El Congreso de los Diputados ha amanecido blindado. Desde las diez de la mañana, todos los accesos a la Cámara Baja han quedado cortados al tráfico y el perímetro exterior del edificio ha sido acordonado por un amplio dispositivo de la Policía Nacional, similar al desplegado en junio durante la visita del papa León XIV. El motivo: la marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid desde la Puerta del Sol, donde desde hace siete días se mantiene una acampada multitudinaria para exigir el derecho a una vivienda digna.
La protesta llega en el momento más crítico. El Congreso debate este viernes la convalidación de los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes, y todo apunta a que serán rechazados. Junts anunció anoche su negativa a apoyar los textos, sumándose al «no» ya confirmado del PP y Vox, lo que deja al Gobierno sin los votos necesarios para sacar adelante su paquete legislativo.
«Los políticos no pueden seguir actuando como el brazo armado del rentismo»
Poco antes de las diez de la mañana, los manifestantes han comenzado a recorrer los aproximadamente 600 metros que separan la Puerta del Sol de la Carrera de San Jerónimo. «Los políticos no pueden seguir actuando como el brazo armado del rentismo. Tenemos que explotar su burbuja. Nos vamos al Congreso para que nos oigan. La vivienda tiene que dejar de ser un negocio y convertirse en un derecho efectivo», reza la convocatoria del sindicato, que apunta a este movimiento como el camino hacia una «huelga general por la vivienda».
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha sido contundente en declaraciones a la prensa: «Estamos ante un Parlamento puramente rentista que defiende la especulación por encima de la vida y, lo que es más grave, un Parlamento que se distancia irreparablemente de su pueblo». Del Río ha subrayado que existe una «gran mayoría social» a favor de medidas «contundentes» que pasan por «reducir el lucro de los rentistas».
Los manifestantes han llegado a las inmediaciones de la Cámara con pancartas y banderas, entre gritos de «¡Al Congreso!» y «¡Esto es por Maricarmen!», en referencia a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada el pasado 23 de septiembre del piso de renta antigua donde vivía desde hacía 71 años, tras ser adquirido el inmueble por un fondo inmobiliario.
Acampada en Sol: siete días de resistencia
La acampada en la Puerta del Sol, que comenzó el pasado sábado tras una manifestación que congregó a decenas de miles de personas bajo el lema «Ni una Maricarmen más», se mantiene «indefinida». Los acampados exigen la aprobación del llamado «decreto Maricarmen» con cuatro puntos irrenunciables: contratos indefinidos, suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional, medidas antiestafa contra los contratos en fraude de ley y congelación de precios de alquiler.
La protesta no se limita a Madrid. En Barcelona, un grupo de acampados en Plaza Cataluña ha marchado hacia la sede de Junts per Catalunya, en el Passatge de Bofill, para exigir a la formación independentista que rectifique su negativa a los decretos. Ante la sede, protegida por un dispositivo policial, se han instalado altavoces para seguir la sesión parlamentaria. También en Galicia, el Sindicato de Inquilinas ha convocado manifestaciones para este sábado en Vigo, A Coruña, Santiago y Lugo, con una acampada indefinida ya instalada en la praza do Obradoiro compostelana.
Los decretos: de la esperanza a la incertidumbre
Los dos reales decretos-ley aprobados el martes por el Consejo de Ministros contenían medidas de calado. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, ya publicado en el BOE, prorroga hasta 2030 la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, limita al 2% algunas actualizaciones de renta, regula los alquileres de temporada y por habitaciones, y restringe hasta 2028 ciertas compras inmobiliarias. El texto exige que los contratos de temporada tengan una causa real y acreditable, con una duración máxima de doce meses, y establece que la suma de las rentas cobradas por todas las habitaciones de una vivienda no podrá superar el precio del alquiler completo.
El segundo decreto, que quedó fuera del BOE a la espera de su convalidación, incluía la regulación de los alquileres de temporada y la protección frente a desahucios. La división en dos textos fue criticada por Amnistía Internacional, que lamentó que se presentaran «divididas en dos decretos, poniendo aún más en riesgo su aprobación». La organización humanitaria valoró positivamente la suspensión de desalojos hasta 2030, pero exigió que se convierta en una medida estructural y no temporal: «Ninguna persona debería ver condicionado el ejercicio de sus derechos a la existencia de prórrogas que dependan de la voluntad política de cada momento».
La crisis que no cesa: un desahucio cada media hora
La protesta no surge de la nada. Los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan una realidad que las organizaciones sociales llevan años denunciando: en España se practicaron 4.005 lanzamientos entre enero y marzo, lo que equivale a una media de 44 desahucios al día, uno cada media hora. De ellos, el 65% estaban relacionados con el alquiler, consolidando una tendencia que se mantiene desde 2020: tres de cada cuatro desahucios desalojan a inquilinos.
El precio del alquiler se ha convertido en el principal motor de esta crisis. El coste medio anunciado por metro cuadrado ha pasado de 7,6 euros en 2015 a 15,1 euros en agosto de 2026, prácticamente el doble en una década. Una vivienda de 80 metros cuadrados ha pasado de unos 608 euros mensuales a 1.208 euros, y una familia media necesita dedicar aproximadamente el 38% de sus ingresos netos al alquiler, muy por encima del umbral del 30% que marca la frontera de la carga residencial excesiva.
El resultado es una generación bloqueada: el 44,3% de los españoles de entre 26 y 34 años sigue viviendo con sus padres, y entre quienes permanecen en el hogar familiar, un 47,3% asegura que no puede permitirse comprar o alquilar.
El fantasma de las hipotecas de la burbuja
A la presión del alquiler se suma el regreso de las ejecuciones hipotecarias de la época del boom inmobiliario. Según los datos del INE, el 46,7% de las ejecuciones iniciadas sobre viviendas en el segundo trimestre de 2026 correspondía a préstamos firmados entre 2005 y 2008. En 2025, los juzgados registraron 31.416 ejecuciones hipotecarias, un 35,6% más que el año anterior, y en el primer trimestre de 2026 la cifra alcanzó las 7.194, un 17,5% más que en el mismo periodo del año anterior.
Muchas de esas deudas ya no están en manos de los bancos que las concedieron, sino de fondos que las compraron con descuento. Como explica José Montero, abogado especialista en derecho bancario, «un préstamo de 2006 ha pasado en veinte años por fusiones bancarias, rescates y, muchas veces, por una o varias ventas a fondos de inversión. Cuanto más larga es esa cadena, más fácil es que se rompa algún eslabón. Y ese eslabón roto puede ser lo que salve una vivienda».
El Congreso, a contrarreloj
Mientras los manifestantes se concentran frente a las vallas policiales, en el interior del Congreso se libra otra batalla. La negativa de Junts ha sido el golpe definitivo para unos decretos que ya llegaban al hemiciclo con el apoyo comprometido únicamente de PSOE y Sumar. El partido independentista ha enviado al Gobierno una propuesta alternativa, pero su rechazo deja al Ejecutivo sin margen de maniobra en una votación que se presenta como una derrota anunciada.
Los acampados han anunciado que mantendrán la presión. «La acampada es una entidad propia» y «seguirá más allá de que se alcance un acuerdo para Maricarmen», advirtieron desde el Sindicato de Inquilinas. La convocatoria del sindicato ya apunta a un horizonte más ambicioso: «Este es el camino hacia una huelga general por la vivienda».
A las puertas del Congreso, entre pancartas y gritos, la consigna se repite: «La vivienda tiene que dejar de ser un negocio y convertirse en un derecho efectivo». La sesión parlamentaria avanza, pero para los miles de personas que han recorrido los 600 metros que separan Sol de la Carrera de San Jerónimo, la verdadera votación se está produciendo en la calle.
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