El Ministerio de Justicia eleva a 67 los encarcelados por los altercados del fin de semana, en los que se incendiaron ayuntamientos y se saquearon miles de comercios. El Ejecutivo de Macron admite un supuesto «pérdida de control» policial en varias ciudades y endurece la calificación penal de los hechos.
Francia afronta este lunes las consecuencias de uno de los fines de semana más violentos de los últimos años. Según la información confirmada por el Ministerio de Justicia galo, las fuerzas de seguridad han detenido ya a 2.513 personas en el marco de los disturbios que han sacudido el país desde el pasado sábado, y 67 de ellas han ingresado en prisión, según los datos facilitados por el titular de la cartera, Gérald Darmanin, en una entrevista en la cadena TF1. De los encarcelados, 34 se encuentran en el área metropolitana de Aix-Marsella, una de las zonas más castigadas por los incidentes, a donde se desplazó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, para seguir de cerca la situación.
El balance de una espiral de violencia
Las cifras oficiales han ido fluctuando a lo largo del fin de semana. De acuerdo con los balances del Ministerio del Interior, la jornada del sábado se saldó con 2.397 detenidos y 997 policías y gendarmes heridos, siete de ellos de gravedad, según los datos del Gobierno galo. Solo en París se contabilizaron 720 arrestos, de los cuales 517 derivaron en detenciones, correspondientes a 171 menores de edad y 346 mayores. En la noche del domingo al lunes se produjeron 350 detenciones más en la capital, según la información del ministro Nuñez. El Ministerio del Interior cifró en 550.000 personas la participación en las protestas del sábado.
De acuerdo con la información del Ministerio de Justicia, más del 80% de los detenidos serán procesados penalmente, y varios sospechosos ya se encuentran en prisión preventiva. Los disturbios han dejado escenas de violencia extrema: el histórico Ayuntamiento de Limoges fue incendiado, y se produjeron saqueos en más de 3.000 comercios en todo el país, con daños que según las estimaciones podrían ascender a cientos de millones de euros. La Policía francesa ya ha detenido al primer sospechoso por el incendio del Ayuntamiento de Limoges, un hombre de 40 años, según las fuentes policiales citadas por Le Figaro, supuestamente un activista de la ultraizquierda que ya figuraba en el fichero S de personas radicalizadas.
El Gobierno admite un supuesto «pérdida de control»
El Ejecutivo de Emmanuel Macron ha reconocido supuestamente fallos en la respuesta policial. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, llegó a ofrecer su dimisión, que el presidente Macron rechazó para mantener la cadena de mando, según la información publicada por la cadena pública alemana Tagesschau. Nuñez admitió que las autoridades «subestimaron» el número de participantes y que en algunas ciudades se produjo una «pérdida de control». El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, fue más allá y según la información difundida por el mismo medio, señaló que los servicios de seguridad «no actúan con eficacia contra la extrema izquierda», a diferencia de como lo hacen contra el terrorismo o el crimen organizado.
La autoría: una supuesta alianza entre ultraizquierda e islamismo
La principal hipótesis que maneja el Gobierno francés, según la información difundida por varios medios internacionales, es que los disturbios, que comenzaron como protestas por las condiciones de la educación pública y el coste de la vida, fueron supuestamente infiltrados y capitalizados por una red de organizaciones radicales. Una investigación periodística citada por The Times y otros medios describe una «alianza roji-verde» entre la extrema izquierda y grupos islamistas que supuestamente habría tomado el control de las movilizaciones. Según la información de C14 News, que cita una investigación de Fox News, se habrían identificado 54 organizaciones operando en las protestas, de las cuales solo 16 serían asociaciones estudiantiles genuinas; el resto incluiría sindicatos, partidos de ultraizquierda, movimientos comunistas y grupos pro-palestinos.
El presidente Macron se ha referido a los autores de la violencia como «grupúsculos de extrema izquierda» y «delincuentes», y ha prometido ser «implacable» con los responsables. El primer ministro, Sébastien Lecornu, según la información recogida por C14 News, culpó directamente a las facciones de extrema izquierda de «incitar y orquestar intencionadamente el caos callejero» para obtener rédito político antes de las elecciones presidenciales del próximo año.
Medidas judiciales excepcionales
Para hacer frente a la magnitud de los hechos, Darmanin ha ordenado a los fiscales que califiquen los disturbios como «delito de crimen organizado», una medida que según la información del Ministerio de Justicia permite ampliar la detención preventiva de 48 a 72 horas y autoriza herramientas de investigación como la geolocalización y las escuchas telefónicas. Asimismo, el Gobierno ha decretado toques de queda nocturnos en varias ciudades, incluidas París, Lille y Niza, según la información difundida por Infobae.
Un debate político envenenado
El origen de la violencia es objeto de un intenso debate. Mientras el Gobierno francés y buena parte de los analistas señalan a la ultraizquierda, líderes internacionales como Donald Trump o Santiago Abascal han atribuido supuestamente los disturbios a la inmigración. Expertos citados por La Nación advierten de que los disturbios reflejan una «sociedad hiperpolarizada», y algunos señalan que la protesta inicial, de carácter educativo, fue supuestamente instrumentalizada por grupos ajenos al movimiento estudiantil.
Este diario ha intentado contrastar de forma independiente la autoría intelectual de los disturbios y la cifra exacta de detenidos con fuentes del Ministerio del Interior francés, pero no ha obtenido respuesta más allá de los datos oficiales ya publicados. Las informaciones sobre la supuesta coordinación de grupos islamistas y de ultraizquierda proceden, en su mayoría, de investigaciones periodísticas y de declaraciones del propio Gobierno galo, por lo que deben ser tratadas con la cautela que exige un asunto aún bajo investigación judicial.
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