» para el uso doméstico habitual. Se trataba de botellas de ácido clorhídrico diluido —conocido popularmente como aguafuerte—, rollos de papel de aluminio y acetona, adquiridos de forma coordinada por numerosas personas en distintos comercios de la ciudad.
La combinación no es inocua. El aguafuerte y el aluminio, introducidos en botellas de plástico, provocan una pequeña deflagración al ser arrojados, un mecanismo rudimentario pero peligroso cuyos efectos son comparables a los de un cóctel molotov. El informe policial subraya que la acetona, por su parte, sirve como precursor de explosivos de mayor potencia. El mismo día de la alerta comercial, varias de estas botellas fueron lanzadas contra vecinos que protestaban en la zona de la colonia Weil, con al menos cuatro personas implicadas directamente en los lanzamientos.
De una denuncia partidista a una causa con posible competencia nacional
La denuncia inicial partió del líder de Se Acabó La Fiesta, Luis Alvise Pérez, tras hacerse eco de las informaciones sobre el lanzamiento de botellas con aguarrás contra una manifestación de ceutíes contraria a la presencia de inmigrantes en la ciudad autónoma. Telemadrid había señalado poco antes que la Policía Nacional investigaba la adquisición «masiva e inusual» de estos productos, habitualmente empleados como precursores de artefactos explosivos caseros.
La investigación ha ido mucho más allá de la denuncia inicial. El Juzgado de Instrucción número 1 ha pedido a los agentes que determinen «la autoría de los hechos» y que, si fueran de relevancia penal, realicen una pericial de las sustancias compradas. El auto subraya que, a la espera del informe policial, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido», procede practicar «aquellas diligencias esenciales encaminadas a efectuar tal determinación». Y añade una coletilla que eleva la gravedad del asunto: deja la puerta abierta a que la causa pueda escalar a la Audiencia Nacional «si apareciesen indicios de actividad terrorista».
Una investigación paralela por agresiones a militares y vecinos
La causa por los explosivos caseros no es la única que avanza en los juzgados de Ceuta. El Tribunal de Instancia Plaza número 6 ha admitido a trámite una querella interpuesta por la asociación ultracatólica Hazte Oír para investigar las agresiones a militares y vecinos, así como «la posible adquisición, fabricación, depósito, transporte, suministro y reparto, entre los inmigrantes que permanecen en Ceuta, de artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases» contra las fuerzas de seguridad.
La magistrada estima que los hechos expuestos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de desórdenes públicos y otros», y ha requerido a la asociación una fianza de 7.000 euros para confirmar la admisión de la querella. Hazte Oír también ha sido admitida como acusación popular en las diligencias ya abiertas contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias sobre si el representante gubernamental supo por el CNI que podía producirse una avalancha y no actuó.
El rastro de la ONG y la sombra de los bulos
Las pesquisas policiales se han centrado también en el papel de la organización No Name Kitchen. Varios de sus miembros han sido identificados en el marco de la investigación por el reparto de estos artefactos entre los inmigrantes que permanecen en la ciudad. Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, estos dispositivos estaban siendo distribuidos entre los migrantes y el mismo 28 de agosto hubo lanzamientos contra manifestantes en Ceuta.
Sin embargo, la organización ha negado cualquier vinculación con los hechos. Su coordinador, Ric Fernández, ha asegurado que compran papel de aluminio para otros fines y que la ONG no ha participado en las compras masivas que se le atribuyen. La propia cadena Mercadona desmintió a VerificaRTVE haber denunciado «ninguna compra atípica» en sus supermercados de Ceuta, y el Ministerio del Interior negó que, a fecha de la publicación de esas informaciones, se estuviera investigando a ninguna ONG por facilitar elementos para explosivos a migrantes. La desinformación en torno a este episodio ha sido uno de los frentes de batalla paralelos al conflicto, con mensajes viralizados que atribuían a Mercadona y a No Name Kitchen una trama de suministro de precursores que ninguna de las partes ha confirmado.
El trasfondo de una crisis que no cesa
La investigación judicial se desarrolla en un contexto de tensión sostenida. El Gobierno calcula que alrededor de 10.000 inmigrantes permanecen de manera irregular en Ceuta, de los cuales entre 3.000 y 4.000 continúan en las calles, los montes y las playas de la ciudad autónoma. Las estimaciones oficiales duplican las que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había ofrecido semanas atrás, cuando cifró en torno a 5.000 las personas que quedaban en la ciudad tras la entrada masiva de unas 80.000 el 30 de julio.
A la presión migratoria se suman las cifras de criminalidad. La Fiscalía General del Estado ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas durante la crisis, nueve de ellas a menores de entre 14 y 17 años. Cinco de los casos fueron violaciones. Hasta el momento han sido identificados ocho presuntos autores: cuatro marroquíes, tres españoles y un belga. La fiscal general, Teresa Peramato, ha calificado la situación de «traumática» y ha subrayado la «especial vulnerabilidad» de las menores migrantes en este contexto.
Un frente judicial en expansión
La causa por los explosivos caseros añade una dimensión nueva a una crisis que hasta ahora se medía en términos de capacidad de acogida, presión sobre los servicios públicos y deterioro de la convivencia. La posibilidad de que los materiales detectados formen parte de un plan coordinado, y no de actos aislados, es precisamente lo que el Juzgado de Instrucción número 1 trata de esclarecer. El rastreo de las compras en múltiples establecimientos, la petición de un informe pericial y la puerta abierta a la Audiencia Nacional configuran una investigación que, si prospera, podría transformar radicalmente la lectura política y judicial de lo ocurrido en Ceuta desde finales de julio.
Mientras tanto, los juzgados de la ciudad autónoma acumulan diligencias: agresiones a militares, desórdenes públicos, la querella contra el delegado del Gobierno y ahora la trama de los precursores químicos. Ceuta, la ciudad que lleva cincuenta días conteniendo una presión migratoria sin precedentes, se enfrenta ahora a la batalla judicial derivada de aquella avalancha.
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