La Comisión de Peticiones de la Eurocámara aprueba la delegación con el respaldo de populares, Vox y grupos soberanistas, mientras los socialistas votan en contra. La visita, prevista del 22 al 25 de febrero, se produce después de que la Comisión Europea haya concedido a España 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia para afrontar la crisis migratoria.
La crisis migratoria que sacudió Ceuta a finales de julio va a tener un escrutinio europeo formal. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó este jueves el envío de una misión de eurodiputados a la ciudad autónoma para los días 22 al 25 de febrero, una iniciativa que nació de las peticiones registradas por ciudadanos anónimos y organizaciones sociales y que fue impulsada políticamente por el Partido Popular y Vox.
La votación en la comisión de coordinadores no fue unánime. La propuesta sumó el respaldo de los grupos populares, Patriotas por Europa (donde se integra Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN). Los socialdemócratas, sin embargo, se opusieron sin éxito. La decisión deberá ser ratificada formalmente por la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, un trámite que, según fuentes parlamentarias, cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante.
Un mandato con destinatarios definidos
El texto aprobado establece que la delegación deberá «recabar información directa» de las autoridades españolas y ceutíes, de organizaciones de la sociedad civil y de las personas afectadas sobre el terreno. Vox, que se ha reivindicado como promotor de la iniciativa, ha adelantado que propondrá encuentros con el sindicato policial JUPOL, con asociaciones vecinales y con ciudadanos ceutíes. También ha pedido que la delegación escuche el testimonio de mujeres víctimas de violencia sexual que quieran prestarlo, respetando su intimidad.
El Partido Popular ha puesto el foco en lo que considera las preguntas clave: las alertas e informes que tenían las autoridades españolas antes y durante la entrada, la coordinación entre el Gobierno central, el Ejecutivo ceutí y Rabat, y en qué medida se han aplicado los mecanismos del Pacto Migratorio europeo, incluyendo los procedimientos de identificación y cribado. Vox, por su parte, ha sido explícito en su objetivo: «Exigirá que la investigación esclarezca qué ocurrió, cómo actuaron las autoridades y qué responsabilidades debe asumir el Gobierno de Sánchez por la desprotección de Ceuta».
El contexto financiero: 114,7 millones de Bruselas
La misión llega después de que la Comisión Europea haya concedido a España 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia para contribuir a gestionar la situación migratoria en Ceuta. Se trata de un movimiento que Bruselas ha defendido como muestra de solidaridad operativa, pero que no ha desactivado las críticas políticas. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado en Bruselas una «respuesta contundente» a Marruecos y ha denunciado que Rabat ha utilizado «dos veces» la presión migratoria «para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa».
Vox ha elevado aún más el tono. Su jefe de delegación en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha calificado la entrada masiva de migrantes como un «acto de guerra híbrida» promovido y «orquestado» por Rabat, y ha instado al PP a que se replantee su decisión de no apoyar la pretensión de elecciones anticipadas en España.
El debate paralelo en Estrasburgo
La misión no será el único frente europeo de la crisis ceutí. El pleno del Parlamento Europeo debate el próximo martes en Estrasburgo una resolución bajo el título «Los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE», que será votada el jueves. La coincidencia del debate con la aprobación de la misión dibuja una semana de alta densidad política para un asunto que, siete meses después de los hechos, sigue sin una explicación oficial cerrada.
Los socialistas europeos, por su parte, han cuestionado abiertamente el marco narrativo que PP y Vox han impuesto en Bruselas. La líder del grupo, Iratxe García, ha criticado que los populares hablen de «invasión», tal y como hace Vox, o que sostengan que los menores suponen un peligro. La división entre quienes quieren una investigación con foco en la responsabilidad del Gobierno español y quienes la ven como una operación de desgaste político anticipa la tensión que rodeará tanto el debate en Estrasburgo como la propia visita de febrero.
La delegación elaborará un informe tras su regreso que, según el acuerdo alcanzado, podrá incluir recomendaciones dirigidas tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea sobre la gestión de la crisis. Con el calendario político español ya en modo electoral y la campaña de las europeas de 2029 en el horizonte, el informe de la misión a Ceuta tiene todos los ingredientes para convertirse en un documento incómodo para más de un gobierno.
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