La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la pieza separada del ‘caso Koldo’ relativa a la adjudicación de obra pública, un informe en el que presuntamente vincula al exministro de Transportes José Luis Ábalos con el que fuera chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, el empresario cordobés Cristian Corvillo, en la financiación de la compra de una vivienda para su pareja, Andrea de la Torre, en el distrito madrileño de Vallecas. El documento, al que han tenido acceso Europa Press, Infobae, El Correo Web y Confilegal, está redactado en condicional y recoge hipótesis de los investigadores, no hechos acreditados judicialmente.
La investigación se enmarca en una causa declarada secreta hasta este jueves, 13 de noviembre, cuando el juez Moreno ha levantado parcialmente el secreto, según ha confirmado EFE. En el marco de esta pieza, el pasado 5 de noviembre la UCO practicó seis detenciones, entre ellas la de la propia Andrea de la Torre —que se encontraba en el domicilio de Ábalos en Valencia en el momento del registro— y la de Cristian Corvillo, además de la de su hermano Rubén y otros tres empresarios. Todos ellos quedaron en libertad horas después, según han confirmado fuentes jurídicas a RTVE, Confilegal y La Vanguardia.
El relato de la UCO: de la hipoteca fallida al pago con cheques
Según el informe policial, el origen de la operación se sitúa a finales de 2023. El análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos a Ábalos habría permitido observar que el exministro, cesado en julio de 2021 y que por entonces solo mantenía su escaño de diputado, «había manifestado tener falta de liquidez» y realizó gestiones para obtener financiación destinada a la compra de un inmueble para Andrea de la Torre. En concreto, contactó con una entidad financiera para tramitar una hipoteca de 130.000 euros a nombre de su pareja, una operación que, según la UCO, no llegó a firmarse.
La hipótesis de los agentes es que, ante la negativa o las dificultades para obtener el préstamo bancario, Ábalos habría recurrido a Corvillo para que intermediara en la consecución del dinero. El informe subraya la «proximidad temporal» entre la necesidad económica manifestada por el exministro, la búsqueda de financiación y un encuentro posterior entre ambos, que la UCO sitúa el 30 de noviembre de 2023 en Córdoba, ciudad natal de Corvillo.
El dinero llegó finalmente el 12 de febrero de 2024. Ese día, Andrea de la Torre recibió 65.000 euros en una cuenta del Banco Santander en concepto de «préstamo». Según la información de inteligencia financiera recogida en el informe, la transferencia tuvo su origen en una cuenta ubicada en Portugal, titularidad de una sociedad vinculada a un tercero, identificado en algunos medios como Jorge Pérez. La UCO sospecha que Corvillo habría utilizado a terceras personas para no figurar directamente en las sociedades implicadas, si bien los mensajes intervenidos con el comisionista Víctor de Aldama —presunto conseguidor de la trama— sugerirían que «tendría cierta ascendencia» sobre la empresa que prestó el dinero.
La compra de la ‘Casa de Cerro del Murmullo’
Con esos fondos, el 19 de abril de 2024 Andrea de la Torre adquirió dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros. Se trata de un local de uso industrial y una plaza de aparcamiento situados en el mismo edificio, en el Ensanche de Vallecas. El informe se refiere a ese conjunto como la ‘Casa de Cerro del Murmullo’. La UCO destaca que la operación se cerró sin constituir hipoteca y que casi la totalidad del pago se realizó «mediante dos cheques bancarios y una transferencia», empleando para ello los fondos recibidos dos meses antes.
Los agentes subrayan que la «práctica coincidencia» entre la cantidad que Ábalos buscaba —los 130.000 euros de la hipoteca fallida— y el precio final de la compraventa —125.000 euros— refuerza la hipótesis de que el exministro recurrió a Corvillo para obtener la financiación. El informe también menciona que el dinero se canalizó a una cuenta de Andrea de la Torre, quien «habría destinado estos fondos a la adquisición» del inmueble.
El contexto: una condena firme y una trama de comisiones
La pieza que investiga el juez Moreno no es la del ‘caso mascarillas’, por la que Ábalos ya ha sido condenado. El Tribunal Supremo confirmó en octubre de 2026 la sentencia que impuso al exministro 24 años y tres meses de prisión por las mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia, y le requirió el pago de 430.298 euros en concepto de responsabilidad civil, además de una multa de 52.500 euros, según recogen Confilegal y El Confidencial. Koldo García, su exasesor, fue condenado a 19 años y a pagar 45.750 euros. Ambos se encuentran en prisión.
La nueva investigación se centra en una pieza separada que el magistrado del Supremo que instruyó el caso desglosó en septiembre de 2025 para indagar en las presuntas irregularidades en contratos de obra pública adjudicados durante la etapa de Ábalos al frente de Transportes. La UCO sospecha que el exministro siguió cobrando contraprestaciones —presuntamente camufladas en conversaciones como «fotocopias» o «bolígrafos»— después de abandonar el Ministerio, y que Corvillo habría actuado como «canalizador» de esos fondos hacia su entorno.
La versión de la defensa y el silencio del PSOE
La defensa de Ábalos ha sostenido que el exministro no se lucró con las operaciones investigadas. Su abogado, según ha recogido Cuatro, ha afirmado que «no hay nada que acredite que se llevó algo» y que parte del dinero, unos 70.000 euros, correspondía a un préstamo del BBVA avalado por el propio Ábalos. El exministro, que compareció ante el Senado en el marco de la comisión de investigación, reconoció conocer a Corvillo, pero ha negado cualquier vinculación con la trama de comisiones.
El PSOE, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre este nuevo informe. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó el pasado 5 de noviembre tener cualquier vínculo con los detenidos. «Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo», afirmó en declaraciones recogidas por RTVE, al ser preguntado por la detención de Corvillo, a quien la UCO identifica como su chófer durante las primarias de 2017. Sin embargo, el informe policial recoge una conversación de abril de 2023 entre Corvillo y Aldama en la que el primero afirma tener previsto reunirse con «el presidente» —identificado por los agentes como Sánchez— para hablar del «jefe», en referencia a Ábalos. La UCO no ha acreditado que esa reunión se celebrara.
Precisiones necesarias
Cabe subrayar varios aspectos para una lectura rigurosa de esta información. El informe de la UCO está redactado en condicional y recoge hipótesis de los investigadores, no hechos probados judicialmente. La causa permaneció bajo secreto de sumario hasta este jueves, y las diligencias practicadas —detenciones, registros y análisis de dispositivos— tienen por objeto esclarecer los hechos, no constituyen una imputación formal ni una condena. Las seis personas detenidas el 5 de noviembre quedaron en libertad horas después, y ninguna de ellas ha sido declarada culpable de los delitos que se investigan en esta pieza —presuntamente organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales—. La conexión entre el dinero recibido por Andrea de la Torre y el pago de comisiones por obra pública es una línea de investigación de la UCO, no una conclusión establecida.
La vinculación de Cristian Corvillo con Pedro Sánchez se limita, según las fuentes consultadas, a su condición de chófer durante las primarias de 2017, un episodio puntual que el propio Sánchez ha negado que implicara una relación posterior. La UCO no ha acreditado que el presidente del Gobierno tuviera conocimiento de las gestiones atribuidas a Corvillo en favor de Ábalos. La expresión «Casa de Cerro del Murmullo» es una denominación utilizada por los investigadores para referirse al conjunto de dos inmuebles adquiridos por De la Torre, no una dirección oficial ni una denominación registral.
El ‘caso Koldo’ acumula ya dos piezas separadas: la de las mascarillas, con condenas firmes, y la de la obra pública, en fase de instrucción. La publicación de este informe no altera la situación procesal de Ábalos, que cumple condena por la primera de ellas, ni implica que las sospechas sobre la segunda hayan sido confirmadas.
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