22 de noviembre de 2026

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Un ataque con drones alcanza instalaciones de Naciones Unidas en un barrio residencial de Jartum y aumenta la alarma por la seguridad de los civiles

La ONU ha denunciado que uno de sus edificios sufrió daños durante un ataque registrado de madrugada en la capital de Sudán, cuando había trabajadores humanitarios en su interior. La organización no ha identificado a los responsables del bombardeo. El episodio se produce en medio de una escalada de ataques con drones que, según Naciones Unidas, ha causado más de 1.600 víctimas civiles mortales en el país durante los diez primeros meses de 2026.

Jartum (Sudán). La guerra que enfrenta al Ejército sudanés con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) vuelve a poner en peligro a la población civil y al personal humanitario que permanece en el país. Durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, varios drones atacaron diferentes puntos de Jartum, en una operación que terminó afectando a un edificio utilizado por Naciones Unidas en una zona residencial de la capital.

La coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Sudán, Denise Brown, confirmó que las instalaciones sufrieron daños mientras había trabajadores de la organización en su interior. La responsable denunció que el ataque se produjo en un barrio civil y recordó que la población no puede ser considerada un objetivo legítimo en un conflicto armado.

En su declaración, Brown calificó de inaceptable que los trabajadores humanitarios estén expuestos a este tipo de situaciones mientras desarrollan labores de asistencia a la población. También insistió en que el Derecho Internacional Humanitario protege tanto al personal humanitario como a los bienes e instalaciones utilizados para prestar ayuda.

La ONU no ha señalado oficialmente quién estaría detrás del ataque contra su edificio ni ha publicado una evaluación detallada de los desperfectos. Por tanto, aunque los enfrentamientos entre el Ejército y las RSF continúan siendo el contexto de estos acontecimientos, no sería correcto atribuir directamente este episodio a una de las partes sin pruebas verificadas.

La denuncia vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las instalaciones civiles en una guerra que, desde abril de 2023, ha provocado desplazamientos masivos, destrucción de infraestructuras y una grave emergencia humanitaria. <Cite refs={[«turn859695search1″,»turn859695search0″,»turn859695news4»]}/>

Explosiones y actividad de las defensas antiaéreas durante la madrugada

El ataque contra las instalaciones de Naciones Unidas se produjo durante una madrugada marcada por explosiones y movimientos de drones en distintos sectores de la capital sudanesa.

Testigos citados por la agencia Anadolu informaron de que las defensas antiaéreas del Ejército sudanés intentaron interceptar aeronaves no tripuladas que sobrevolaban el este de Jartum. También se escucharon explosiones y disparos en zonas como Burri, Al Riyadh y Arkweit.

En este último barrio, algunos testigos aseguraron que un dron terminó estrellándose en una calle sin llegar a explotar. Posteriormente, una unidad militar habría acordonado el lugar.

Las informaciones recogidas por diferentes medios apuntan a que los ataques afectaron a instalaciones gubernamentales, zonas residenciales y otros puntos estratégicos de la capital, incluido el entorno del aeropuerto internacional.

Sin embargo, no todos los detalles han podido ser verificados de manera independiente. Las autoridades militares y las Fuerzas de Apoyo Rápido no ofrecieron inmediatamente una explicación completa sobre el desarrollo de la operación, mientras que los testimonios sobre los objetivos y el origen de los aparatos deben tratarse con cautela.

La agencia AFP y Al Jazeera informaron también de víctimas mortales en distintos puntos de la región de Jartum. Según las informaciones recogidas por estos medios, al menos cuatro personas habrían fallecido durante los ataques, entre ellas un menor. Algunos de los fallecimientos se relacionaron con impactos en zonas residenciales de Omdurmán y otras localidades próximas a la capital.

Es importante precisar que estas víctimas no deben atribuirse automáticamente al impacto contra el edificio de Naciones Unidas. Se trata de incidentes comunicados en diferentes lugares durante la misma oleada de ataques. <Cite refs={[«turn859695news5″,»turn859695news4″,»turn859695search23»]}/>

La ONU alerta de más de 1.600 civiles muertos por ataques con drones

La preocupación de Naciones Unidas no se limita al incidente registrado en Jartum. La organización lleva meses advirtiendo del incremento de los ataques con aeronaves no tripuladas en diferentes regiones de Sudán.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos comunicó que 2.230 civiles habían muerto entre enero y octubre de 2026, de los cuales aproximadamente 1.630 habrían fallecido como consecuencia de ataques con drones.

La cifra refleja la dimensión que ha adquirido el uso de estas aeronaves en el conflicto. Los ataques ya no se limitan a las zonas de enfrentamiento directo entre las fuerzas militares, sino que también afectan a infraestructuras esenciales y áreas donde vive población civil.

Naciones Unidas ha advertido de la existencia de un patrón de ataques que incluye objetivos civiles y operaciones indiscriminadas. La preocupación se centra especialmente en las consecuencias que pueden tener estos bombardeos cuando alcanzan viviendas, instalaciones sanitarias, redes eléctricas o lugares utilizados por organizaciones humanitarias.

El uso de drones permite realizar ataques a distancia y alcanzar objetivos situados a cientos de kilómetros de las posiciones desde las que se lanzan. Esta capacidad ha transformado la dinámica militar de la guerra sudanesa y ha aumentado los riesgos para las comunidades que viven cerca de infraestructuras estratégicas.

No obstante, el número de víctimas comunicado por la ONU corresponde al conjunto del país y a un periodo de diez meses. No representa el balance de los ataques del domingo 22 de noviembre ni exclusivamente el de la capital. <Cite refs={[«turn859695search0″,»turn859695search23″,»turn859695news18»]}/>

Un conflicto que también golpea hospitales y redes eléctricas

La escalada de ataques con drones está teniendo consecuencias que van más allá de las víctimas directas. Una parte importante de las denuncias internacionales se refiere a los daños provocados en instalaciones que resultan esenciales para la supervivencia de la población.

El llamado Quinteto internacional, integrado por la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Liga de Estados Árabes, la Unión Europea y Naciones Unidas, ha expresado su preocupación por los ataques registrados en diferentes regiones sudanesas.

En una declaración conjunta, estas organizaciones condenaron los bombardeos que han afectado a instalaciones eléctricas y centros sanitarios en estados como Jartum, Darfur, Kordofán, Nilo Azul, Gezira y Sennar, entre otros.

El documento advierte de que los daños en las centrales y estaciones eléctricas han provocado interrupciones del suministro y dificultades para mantener servicios básicos. Cuando una instalación de este tipo queda fuera de funcionamiento, las consecuencias pueden extenderse a hospitales, sistemas de abastecimiento de agua, comunicaciones y otros servicios esenciales.

La situación resulta especialmente preocupante en un país donde millones de personas necesitan asistencia humanitaria y donde la capacidad de respuesta de las instituciones está muy limitada por la guerra.

Las organizaciones internacionales han insistido en que las infraestructuras civiles deben quedar protegidas frente a los ataques y que las partes enfrentadas tienen la obligación de respetar las normas internacionales que regulan los conflictos armados. <Cite refs={[«turn859695search3″,»turn859695news18″,»turn859695news21»]}/>

Ejército y Fuerzas de Apoyo Rápido, enfrentados desde abril de 2023

La guerra de Sudán comenzó el 15 de abril de 2023, después de que aumentaran las tensiones entre el Ejército regular, dirigido por Abdel Fattah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.

Ambos sectores habían compartido inicialmente el poder tras la caída del régimen de Omar al Bashir, pero las diferencias sobre la integración de las fuerzas paramilitares en el Ejército y el futuro político del país terminaron desembocando en un enfrentamiento armado.

Desde entonces, los combates se han extendido por diferentes regiones y han provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

La capital, Jartum, fue durante meses uno de los principales escenarios de los enfrentamientos. El Ejército sudanés recuperó el control de la ciudad en mayo de 2025, pero la situación de seguridad continúa siendo inestable y los ataques a distancia siguen representando una amenaza.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido mantienen presencia e influencia en diferentes territorios del país, mientras que el Ejército intenta consolidar el control de las zonas recuperadas. El uso de drones por ambos bandos ha adquirido una importancia creciente en las operaciones militares.

En este contexto, diferentes gobiernos y organizaciones de derechos humanos han acusado a las partes de atacar infraestructuras civiles. Sin embargo, las responsabilidades concretas deben establecerse a partir de investigaciones y pruebas, y no únicamente mediante declaraciones de los contendientes.

La protección del personal humanitario, una obligación internacional

El ataque contra las instalaciones de Naciones Unidas vuelve a poner el foco en la protección de quienes trabajan para prestar asistencia en zonas de guerra.

El Derecho Internacional Humanitario establece que los civiles no pueden ser objeto de ataques y reconoce una protección específica al personal y los bienes utilizados en operaciones humanitarias.

Esta protección no desaparece porque una instalación se encuentre en una ciudad controlada por una de las partes ni porque el territorio sea escenario de enfrentamientos. Los combatientes deben distinguir entre objetivos militares y bienes civiles, adoptar precauciones para evitar daños a la población y respetar las normas que limitan los métodos y medios de guerra.

La denuncia de Denise Brown responde precisamente a esa preocupación. La coordinadora humanitaria recordó que los trabajadores de Naciones Unidas permanecen en Sudán para ayudar a las personas afectadas por el conflicto, independientemente de la región en la que se encuentren.

La organización no ha comunicado que el ataque haya provocado víctimas entre sus trabajadores en el edificio afectado, pero el hecho de que hubiera personal dentro cuando se produjo el impacto incrementa la gravedad del incidente desde el punto de vista de la seguridad humanitaria.

Tampoco se ha publicado una evaluación completa de los daños materiales ni una identificación oficial del arma o de la unidad responsable.

La comunidad internacional reclama el fin de los ataques

La respuesta internacional al nuevo episodio se suma a las reiteradas peticiones de alto el fuego y de apertura de corredores humanitarios.

El Quinteto internacional ha defendido que no existe una solución militar duradera para la guerra y ha pedido detener los ataques contra civiles y las infraestructuras esenciales. También ha reclamado que los actores regionales e internacionales utilicen su influencia para facilitar una tregua humanitaria que pueda servir como primer paso hacia un alto el fuego más amplio.

La ONU, por su parte, insiste en que el acceso de la ayuda humanitaria debe mantenerse sin obstáculos y que las organizaciones que trabajan sobre el terreno necesitan garantías de seguridad.

El problema es que, hasta ahora, los esfuerzos diplomáticos no han conseguido detener de forma estable los enfrentamientos. Las sucesivas escaladas militares y las dificultades para alcanzar acuerdos entre los mandos enfrentados continúan impidiendo una solución política.

El ataque contra el edificio de Naciones Unidas en Jartum representa un nuevo aviso sobre las consecuencias de una guerra que sigue afectando a la población mucho después de que se produzcan los enfrentamientos directos.

La investigación de lo ocurrido y la identificación de los responsables serán fundamentales para determinar las circunstancias exactas del bombardeo. Mientras tanto, Naciones Unidas mantiene su llamamiento a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a los civiles y al personal que trabaja para asistirlos.

La población sudanesa continúa soportando las consecuencias de un conflicto que no muestra una salida inmediata y en el que los ataques con drones se han convertido en una amenaza cada vez más extendida.

Fuentes consultadas y contraste

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