UMT, ATME y AUME denuncian la «indefensión operativa y jurídica» de los efectivos desplegados en Ceuta y reclaman una revisión urgente de los protocolos de seguridad
La madrugada de este jueves ha dejado una imagen que ha conmocionado al colectivo militar y que ha puesto sobre la mesa un debate largamente aplazado: ¿pueden los soldados españoles defenderse cuando son agredidos en misión de apoyo a la seguridad ciudadana? Cuatro militares del Grupo de Regulares número 54 resultaron heridos en la zona de Benzú (Ceuta) después de que un grupo de entre 30 y 40 personas rodeara su vehículo, detenido en un semáforo, y comenzara a lanzar piedras de grandes dimensiones contra ellos. Los efectivos tuvieron que huir a pie para salvar su vida.
El suceso, calificado por las asociaciones como una «emboscada violenta», ha desencadenado una reacción inmediata y sin precedentes de los principales colectivos que representan a los miembros de las Fuerzas Armadas. La Unión de Militares de Tropa (UMT), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) han alzado la voz al unísono para denunciar lo que consideran una «situación de desprotección» insostenible.
Cuatro exigencias para salir de la «ambigüedad»
La AUME ha sido especialmente clara en su pronunciamiento. La asociación ha instado al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Defensa, a adoptar «de forma inmediata» cuatro medidas concretas:
- Garantizar el uso proporcional de la fuerza: que los militares puedan hacer uso de la fuerza «de manera proporcionada y racionalmente necesaria» en situaciones de legítima defensa, conforme al artículo 20.4 del Código Penal y a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
- Dotar de equipamiento de protección: que las unidades dispongan del equipamiento de protección individual y de los medios adecuados para su propia seguridad, así como del adiestramiento específico para este tipo de escenarios.
- Clarificar el marco jurídico: que se aclare el marco jurídico y operativo de actuación de las Fuerzas Armadas cuando prestan apoyo a las fuerzas de seguridad, evitando «la actual ambigüedad que genera inseguridad jurídica y pone en riesgo a los efectivos».
- Asegurar el derecho a la legítima defensa: que ninguna orden o instrucción impida el ejercicio legítimo del derecho a la defensa propia o de terceros cuando exista una agresión ilegítima actual o inminente.
«La inacción del Ministerio ha sido determinante»
La UMT ha sido especialmente dura con el departamento que dirige Margarita Robles. En un comunicado, la asociación ha recordado que «desde hace más de diez días advirtieron formalmente sobre el riesgo real al que se exponía a las dotaciones destacadas en la zona». «Lamentablemente, la inacción del Ministerio de Defensa y la falta de previsión han desembocado en un suceso que pudo y debió evitarse», ha enfatizado la organización.
Para la UMT resulta «inadmisible la situación de indefensión operativa y jurídica a la que se somete a los miembros de las Fuerzas Armadas», denunciando la carencia de «un marco normativo claro y de reglas de enfrentamiento que garanticen su seguridad física y les otorguen capacidad de respuesta proporcional ante agresiones de esta gravedad». La asociación también considera inadmisible exigir a los militares desplegados la custodia de la seguridad nacional «mientras se les niegan los medios de autoprotección y la cobertura jurídica necesaria para actuar».
ATME pide revisión de protocolos y más medios
Por su parte, ATME ha expresado su «máxima preocupación» por la «gravedad» de los hechos y la situación de «riesgo extremo» que vivieron los cuatro militares. La asociación considera «imprescindible que el Ministerio de Defensa revise de manera urgente los protocolos de despliegue, los medios asignados y la coordinación con el Ministerio del Interior».
ATME ha preguntado directamente a Defensa si considera que los protocolos actuales garantizan la seguridad mínima del personal militar desplegado en Ceuta y si se prevé reforzar los medios de protección personal y material para evitar que estos hechos se repitan. La asociación ha recordado que el personal de tropa y marinería desempeña funciones «esenciales» para la seguridad del territorio nacional y ha reclamado «garantías suficientes» para ejercer su labor «con seguridad, claridad jurídica y medios adecuados».
Un mensaje común: «No pueden ser un factor de vulnerabilidad»
El mensaje de fondo que atraviesa todos los comunicados es idéntico. AUME lo ha resumido con contundencia: «La experiencia de las últimas semanas demuestra que los militares no pueden ser enviados a cumplir misiones de esta naturaleza sin los medios, la formación y la cobertura legal suficientes. La profesionalidad y el espíritu de servicio de nuestros compañeros no pueden convertirse en un factor de vulnerabilidad».
La UMT ha zanjado su pronunciamiento con una frase que retumba en el colectivo militar: «Quienes tienen encomendada la protección del Estado no pueden permanecer desamparados por su propia administración».
El contexto: una noche de tensión y un verano de crisis
El ataque a los militares se produjo tras una noche especialmente tensa en Ceuta, después de que agentes de la Policía Nacional tuvieran que intervenir para evitar enfrentamientos entre migrantes y un grupo de personas que trataba de destruir sus asentamientos en las playas. La ciudad autónoma lleva semanas viviendo una situación límite desde la entrada masiva de miles de personas a finales de julio, y los más de 3.000 militares desplegados en apoyo a las fuerzas de seguridad se han convertido en un objetivo visible de la creciente conflictividad.
Las asociaciones militares han dejado claro que no piensan quedarse de brazos cruzados. UMT y ATME han anunciado que presentarán una denuncia formal por los hechos. La pregunta que ahora se formula en los cuarteles es si el Ministerio de Defensa dará una respuesta a la altura de la gravedad de lo ocurrido o si, por el contrario, la «indefensión» denunciada se prolongará en el tiempo, dejando a los soldados españoles en una posición de vulnerabilidad que ninguna administración debería tolerar.
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