La fiscal general del Estado pide en la apertura del Año Judicial que los fiscales dirijan las investigaciones y reclama más autonomía presupuestaria, mientras el PP y las asociaciones judiciales denuncian un intento de someter la justicia al Ejecutivo.
La Apertura del Año Judicial celebrada este jueves en el Tribunal Supremo ha dejado una imagen que resume el momento político que atraviesa España. Ante el Rey Felipe VI, el ministro de Justicia Félix Bolaños y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha respaldado sin matices la reforma que pretende trasladar la instrucción penal de los jueces a los fiscales. Lo ha hecho con un argumento central: «Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales».
Para Peramato, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que impulsa el Gobierno no es una medida partidista, sino una «reivindicación histórica» que sitúa a España en la línea de los sistemas jurídicos más avanzados de su entorno. «El fiscal tiene que investigar y el juez, juzgar», ha resumido, insistiendo en que «las costuras del sistema judicial actual ya no aguantan más».
Una reforma con nombre y apellidos
El proyecto que defiende Peramato no es una simple modificación procesal. La nueva LECrim, aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, suprime la figura del juez de instrucción y atribuye al Ministerio Fiscal la dirección de todas las investigaciones penales. Además, la reforma coloca a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional bajo el mando directo de los fiscales, lo que en la práctica les otorga el control de las pesquisas más sensibles.
El Ejecutivo defiende la medida como una modernización necesaria para agilizar unos procedimientos lastrados por la sobrecarga de los juzgados. Pero el diseño de la norma ha alimentado las sospechas del sector judicial. Un análisis del diario El Mundo revela que la reforma se aprobó con informes contrarios del Consejo General del Poder Judicial y de la propia Fiscalía, y que el texto fue modificado en el último momento para ampliar el mandato del fiscal general de cuatro a cinco años.
El fantasma de la politización
La clave de la controversia está en la arquitectura de la Fiscalía. A diferencia de los jueces, los fiscales dependen jerárquicamente del Gobierno a través del fiscal general, cuyo nombramiento corresponde al Ejecutivo. Para los críticos, entregar la instrucción penal al Ministerio Fiscal equivale a poner las investigaciones que afectan a cargos públicos o al propio Gobierno en manos de un organismo cuya cúpula es designada desde Moncloa.
La reforma incluye un intento de blindaje: prohíbe expresamente que el Ejecutivo dé instrucciones al Ministerio Fiscal sobre casos concretos, aunque permite «comunicaciones generales» que deberán ser públicas y registradas. Los detractores de la norma consideran que esa cautela es insuficiente. «La principal novedad es que el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de las investigaciones en sustitución de los jueces de instrucción», admiten desde el propio Ministerio de Justicia, un papel que hasta ahora garantizaba una investigación judicial independiente.
El magistrado Luis Sanz ha sido especialmente duro: la reforma «supondría la muerte de la investigación penal a la corrupción política». Y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha alertado del «riesgo» de politización si los fiscales asumen la investigación en un contexto de máxima polarización política.
El PP lleva el debate a Bruselas
La oposición no se ha limitado a criticar la reforma en el Congreso. La eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha pedido formalmente a la Comisión Europea que evalúe si la nueva LECrim vulnera el Estado de derecho. En una carta remitida a Bruselas, Montserrat sostiene que la reforma «acentúa la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y limita los mecanismos de control ciudadano sobre la acción penal».
El PP ha centrado su ofensiva en dos frentes: la sumisión de la Fiscalía al Gobierno y la restricción de la acusación popular. El texto de la reforma limita el ejercicio de la acusación popular, excluyendo de su ejercicio a partidos políticos, sindicatos y asociaciones vinculadas a ellos. Para los populares, esta medida cierra la puerta a que la sociedad civil pueda personarse en causas de corrupción cuando el Ministerio Fiscal decida no actuar.
Las grietas dentro de la propia Fiscalía
La defensa que Peramato hizo de la reforma no oculta las tensiones internas que atraviesa la institución. La fiscal general reconoció que la condena a su predecesor, Álvaro García Ortiz, ha generado una «profunda herida» en la Fiscalía, y ha pedido que se rebajen las «descalificaciones sistemáticas» contra la institución. En su discurso, lamentó que «se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros».
García Ortiz, presente en el acto, respaldó la reforma con una advertencia: no aprobarla sería «un error de Estado». Pero su sombra planea sobre un debate que, para muchos, no es solo jurídico. La condena del exfiscal general y la designación de Peramato como sucesora han convertido a la Fiscalía en un campo de batalla político donde las decisiones procesales se leen en clave de afinidad ideológica.
Un calendario que no espera
La reforma de la LECrim afronta ahora su tramitación parlamentaria sin apoyos garantizados. El PP ha anunciado que votará en contra y ha reclamado que la norma se someta a un dictamen del Consejo de Europa antes de su aprobación. El Gobierno, por su parte, mantiene que la entrada en vigor está prevista para enero de 2028, pero la coincidencia del debate con la apertura del curso judicial y con la crisis de Ceuta ha convertido una cuestión técnica en el eje de la confrontación política del otoño.
Peramato ha pedido que la reforma no se convierta en un «campo de batalla partidista», pero su propio discurso ante el Rey ha demostrado que ese campo ya está abierto. La fiscal general ha respaldado una reforma que, para sus defensores, moderniza una justicia anclada en el siglo XIX y, para sus críticos, entrega el control de las investigaciones al Gobierno. En medio de ese fuego cruzado, la única certeza es que la instrucción penal española, tal y como se ha conocido durante décadas, tiene los días contados.
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