La oposición denuncia que las trabajadoras de cuatro centros municipales podrían cobrar hasta 4.000 euros menos al año que sus compañeras por el retraso en las licitaciones, una situación que el Gobierno de PP y Vox se niega a corregir
Mientras las educadoras infantiles de Alcalá de Henares cumplen más de cinco meses de huelga indefinida, el Pleno municipal ha rechazado la propuesta que buscaba garantizar que todas las profesionales del ciclo 0-3 de la red pública cobren lo mismo. La moción conjunta de PSOE y Más Madrid cayó tras un empate resuelto con el voto de calidad de la alcaldesa, Judith Piquet (PP).
La votación del pasado 15 de septiembre pone en evidencia una brecha salarial que afecta a las educadoras de las escuelas infantiles La Galatea y Los Molinos y de las casas de niños Tucán y Garabatos. Según Más Madrid, estas trabajadoras podrían quedar con salarios inferiores a los de otros centros de la red municipal porque los procedimientos para adjudicar la nueva gestión de estos cuatro centros aún no han concluido.
Una diferencia de hasta 4.000 euros al año
Los datos que maneja la oposición son contundentes. Las educadoras que prestan servicio bajo contratos formalizados con anterioridad a la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid percibirán este curso apenas 1.275 euros mensuales, frente a los 1.518,15 euros que cobrarán sus compañeras con contratos nuevos. La diferencia anual supera los 4.000 euros.
«Las educadoras no redactaron los pliegos pero injustamente pagan las consecuencias en su nómina», ha denunciado la portavoz de Más Madrid Alcalá, Rosa Romero. La formación sostiene que el origen del problema está en el retraso del Gobierno municipal a la hora de licitar la nueva gestión de los centros: un recurso presentado ante el Tribunal de Contratación paralizó el procedimiento de La Galatea y Los Molinos, obligando a mantener temporalmente los contratos anteriores.
La vía del convenio con la Comunidad
Más Madrid ha señalado una posible solución que, a su juicio, el Ejecutivo de Piquet ignora deliberadamente. Se trata del convenio entre el Ayuntamiento de Alcalá y la Comunidad de Madrid para financiar la red municipal de Educación Infantil. La adenda correspondiente al nuevo curso, firmada el pasado 14 de julio, incluye a los cuatro centros afectados y contempla financiación para su funcionamiento, aunque las nuevas adjudicaciones todavía no hayan entrado en vigor.
«El convenio prevé que se puede modificar por acuerdo de las partes. ¿Hay que hablar con la Comunidad de Madrid? Háganlo. ¿Hay que estudiar una nueva adenda? Estúdienla. Eso sería gobernar», ha insistido Romero dirigiéndose al equipo de Gobierno.
La concejala de Educación, Lola López, defendió durante el Pleno que los nuevos pliegos incorporan mejoras presupuestarias y organizativas, pero la oposición considera que la respuesta del Ejecutivo local ha sido «insensible» ante un problema que afecta directamente a las nóminas de trabajadoras que realizan las mismas funciones.
Cinco meses de ‘Marea Amarilla’
El rechazo en el Pleno municipal se produce en un contexto de conflicto prolongado. Las educadoras infantiles de Alcalá mantienen una huelga indefinida desde el pasado 7 de abril, una movilización que arrancó con piquetes y cacerolas en las puertas de los centros bajo el lema «No guardamos, educamos».
Desde entonces, la denominada ‘Marea Amarilla’ ha protagonizado concentraciones multitudinarias en la Plaza de los Cuatro Caños, donde educadoras, familias y vecinos han reclamado de forma conjunta una reducción de las ratios, la implantación de la pareja educativa, mejores condiciones laborales y un mayor reconocimiento educativo para el ciclo 0-3.
Las reivindicaciones del sector van más allá del ámbito estrictamente salarial. La portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, ha denunciado en varias ocasiones que las educadoras asumen «responsabilidad máxima» con salarios que apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional. «Después de cinco meses de huelga indefinida, no podemos volver a las aulas cobrando el salario mínimo», ha advertido.
La situación se ha agravado con el inicio del curso. Las educadoras sostienen que los servicios mínimos dificultan mantener durante el periodo de adaptación a las mismas profesionales de referencia para cada menor, una cuestión que consideran especialmente importante en la fase inicial de incorporación a la escuela infantil.
Un conflicto que trasciende Alcalá
El pulso por las condiciones laborales de las educadoras infantiles no es exclusivo de Alcalá de Henares. En toda la Comunidad de Madrid, las trabajadoras del ciclo 0-3 mantienen una huelga indefinida desde el pasado 7 de abril para exigir salarios dignos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa. La mayor parte de los centros de la región operan bajo un modelo de gestión indirecta en el que la administración cede el servicio a empresas privadas mediante concursos públicos que, según los sindicatos, permiten mantener salarios por debajo del nuevo convenio del sector.
En este contexto, el Gobierno regional ha anunciado una inversión de 104,3 millones de euros para el curso 2026-2027, un 9,1% más que el año anterior, destinada a más de 200 escuelas infantiles y casas de niños. Sin embargo, las trabajadoras consideran que este incremento presupuestario no se traduce en mejoras salariales efectivas para quienes están en la base de la estructura.
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, ha planteado la posibilidad de reforzar la presencia de educadoras por aula y ha aceptado la creación de la pareja educativa como modelo permanente, pero la plataforma laboral asegura que esos compromisos no se han incorporado a los contratos renovados para el nuevo curso.
El futuro de la red municipal
Con el conflicto enquistado y la brecha salarial sin corregir, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Alcalá. Más Madrid ha anunciado que seguirá insistiendo en la vía del convenio con la Comunidad de Madrid y en la búsqueda de una fórmula administrativa que evite diferencias retributivas entre profesionales que desempeñan las mismas funciones.
Mientras tanto, las educadoras de La Galatea, Los Molinos, Tucán y Garabatos continúan a la espera de una solución que, según la oposición, está en manos del equipo de Gobierno. «Dos educadoras, dos escuelas infantiles municipales, los mismos niños y niñas, la misma responsabilidad, el mismo trabajo. Pero una tiene un salario y su compañera otro por una situación ajena a ellas», resume Romero. Una desigualdad que, cinco meses después del inicio de la huelga, sigue sin respuesta institucional.
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