El Ministerio de Defensa recoloca en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional a la trabajadora civil cesada por difundir el dato de la entrada masiva en Ceuta. Su regreso al ‘think tank’ castrense, del que ya formó parte entre 2009 y 2018, expone la fractura entre Moncloa y el departamento de Margarita Robles.
La funcionaria civil del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) cesada de forma fulminante por Moncloa tras publicar la cifra de 49.000 entradas irregulares en Ceuta durante la crisis del pasado 30 de julio ya tiene nuevo destino. Y no es un puesto cualquiera. Según han confirmado fuentes militares a THE OBJECTIVE, la trabajadora se ha incorporado a principios de septiembre al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), el principal órgano de pensamiento del Ministerio de Defensa. En la práctica, se trata de un reingreso: la funcionaria ya había prestado servicio en el Ceseden antes de desembarcar en Presidencia del Gobierno tras la moción de censura de 2018, donde colaboró junto al general Miguel Ángel Ballesteros como responsable de redes y de la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
El regreso a su «casa madre» —como describen fuentes militares el movimiento— se produce en un puesto administrativo ajeno al trabajo en redes sociales que desempeñaba en el DSN. Tanto el director del Ceseden, el general Miguel Ballenilla, como otros altos mandos del centro la han recibido «con los brazos abiertos», según las mismas fuentes. La funcionaria entró en el Ceseden a principios de septiembre, apenas un mes después de que el Gobierno la apartara de su puesto por «pérdida de confianza» tras publicar en la web del DSN un mensaje que cifraba en 49.000 las personas que habían accedido irregularmente a Ceuta a través del espigón y la playa del Tarajal.
Del cese fulminante al regreso silencioso
El cese se produjo el viernes 31 de julio, apenas 24 horas después de la entrada masiva. La funcionaria se encontraba de vacaciones en Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuando se produjo la avalancha migratoria, coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos. Al no tener sustituto directo en Moncloa, elaboró motu proprio la alerta con información gubernamental y la colgó en la web del DSN al mediodía del 31 de julio, como ya había hecho en otras ocasiones. El mensaje fue retirado poco después y, ya sobre las 14:00 horas de ese mismo día, el Gobierno hizo público su primer balance oficial, hablando de 50.000 personas, una cifra similar a la que la funcionaria había adelantado.
El cese se comunicó por teléfono a una trabajadora que se encontraba de vacaciones, sin que se abriera ningún tipo de proceso previo ni se le asignara un puesto alternativo en Presidencia. La decisión la tomó la general Loreto Gutiérrez Hurtado, jefa del DSN, y se hizo efectiva con carácter inmediato a partir del 1 de agosto, dejando a la funcionaria —perteneciente al Ministerio de Defensa— en situación de «disponible sin destino».
La sombra alargada de Robles
La recolocación en el Ceseden no es un episodio neutro. Se produce en un contexto de tensión creciente entre Moncloa y el Ministerio de Defensa por la gestión de la crisis de Ceuta. La ministra Margarita Robles fue la primera voz del Gobierno en cargar con dureza contra Rabat, exigiendo a Marruecos que investigara «hasta el final» la tragedia y subrayando que «Ceuta y Melilla no se tocan». Su postura contrastó abiertamente con la línea oficial de la Presidencia, que durante días evitó dar cifras y trató de minimizar la magnitud de la entrada masiva. La desclasificación posterior de informes del CNI y del Ejército de Tierra, que acreditaron que existieron alertas previas sobre la entrada masiva, situaron a Robles en el centro del tablero político y la convirtieron en la interlocutora de referencia para los militares, según fuentes castrenses.
La funcionaria cesada, que regresó a la que fue su casa entre 2009 y 2018, se convierte así en un símbolo incómodo: la única persona que ha pagado un precio laboral por la crisis de Ceuta dentro del Gobierno ha encontrado refugio precisamente en el departamento que más ha discrepado con la versión oficial de Moncloa. Su regreso al Ceseden, un órgano dependiente de Defensa, evidencia que la fractura interna del Ejecutivo no se ha cerrado con la desclasificación de documentos ni con los intentos de rebajar la tensión.
Un agradecimiento que no llegó
Mientras la funcionaria se reincorporaba discretamente a su nuevo puesto en el Ceseden, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, declinaba este agosto hacer cualquier comentario sobre su cese. «No tengo ningún comentario que hacer al respecto», se limitó a decir en el Congreso, alegando que en un departamento «tan grande como es Seguridad Nacional hay entradas y salidas de personas» y que son decisiones «que toman sus superiores jerárquicos». El PP, por su parte, ha reclamado la comparecencia del director de Gabinete de Presidencia, Diego Rubio, para que explique el cese, y sospecha que la funcionaria fue «destituida por hacer bien su trabajo».
La pregunta que queda sin respuesta oficial es por qué Moncloa consideró que publicar el dato de las 49.000 entradas era motivo de cese cuando, apenas unas horas después, el propio Gobierno hizo público un balance prácticamente idéntico. La diferencia, sostienen fuentes conocedoras del caso, no fue la cifra, sino el momento: la funcionaria puso por escrito, en un canal oficial, la magnitud de una crisis que Presidencia aún trataba de contener. Su regreso al Ceseden, con el visto bueno explícito de los mandos de Defensa, es la respuesta más elocuente que ha dado el Ministerio de Robles a esa pregunta.
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