La jueza María Tardón amplía la investigación a la secretaria del cónsul y a dos administrativos del servicio de visados, que siguen trabajando en la legación; el Ministerio de Albares activa una comisión inspectora que aterrizará en la capital argelina el próximo 20 de septiembre mientras BLS International niega su implicación en la red
La trama de visados del consulado español en Argel sigue creciendo y ya son seis las personas formalmente investigadas por la Audiencia Nacional. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha comunicado a tres nuevos trabajadores de la legación diplomática su condición de investigados en la causa por presunto tráfico de visados, según han confirmado a THE OBJECTIVE fuentes judiciales. Se trata de Maua Belkacemi, actual secretaria del cónsul Gauden Villas, y de los administrativos Hocine Malek y Lylia Dricy, ambos adscritos al servicio de gestión de visados. Los tres son trabajadores locales de nacionalidad argelina, aunque la secretaria del cónsul obtuvo la nacionalidad española hace unos años.
La paradoja que define esta fase de la instrucción es que, pese a la gravedad de las acusaciones, los tres imputados continúan desempeñando sus funciones en el consulado y forman parte, según las mismas fuentes, “del círculo más cercano del cónsul”. Las nuevas imputaciones se suman a las del entonces canciller o número dos de la legación, Vicente Moreno, y la del empleado local Mohamed Boutouchent, detenidos en abril en la Comunitat Valenciana y puestos en libertad con medidas cautelares. También está investigada la esposa de Moreno, de nacionalidad argelina, lo que eleva a seis el número total de personas bajo sospecha judicial.
El rastro del dinero: hasta 25.000 euros por familia
La instrucción de la magistrada ha constatado que la red cobraba “en ocasiones 25.000 euros” a cada familia argelina que aspiraba a obtener un visado Schengen para entrar en España de forma fraudulenta. Según la documentación incorporada a la causa, ese dinero era recaudado por intermediarios y posteriormente blanqueado en territorio español mediante la compra de vehículos. Los delitos que se atribuyen a los investigados en esta fase inicial son organización criminal, cohecho, favorecimiento de la inmigración ilegal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La investigación también ha puesto el foco sobre la compañía india BLS International, contratada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2016 para gestionar las citas presenciales y la recepción de documentos en determinados consulados, un contrato valorado en 175 millones de euros. El auto de la jueza Tardón menciona expresamente a estas “plataformas de tramitación tipo BLS” y señala que su personal “habría facilitado la formación de solicitudes y lucrado con esta actividad, escogiendo solo a las familias que han efectuado los pagos requeridos a la trama”. BLS International ha rechazado categóricamente cualquier implicación en los hechos investigados y ha asegurado que “no hay ninguna prueba que establezca irregularidad alguna” por su parte.
Exteriores reacciona con una inspección y sin ceses
El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha optado por enviar una comisión de inspección diplomática al consulado de Argel, que está prevista que aterrice en la capital argelina el próximo 20 de septiembre. Fuentes ministeriales han indicado que existe una inspección en curso y que se está a la espera de la notificación judicial para adoptar “todas las medidas oportunas previstas en estos casos”. Sin embargo, la decisión de mantener en sus puestos a los tres nuevos imputados ha generado un creciente malestar en el seno del propio Ministerio, donde ya se acumulan las denuncias internas contra el canciller Vicente Moreno desde finales de 2025 por posibles denegaciones irregulares de visados.
La respuesta de Exteriores contrasta con la gravedad de los hechos que se investigan y con el historial de advertencias desatendidas. El departamento que dirige Albares había sido alertado en repetidas ocasiones sobre las irregularidades en el consulado de Argel, pero esas advertencias fueron archivadas durante los últimos dos años, según reveló THE OBJECTIVE. El propio Moreno, ya imputado, fue reubicado en la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales del Ministerio en Madrid pese a estar bajo investigación de la Audiencia Nacional, una decisión que ha sido criticada por la oposición en el Congreso.
Un patrón que se repite en el norte de África
La trama de Argel no es un caso aislado. El diario El Español ha documentado una secuencia de escándalos similares en los consulados españoles de Nador, Tánger y Orán desde que se impuso la exigencia de visado Schengen para los ciudadanos magrebíes en 1992. Fuentes policiales citadas por La Razón señalan que el caso de Argel “no es aislado” y que operativas de este tipo ocurren “en muchos otros países”. La misma fuente apunta a una ciudadana marroquí casada con un diplomático, ya investigada en una trama similar en Marruecos, como posible nexo entre las diferentes redes.
Mientras tanto, la tramitación de visados para ciudadanos argelinos continúa siendo un foco de tensión bilateral. Empresarios españoles han enviado cartas de protesta a Exteriores acusando al consulado de Argel de “sabotear” las relaciones bilaterales al negarse a expedir visados de trabajo de forma sistemática. La paradoja es notable: mientras el consulado denegaba visados legales a trabajadores argelinos que contaban con ofertas laborales en España, la red ahora desarticulada facilitaba visados a cambio de grandes sumas de dinero. La pregunta que sobrevuela la instrucción es cuántos casos como el de Argel quedan aún por descubrir en la red consular española.
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