Moncloa invoca la «seguridad jurídica» para mantener en secreto los documentos que sustentan la petición de extinción judicial de la entidad, según revela The Objective. La Fundación ya ha presentado alegaciones y recurre ante el TSJM.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha denegado el acceso a los informes jurídicos y técnicos en los que se basa para solicitar ante la justicia la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. Así lo ha revelado este domingo el digital The Objective, que ha tenido acceso a la respuesta del Ejecutivo a una solicitud presentada al amparo de la Ley de Transparencia.
La petición, que requería la copia íntegra del expediente y la documentación adicional que ha servido al Ministerio de Cultura para impulsar el procedimiento de ilegalización, ha sido inadmitida por el Gobierno. Fuentes consultadas por The Objective señalan que Moncloa ha esgrimido motivos de «seguridad jurídica» y «confidencialidad del procedimiento» para justificar el veto, al tratarse de un asunto que ya se encuentra en sede judicial.
Un procedimiento que se alarga casi dos años
El proceso para instar la extinción de la Fundación Francisco Franco arrancó en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura abrió un periodo de actuaciones previas al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022. En octubre de 2025, el entonces ministro Ernest Urtasun elaboró un informe de 37 páginas que, según el Gobierno, concluía que la entidad hacía apología del franquismo, humillaba la dignidad de las víctimas y no cumplía con los fines de interés general exigidos por la ley.
El pasado 14 de abril de 2026, el Ejecutivo dio el paso definitivo al firmar la resolución que traslada a la justicia la petición formal de extinción judicial de la fundación. El expediente, que acumula casi dos años de tramitación, quedó entonces en manos de un juez, que deberá determinar si la entidad debe ser disuelta.
La Fundación se defiende y recurre a los tribunales
La Fundación Nacional Francisco Franco no ha permanecido pasiva ante el envite del Gobierno. Tras ser notificada del inicio del procedimiento en octubre de 2025, la entidad dispuso de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones ante el Ministerio. Posteriormente, el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite el recurso presentado por la Fundación contra el proceso de ilegalización impulsado por el Gobierno.
En su defensa, la Fundación ha denunciado que la iniciativa del Ejecutivo responde a una «maniobra» para «tapar la corrupción» que, según su versión, acorrala al presidente Pedro Sánchez. Además, la entidad ha reivindicado en repetidas ocasiones su labor de preservación del archivo documental del dictador, un fondo que, según reconoció el propio Gobierno en 2017, contiene documentos calificados como secretos de Estado.
La opacidad del Gobierno, en el punto de mira
La decisión de blindar los informes que sustentan la ilegalización ha abierto un nuevo frente de crítica hacia el Ejecutivo. Organizaciones de defensa de la transparencia y asociaciones de memoria histórica han mostrado su preocupación por el veto al acceso a unos documentos que, al ser la base de una acción judicial, deberían ser de dominio público.
Fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por este periódico han defendido la postura del Gobierno alegando que «el procedimiento está en manos de la justicia y cualquier filtración podría perjudicar el curso del mismo». No obstante, el secretismo contrasta con la propia estrategia comunicativa del Ejecutivo, que en su día difundió públicamente las conclusiones generales del informe de Urtasun sin ofrecer acceso a su contenido íntegro.
Un pulso judicial con fecha incierta
El futuro de la Fundación Francisco Franco queda ahora en manos de los tribunales. El Gobierno confía en que el caso llegue «lo antes posible» a los juzgados, mientras que la Fundación agota todos los recursos a su alcance para evitar su disolución. Se espera que el proceso judicial se prolongue durante los próximos meses, con un desenlace que marcará un hito en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y en la estrategia del Gobierno para cerrar definitivamente las heridas del franquismo.
Mientras tanto, la negativa a hacer públicos los informes que motivan la petición de extinción añade un nuevo capítulo de controversia en un asunto que, lejos de resolverse, sigue generando tensión política, social y judicial.
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