El presidente condiciona un pago directo a cada adulto estadounidense a que los republicanos conserven el Congreso en noviembre, una medida que costaría más de un billón de dólares y requeriría la aprobación del Capitolio.
Donald Trump cerró la primera jornada de la Convención Republicana en Dallas con un anuncio que ha dominado el debate público en Estados Unidos. El presidente prometió este miércoles que, si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones del 3 de noviembre, cada adulto estadounidense recibirá un pago directo de 5.000 dólares. Lo llamó el «dividendo Trump».
«Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares», dijo Trump ante el American Airlines Center, en un discurso que buscaba revertir la difícil situación electoral de su partido a menos de dos meses de los comicios. El presidente comparó la medida con los dividendos que una corporación reparte entre sus accionistas, citando «nuestra tremenda fortaleza y éxito económico».
Un coste que desborda cualquier cálculo
La letra pequeña del anuncio plantea problemas que ni la Casa Blanca ni la propia campaña republicana han sabido responder. Estados Unidos cuenta con aproximadamente 240 millones de ciudadanos adultos. Un pago de 5.000 dólares a cada uno de ellos supondría un desembolso superior a 1,2 billones de dólares en un solo año.
Marc Goldwein, del Committee for a Responsible Federal Budget, lo resumió en una publicación en redes sociales: «Esto costaría alrededor de 1,2 billones de dólares en un solo año. Es más que las tres rondas de cheques de ayuda por la covid, a pesar de que no hay recesión. El resultado sería un enorme aumento del déficit y, casi con certeza, de la tasa de inflación».
El dato adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la deuda nacional estadounidense superó los 40 billones de dólares por primera vez el pasado mes de agosto, y que el déficit presupuestario anual ronda los 1,8 billones. El propio representante republicano por Texas, Chip Roy, se mostró escéptico ante la propuesta: «Me gustaría saber cómo piensan pagarlo. A ojo de buen cubero, muy por encima de un billón de dólares».
El obstáculo constitucional: sin Congreso no hay cheque
Más allá del coste, existe un impedimento legal de fondo. La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad exclusiva sobre el gasto público. Eso significa que Trump no puede emitir los pagos por decreto. Necesitaría que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran una ley específica que autorizara el desembolso.
No es la primera vez que el presidente se enfrenta a este muro. El año pasado, el Congreso —incluso con mayoría republicana— resistió su petición de enviar cheques de 2.000 dólares a las familias financiados con los ingresos arancelarios. Trump intentó entonces sortear el obstáculo alegando que no necesitaba aprobación legislativa, pero la iniciativa nunca llegó a materializarse.
Tras el discurso, el vicepresidente JD Vance intentó matizar la propuesta. Sugirió que los pagos no irían a los estadounidenses más ricos y que podrían financiarse con los ingresos de los aranceles. Los números, sin embargo, no cuadran: hasta el 8 de septiembre, Estados Unidos había recaudado unos 210.000 millones de dólares en aranceles e impuestos especiales en 2026. A un ritmo de 21.000 millones mensuales, el gobierno federal necesitaría casi cinco años de recaudación arancelaria íntegra para cubrir un solo pago de 5.000 dólares por adulto.
La sombra del intento de compra de voto
La promesa ha desatado acusaciones de intento de compra de voto. Las leyes federales prohíben los gastos destinados a influir en las decisiones electorales, pero los expertos legales señalan que el caso es complejo. Trump ha presentado el pago como un beneficio para todos los adultos estadounidenses, independientemente de si le votan o no. «Una persona elegible podría votar demócrata, o no votar en absoluto, y aún así recibiría el mismo pago si el programa se aprobara», explicó John Day, exfiscal de Nuevo México, al New York Times.
El antecedente judicial más relevante es la sentencia del Tribunal Supremo de 1982 en el caso Brown v. Hartlage, que estableció que prometer beneficios a los votantes no constituye automáticamente un delito de soborno si el beneficio no está condicionado al sentido del voto. El propio Trump comparó el «dividendo» con una promesa de bajada de impuestos, una analogía que, según los juristas, dificultaría la impugnación legal.
La reacción demócrata: «Dinero ensangrentado»
La condena demócrata fue inmediata y contundente. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la propuesta como un intento de «comprar tu voto con 5.000 dólares de dinero ensangrentado pagado por los contribuyentes» y describió a Trump como «el hombre más corrupto que ha ocupado el Despacho Oval».
El Comité Nacional Demócrata (DNC) recordó que no es la primera promesa de pago directo que Trump hace y no cumple. «Donald Trump y los republicanos ofrecen una vez más promesas vacías a los estadounidenses», declaró Kendall Witmer, directora de respuesta rápida del DNC, señalando que las familias trabajadoras «no reciben nada excepto recibos por las nubes en el supermercado y la gasolina, primas de salud inasequibles y salarios que no siguen el ritmo de la inflación».
Un patrón de promesas incumplidas
El «dividendo Trump» no es un anuncio aislado. Es la cuarta vez que el presidente promete un pago directo a los estadounidenses desde su regreso a la Casa Blanca. Antes fueron los cheques de 5.000 dólares vinculados al Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), luego los de 2.000 dólares financiados con aranceles y, más recientemente, los 1.776 dólares para miembros del ejército, estos últimos extraídos de fondos que el Congreso ya había aprobado para mejoras de vivienda militar. Ninguno de los tres se ha materializado.
La economía política de la promesa es clara: Trump necesita movilizar a un electorado que, según las encuestas, muestra signos de fatiga y desafección. La Convención de Dallas fue, precisamente, un intento de reeditar el entusiasmo de las campañas presidenciales para unas elecciones de medio mandato que tradicionalmente castigan al partido en el poder. El problema es que, esta vez, la promesa estrella tiene un precio que ni el propio partido del presidente parece dispuesto a defender sin matices.
Cuando el propio Vance tuvo que salir a los medios menos de una hora después para modular el anuncio, quedó claro que el «dividendo Trump» nació más como un titular de campaña que como una política pública viable. Y en Washington, los titulares no pagan facturas.
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