La plataforma Sociedad Civil Española moviliza a más de cien entidades para exigir elecciones generales antes del 15 de noviembre y una respuesta firme del Estado ante la situación en las ciudades autónomas, en una convocatoria que busca escenificar un malestar ciudadano que trasciende lo partidista.
La plaza de Cibeles volverá a ser el epicentro de una movilización ciudadana el próximo sábado 26 de septiembre. Bajo el lema ‘II Marcha por la Dignidad’, la plataforma Sociedad Civil Española (SCE) ha convocado una manifestación que recorrerá el centro de Madrid hasta el Arco de la Victoria, en Moncloa, y que llega con un mensaje inequívoco: la exigencia de una convocatoria de elecciones generales antes del 15 de noviembre y una defensa explícita de la soberanía española en Ceuta y Melilla.
La convocatoria, que se extenderá entre las 10:00 y las 14:00 horas, no se presenta como un acto partidista. Desde la organización insisten en que se trata de una movilización de la sociedad civil, abierta a «asociaciones, agrupaciones, sectores profesionales, partidos políticos y ciudadanos de cualquier ideología». Los asistentes están llamados a llevar sus propias pancartas y símbolos, en un intento de escenificar un descontento transversal que trascienda las siglas y se centre en lo que SCE describe como «la defensa de España y la dignidad de todos los españoles».
Un ultimátum con fecha y hora
El eje central de la protesta es la reclamación de elecciones generales. La plataforma, que aglutina a más de cien asociaciones y entidades cívicas, plantea la convocatoria como «un ultimátum del pueblo soberano a la actual coalición de gobierno» y exige que se publique la convocatoria electoral antes del 15 de noviembre. La demanda se completa con la petición de un «censo electoral real», en referencia a las sospechas que ha generado la ley de nietos, actualmente paralizada a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo.
Junto a la exigencia electoral, el manifiesto de la convocatoria recoge un catálogo de reivindicaciones que abarcan la defensa de la unidad e integridad territorial de España, el respaldo a jueces, fiscales, Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, la neutralidad de las instituciones públicas, la lucha contra la corrupción y la defensa del campo, los autónomos, las empresas, la sanidad y la educación. El acto concluirá con la lectura de un manifiesto y la interpretación del Himno Nacional.
El telón de fondo: la crisis migratoria que sacude Ceuta
La marcha se celebra en un contexto de máxima tensión política e institucional provocado por la crisis migratoria en Ceuta. El pasado 30 de julio, la ciudad autónoma vivió una entrada masiva de migrantes desde Marruecos que el Gobierno cifra en más de 70.000 personas, de las cuales alrededor de 5.000 permanecen aún en la ciudad. Este episodio ha derivado en un intenso enfrentamiento entre el Ejecutivo, el Partido Popular y Vox, además de una investigación judicial y la desclasificación de documentación reservada sobre los avisos previos a lo ocurrido.
Los datos oficiales del Ministerio del Interior confirman un cambio de tendencia migratoria en lo que va de 2026. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto, Ceuta registró 5.013 entradas irregulares, un 191% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que Melilla experimentó un incremento del 230%, con 548 personas. En el conjunto del país, las entradas irregulares descendieron un 9,4%, hasta las 19.972 personas, pero el foco se ha desplazado claramente hacia las ciudades autónomas, que han superado a Canarias como principal puerta de entrada irregular.
La inteligencia militar, en un informe desclasificado fechado el 30 de julio, alertó de la «pasividad» de las fuerzas de seguridad marroquíes ante la avalancha migratoria en Ceuta, en contraste con una actitud «activa» en Melilla. El documento vinculaba el incremento de intentos de entrada con la celebración de la Fiesta del Trono de la Corona marroquí y con el efecto multiplicador de las redes sociales, que difundieron consejos para alcanzar la costa española. Días antes, la Guardia Civil ya había detectado un «incremento reseñable» en las llegadas a nado, con 279 entradas en la semana del 20 al 26 de julio, de las que 205 correspondieron a Ceuta.
Una marcha que busca la unidad, pero que evidencia la fractura
La convocatoria de SCE se produce después de que la primera ‘Marcha por la Dignidad’, celebrada el pasado mes de mayo, lograra reunir a alrededor de 40.000 personas en Madrid, según estimaciones policiales, y contara con la adhesión pública de Vox y dirigentes del PP. Para esta segunda edición, la organización ha mantenido el mismo esquema: un llamamiento a la sociedad civil que evite etiquetas partidistas, pero que se produce en un clima político donde la gestión de la crisis de Ceuta ha reavivado el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición.
El PP ha constatado una «fuerte reacción social» por la situación en las ciudades autónomas, pero algunos de sus barones han advertido internamente de que el beneficiado de ese malestar podría ser Vox, un aviso que revela la complejidad del tablero político en el que se inserta la marcha. La convocatoria de SCE, por tanto, no solo medirá la capacidad de movilización de la sociedad civil organizada, sino también hasta qué punto el descontento por la crisis de Ceuta y la exigencia de elecciones generales se articulan como un movimiento ciudadano autónomo o como un eco de las estrategias de los partidos de la oposición.
Madrid, un sábado más, será el escenario donde se mida la temperatura de un malestar que la plataforma convocante describe como «el pueblo español plantándose ante el poder que ha dejado de representarle». La cifra de asistentes, la composición de los participantes y el tono del manifiesto que se lea al pie del Arco de la Victoria marcarán el alcance real de una convocatoria que aspira a ser algo más que «un paseo simbólico más».
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