El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA) y lo remite a la Asamblea con un doble objetivo: que los madrileños resuelvan sus gestiones en menos de cinco minutos y que ningún algoritmo tome decisiones sin supervisión humana.
La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la que será su primera norma con rango de ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA), un texto que inicia ahora su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. La norma nace con la vocación de convertirse en el paraguas jurídico que ordene la incorporación de tecnologías avanzadas a los servicios públicos, con garantías de transparencia, control y respeto a la normativa europea.
Un comité de ética para vigilar a las máquinas
Uno de los pilares de la LADIA es la creación del Comité de Ética de IA, un órgano que supervisará que los sistemas automatizados que utilice la administración autonómica se ajusten a principios de equidad, transparencia y no discriminación. Este comité se complementa con otras dos estructuras: la Oficina de Impulso a la IA, ya constituida, y un Consejo Asesor que coordinará y evaluará la implantación de esta tecnología en la administración regional. El modelo busca que la innovación no se desarrolle al margen del escrutinio público, especialmente en ámbitos sensibles como la sanidad, la educación o la concesión de ayudas.
La norma también refuerza los derechos de los madrileños ante la automatización de decisiones administrativas. Cuando un sistema de IA intervenga en la resolución de un trámite o en la concesión de una subvención, el interesado podrá conocer cómo se han utilizado sus datos y exigir la supervisión humana correspondiente. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que el objetivo es una administración «más ágil, accesible y orientada a los ciudadanos», que simplifique los trámites y reduzca las cargas burocráticas.
Trámites en cinco minutos y un asistente virtual
El texto normativo se apoya en herramientas concretas que ya están en marcha. La aplicación Cuenta Digital, que da acceso a más de 170 servicios desde cualquier dispositivo, incorporará un agente virtual que, a través de un chat, guiará al ciudadano en sus gestiones y le recordará plazos de ayudas o becas en función de su perfil. El objetivo declarado es que la mayoría de los trámites puedan resolverse en menos de cinco minutos, gracias a la automatización de tareas como el pre-rellenado de formularios, la detección de errores o la generación automática de borradores.
La futura ley también contempla la modernización de la identificación ciudadana mediante sistemas de biometría y el futuro DNI digital europeo, y establece un modelo común para la gestión del dato público que garantice su calidad, trazabilidad e interoperabilidad. En materia de ciberseguridad, la Comunidad de Madrid reforzará la protección de sus sistemas a través de la iniciativa Escudo Digital, con políticas específicas de prevención y respuesta ante incidentes.
Del papel a la pantalla: el ciudadano en el centro
La tramitación parlamentaria de la LADIA se produce en un contexto de despliegue acelerado de la estrategia de IA del Gobierno regional. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció este mismo jueves, durante el Debate del Estado de la Región, la puesta en marcha de asistentes de IA para simplificar los trámites de las familias —solicitud de becas, carnés, autorizaciones y licencias— dentro del proyecto EficiencIA, que ya ahorra 200.000 horas anuales a los ciudadanos. Asimismo, ha avanzado la creación de la Factoría de IA, un centro de innovación dotado con 50 millones de euros, y un Plan Estratégico Regional de Inteligencia Artificial que definirá la hoja de ruta para los próximos años.
La norma también pone el foco en la capacitación. La ley apostará por la formación digital gratuita de empleados públicos, ciudadanos y empresas en el uso seguro y responsable de tecnologías emergentes. Y aunque la administración digital avanza, desde la Consejería de Digitalización se insiste en que la atención presencial se mantendrá, especialmente para las personas mayores y en los entornos rurales, para no dejar a nadie atrás en la transición tecnológica.
La LADIA llega a la Asamblea con el respaldo de una estrategia que ya ha creado la Oficina de Impulso a la IA y que prevé movilizar 23 millones de euros para proyectos de inteligencia artificial en la administración. El reto que ahora afronta el Parlamento regional es convertir ese impulso en una ley que, además de agilizar trámites, genere confianza. Porque la verdadera prueba de fuego de la norma no será cuántos trámites se resuelvan en cinco minutos, sino si el ciudadano entiende, controla y confía en las máquinas que los resuelven.
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