La instalación de una estación base móvil, cuyo alquiler ronda los 10.000 euros mensuales, ha reavivado el malestar en la plantilla del centro de acogida, que denuncia la falta de inversión en mejoras laborales mientras el Ejecutivo despliega una cobertura que alcanza hasta los campamentos improvisados de la ciudad.
La crisis migratoria que mantiene en vilo a Ceuta desde finales de julio ha encontrado un nuevo foco de controversia: una antena de telecomunicaciones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha instalado en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) una estación base móvil sobre remolque que proporciona cobertura wifi gratuita no solo a los cerca de 1.000 residentes del centro —más de la mitad de origen marroquí—, sino también a los asentamientos improvisados de la playa del Trampolín y sus alrededores.
La decisión, que ha sido confirmada a este periódico por fuentes del propio CETI, ha reabierto el debate sobre las prioridades del Gobierno en plena emergencia humanitaria. El equipo, similar al utilizado para reforzar la cobertura en fiestas patronales, el Orgullo de Madrid o el Gran Premio de MotoGP en Alcañiz, incorpora un mástil telescópico de hasta 20 metros, grupo electrógeno autónomo y climatización para la electrónica. Diseñado para quedar operativo en 24 horas, la unidad tiene un radio de cobertura de entre 1 y 3 kilómetros en zona urbana. Su ubicación elevada permite que la señal llegue hasta Benítez y la desaladora, donde también se concentran cientos de migrantes.
«Para mejorar el centro nunca hay dinero»
La instalación ha chocado de frente con las reiteradas quejas de los trabajadores del CETI, que desde hace semanas vienen denunciando carencias estructurales. Fuentes sindicales consultadas por este periódico aseguran que «para mejorar las condiciones de trabajo nunca hay dinero, pero sí existe presupuesto para una estación que se despliega en un día y da cobertura de internet a quienes ocupan la playa del Trampolín».
No es la primera vez que la dirección del CETI se ve envuelta en la polémica. El sindicato Solidaridad ya denunció el pasado 11 de agosto que los vigilantes del centro trabajan «sin luz, sin medios y bajo mínimos», con el torno de control de acceso fuera de servicio y más de una veintena de farolas fundidas. La instalación de la antena telefónica en las inmediaciones del centro fue entonces calificada como una contradicción más en la gestión del equipamiento.
Fuentes de la plantilla han ido más allá en las últimas horas y aseguran que comienzan a notar molestias —dolores de cabeza y mareos— que atribuyen a la radiación de la unidad, aunque los expertos consultados recuerdan que este tipo de estaciones operan dentro de los límites legales establecidos.
Orange y la cobertura extendida
La empresa encargada de aportar la conexión wifi es Orange, que ha confirmado a este periódico que ha «reforzado las capacidades de sus redes para contribuir a garantizar la continuidad, calidad y resiliencia de las comunicaciones». La compañía ha destacado su compromiso con «asegurar que ciudadanos, empresas, administraciones públicas y servicios de emergencia dispongan en todo momento de las mejores capacidades de conectividad».
Sin embargo, el alcance real de la cobertura ha generado inquietud entre los vecinos de las urbanizaciones cercanas al CETI, que ya llevan «años sufriendo una situación complicada» agravada por la entrada masiva de migrantes. La antena no solo ofrece conexión a los residentes del centro, sino que la clave de acceso al dispositivo ya circula «entre la práctica totalidad» de quienes están en un radio de 1 a 3 kilómetros. Quien duerme en una de las 1.250 tiendas del Trampolín puede conectarse igual que quien tiene plaza en el recinto.
Una crisis que se cronifica mientras Bruselas desembolsa 114 millones
La instalación de la antena coincide con la concesión por parte de la Comisión Europea de 114,7 millones de euros en ayuda de emergencia para España, destinada a habilitar espacios de acogida, mejorar la vigilancia fronteriza y agilizar el retorno de las personas que permanecen en Ceuta de forma irregular. El CETI, diseñado originalmente para 512 plazas, fue ampliado hasta las 1.105, aunque la saturación sigue siendo extrema.
Mientras el Gobierno central defiende la medida como parte de una estrategia de «seguridad y humanidad» —en palabras de la ministra Elma Saiz—, los trabajadores del centro y los vecinos de la ciudad se preguntan por qué las prioridades de inversión parecen alejadas de las necesidades más urgentes. La antena wifi, visible desde buena parte de la ciudad, se ha convertido en un símbolo de una gestión que, para muchos, sigue priorizando la imagen sobre la solución de los problemas de fondo.
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