Los detenidos, que negaron los hechos y no pudieron acogerse a conformidad, se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. Su ingreso en prisión contrasta con la expulsión a Marruecos de otros once implicados en una emboscada previa, evidenciando una escalada de violencia contra las Fuerzas Armadas que la asociación ATME denuncia como sistemáticamente silenciada
La tensión en las calles de Ceuta ha vuelto a traducirse en una respuesta contundente de la justicia. Dos ciudadanos marroquíes han ingresado en prisión preventiva en el centro penitenciario de la ciudad autónoma, acusados de agredir a militares de las unidades de Regulares y de la Legión en incidentes separados ocurridos a principios de septiembre. La decisión judicial llega después de que ambos negaran los hechos ante el juez, lo que imposibilitó cualquier acuerdo de conformidad que, como en casos anteriores, habría derivado en su expulsión del territorio nacional.
El primero de los encausados, identificado por las iniciales A.E.O., fue detenido tras un altercado ocurrido la noche del domingo 6 de septiembre en la Avenida Virgen de África. Según el relato de los hechos, el hombre se dio a la fuga al toparse con una patrulla militar que le dio el alto para identificarlo. En su huida, arremetió con violencia contra un militar de Regulares, causándole una luxación de hombro y excoriaciones en el codo. La Fiscalía solicita para él una pena de seis años de prisión —tres por cada uno de los delitos de atentado y lesiones— además del pago de una indemnización de 4.587 euros por las lesiones provocadas.
El segundo detenido, A.A.T., fue arrestado en el marco de la crisis migratoria desatada a finales de julio. Su agresión se produjo en las naves del Tarajal, el improvisado asentamiento donde pernoctan cientos de migrantes que entraron irregularmente en la ciudad. Al ser requerido por miembros del Tercio Duque de Alba II de la Legión, el hombre roció con spray de pimienta a dos de ellos, causándoles lesiones de carácter leve. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel por atentado, además de una multa de un mes con una cuota diaria de 15 euros por cada uno de los dos delitos de lesiones leves.
El contraste con la emboscada de Benzú: expulsiones en lugar de prisión
El ingreso en prisión de estos dos individuos contrasta radicalmente con la resolución de un episodio anterior de similar naturaleza. El pasado mes de agosto, once de los doce detenidos por una emboscada contra una patrulla militar en la zona de Benzú aceptaron una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Sin embargo, esa pena nunca se cumplió: fue sustituida por la expulsión de España durante los próximos cinco años. El duodécimo implicado, que no se acogió al acuerdo, permanece a la espera de juicio.
Esta diferencia de trato procesal —prisión efectiva frente a expulsión— expone una de las grietas más criticadas del sistema judicial en casos de delitos cometidos por extranjeros en situación irregular. La conformidad, que agiliza los procedimientos y alivia la carga de los juzgados, se ha convertido en la vía habitual para resolver estos casos, pero también en la puerta de salida del territorio nacional para los condenados. Cuando el acusado niega los hechos, como ha ocurrido ahora, la única alternativa es la prisión preventiva y la celebración de un juicio oral.
La advertencia de ATME: «Una ley del silencio no escrita»
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha sido la única voz que ha denunciado de forma sistemática estos ataques. La organización ha asegurado que los incidentes del 6 y 7 de septiembre no son hechos aislados, sino parte de una escalada de violencia que se ha intensificado desde la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. En un comunicado, la ATME denunció que estos episodios «han sido tapados» por el Gobierno y que se está promoviendo «una ley del silencio no escrita» para evitar que trasciendan.
La asociación ha ido más allá en sus últimas denuncias. Esta misma semana, ha trasladado al Congreso y al Senado su preocupación por la aparición de trampas colocadas presuntamente contra militares en distintos puntos de Ceuta, un hecho que califica de «muy grave» y que pone en peligro la integridad física de los efectivos desplegados. La ATME ha venido alertando también de emboscadas, apedreamientos masivos y lanzamiento de cócteles molotov contra las fuerzas armadas, situaciones que, según la organización, se han normalizado en el día a día de la ciudad.
Un trasfondo de crisis humanitaria y descontrol
Los ataques contra militares se producen en un contexto de profunda crisis humanitaria. Según las cifras que maneja el Gobierno de Ceuta, alrededor de 13.000 migrantes permanecen aún en la ciudad autónoma, distribuidos entre las naves del Tarajal, el barrio del Príncipe, la playa del Trampolín y otras ubicaciones improvisadas. La situación en estos asentamientos es precaria en extremo: este mismo jueves, un incendio de grandes proporciones calcinó más de 40 chabolas en el exterior de las naves del Tarajal, obligando a desalojar a cientos de personas y a movilizar a bomberos, policías y militares.
La presencia masiva de migrantes sin una estrategia clara de acogida o retorno ha generado un cóctel explosivo en las calles de Ceuta. Los militares, desplegados para tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad, se han convertido en objetivo de una violencia que, según la ATME, no recibe la respuesta institucional adecuada. La asociación exige medios suficientes de protección para los componentes de las unidades que trabajan en la calle desde la entrada masiva, así como un reconocimiento oficial de la situación de riesgo que afrontan.
La pregunta sin respuesta
El ingreso en prisión de A.E.O. y A.A.T. supone, por ahora, la única respuesta contundente a una serie de agresiones que han quedado en gran medida en la sombra. Su negativa a reconocer los hechos ha forzado la maquinaria judicial a operar sin los atajos de la conformidad, y eso ha llevado a los dos hombres ante el juez de guardia y, finalmente, a la prisión provisional.
Pero la pregunta que sobrevuela en Ceuta no es solo qué ocurrirá con estos dos individuos. La pregunta es cuántos casos similares no han llegado a los tribunales, cuántos ataques se han quedado en denuncias sin recorrido y cuánto tiempo puede sostenerse una situación en la que los militares españoles patrullan las calles de una ciudad asediada por la crisis migratoria sin que el Estado les garantice la protección que su misión exige. La ATME ha prometido no cejar en su empeño de visibilizar lo que denuncia como un silencio deliberado. El tiempo dirá si su advertencia encuentra eco en las instituciones o si, por el contrario, la ley del silencio que denuncian se consolida como una realidad tan incómoda como innegable.
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