La Cámara Alta aprueba una moción que exige declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, otorgar a los militares el estatus de agentes de autoridad y activar los retornos, en una jornada en la que el Congreso tumbaba la ley de VOX para implicar al Ejército en la lucha contra la inmigración ilegal
La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a evidenciar la fractura política en torno a la seguridad fronteriza. Mientras el Congreso rechazaba este martes la proposición de ley de VOX para reformar la Ley de Defensa Nacional, el Senado aprobaba una moción del Partido Popular que reclama al Gobierno una respuesta integral a la crisis de la ciudad autónoma. La iniciativa salió adelante con 147 votos a favor, 104 en contra y ninguna abstención, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta y al respaldo de VOX y UPN, mientras que PSOE, PNV, ERC, BNG y EH Bildu votaron en contra.
Nueve bloques de medidas para Ceuta
La moción aprobada por el Senado recoge un paquete de nueve bloques de medidas que los populares consideran imprescindibles para recuperar la normalidad en la ciudad. Entre ellas, destaca la exigencia de declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar al Consejo de Seguridad Nacional y nombrar la autoridad funcional prevista en la Ley 36/2015 para dirigir y coordinar la respuesta a la crisis.
El texto también reclama activar «de manera inmediata» los procedimientos legalmente previstos para el retorno voluntario o la expulsión de quienes accedieron irregularmente a España, así como la aprobación de un calendario para resolver los expedientes con todas las garantías legales. En materia de seguridad, la moción pide reforzar la frontera con más fuerzas de seguridad y considera a los militares desplegados en Ceuta como agentes de la autoridad, un estatus que el PP reclama otorgar «con efectos inmediatos».
En el plano económico, los populares exigen un plan de reactivación para Ceuta y Melilla dotado con al menos 650 millones de euros durante el periodo 2027-2032, que incluya una ley de régimen especial, mejoras en la conectividad e incentivos al comercio.
VOX se queda «corta» y endurece su discurso
El apoyo de VOX a la moción del PP no estuvo exento de tensiones. Los de Santiago Abascal presentaron una enmienda para «endurecer» el plan de actuación original que fue rechazada por los populares. Entre las medidas que exigía VOX se encontraban la retirada del embajador de España en Rabat y la expulsión del embajador de Marruecos en Madrid si continuaba «la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional».
El senador de VOX Javier Alonso Coronel calificó la moción del PP como «corta» y defendió que la respuesta a Marruecos debe ser contundente. Esta postura se alinea con las declaraciones de la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, quien acusó al presidente Pedro Sánchez de querer «cronificar» la invasión en Ceuta y convertir la ciudad «en un gigantesco CETI». Según Millán, el decreto de ayudas aprobado por el Gobierno «no combate la invasión, sino que se limita a gestionarla» y servirá para «multiplicar las estructuras destinadas a atender a los invasores».
El PSOE acusa al PP de «tensionar» y «usar la crisis electoralmente»
La senadora del PSOE María Jesús Álvarez cargó contra el PP por pensar esta crisis «en términos electorales» y acusó al Gobierno de Ceuta de no haber estado a la altura en la gestión de la crisis respecto a los menores no acompañados, al tiempo que pidió «humanidad» a los populares. En la misma línea se pronunciaron los senadores del BNG y del PNV, quien acusó al PP de «estar más preocupado por tensionar que por buscar soluciones», aunque también criticó la gestión tardía del Gobierno central.
Desde ERC, Joan Josep Queralt acusó al PP de hipocresía y aseguró que los documentos publicados por el Gobierno sobre la entrada masiva demuestran el fracaso absoluto del servicio de información civil y militar.
Dos frentes abiertos: el Senado y el Congreso
La jornada del martes dejó una imagen de doble frente parlamentario. Mientras el Senado aprobaba la moción del PP, el Congreso debatía y votaba la proposición de ley de VOX para modificar el artículo 16 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional e incluir expresamente la lucha contra la inmigración ilegal entre las funciones de apoyo de las Fuerzas Armadas. La iniciativa, que contó con el respaldo del PP «con el fin de enmendarla», fue rechazada por el PSOE y sus aliados, que consideran que la normativa actual ya contempla la participación militar en la seguridad y defensa de España.
El diputado del PSOE José Antonio Rodríguez Salas defendió que «se puede defender el control de las fronteras sin militarizar la política migratoria» y rechazó que la inmigración irregular se convierta «por definición» en una categoría militar. Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Rafael Hernando, aprovechó su intervención para denunciar que en Ceuta «ha existido y existe una invasión consentida e instrumentalizada por Marruecos» y que ciudadanos marroquíes fueron utilizados como «carne de cañón» en una «operación de guerra híbrida» contra la soberanía española.
La votación en el Congreso, que se saldó con el rechazo de la iniciativa, evidencia la distancia insalvable entre los dos principales socios de la oposición en materia migratoria: mientras el PP apuesta por una respuesta institucional y europea que refuerce la seguridad fronteriza sin militarizar la política migratoria, VOX insiste en reformar la ley para que el Ejército pueda detener a inmigrantes irregulares y desplegarse de forma permanente en Ceuta y Melilla.
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