La Guardia Civil ha detenido a un hombre con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad y daños, después de que, según la información facilitada por el instituto armado, embistiera deliberadamente un vehículo oficial durante una vigilancia contra el robo de galgos y el furtivismo en la zona comprendida entre las localidades zamoranas de Toro y Pozoantiguo. Los hechos, ocurridos en la mañana del pasado miércoles 4 de noviembre, no trascendieron hasta este viernes, cuando la Comandancia de Zamora dio a conocer la intervención.
El operativo: de un aviso vecinal a una persecución transfronteriza
El dispositivo se activó a raíz de varias llamadas de alerta de ciudadanos que informaron de la presencia de dos vehículos que circulaban de forma sospechosa por los caminos de concentración parcelaria del término municipal de Toro. De acuerdo con el relato de los agentes, los vecinos temían que sus ocupantes pudieran estar relacionados con actividades de caza furtiva o con el robo de galgos, una modalidad delictiva que, supuestamente, se ha convertido en una preocupación creciente en la comarca.
Varias patrullas, entre ellas una del Puesto de Toro, se desplazaron hasta la zona. Fue en el término de Pozoantiguo donde localizaron los dos turismos. Cuando los agentes se disponían a identificarlos, uno de los conductores realizó una maniobra con la que presuntamente embistió el vehículo policial, causándole daños materiales, y emprendió la huida en dirección a la provincia de Valladolid, seguido del otro vehículo.
Se activó entonces un operativo de búsqueda en el que participaron diferentes unidades. El turismo que había protagonizado la embestida fue localizado en el término municipal de Mota del Marqués (Valladolid), ya fuera de la provincia de Zamora. La interceptación la llevaron a cabo efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Valladolid. En el interior del vehículo viajaban cuatro varones, dos de ellos menores de edad, todos residentes en la provincia de Toledo. Los ocupantes fueron trasladados a la Comandancia de Zamora y el conductor, al que le constan numerosos antecedentes, quedó a disposición judicial.
Un delito que va más allá del furtivismo
Aunque el marco del operativo era la lucha contra la caza ilegal y el robo de galgos, la detención se produjo, según las fuentes oficiales, por atentado contra agente de la autoridad y daños, no por el hurto de los animales en sí. La Guardia Civil no ha especificado si en el vehículo interceptado se hallaron galgos sustraídos, aunque de acuerdo con la información disponible, la investigación sigue abierta para determinar el alcance de la actividad del grupo y si los ocupantes del segundo turismo, que no fue interceptado, están vinculados a la misma trama.
Desde la Comandancia de Zamora se ha subrayado que este tipo de dispositivos forma parte de una orden de servicio enfocada en “erradicar la caza furtiva y el robo de galgos”, y que en los últimos meses se han incrementado las medidas preventivas y reactivas para detectar tanto a delincuentes comunes y ojeadores como a cacerías ilegales, con la instrucción de las correspondientes diligencias penales y actas administrativas.
El contexto: una práctica con raíces y una legislación en entredicho
El episodio de Zamora no es un caso aislado. Castilla y León es una de las comunidades donde la presión del furtivismo con galgos se ha dejado sentir con más intensidad en los últimos años. Según datos del SEPRONA citados por medios especializados, la caza con galgos pasó de 12 casos en 2024 a 22 en 2025, lo que supone un crecimiento del 83,3% en un solo año. En enero de 2026, la Guardia Civil tramitó 19 denuncias administrativas contra cuatro personas por cazar furtivamente con galgos y visor térmico en la provincia de Segovia, tras ser alertados por vecinos de la zona. En mayo, dos personas fueron investigadas en Zamora por furtivismo tras ser sorprendidas con 100 kilos de cuernos de ciervo y gamo robados en cotos de Sayago y Benavente.
El trasfondo legal añade complejidad al fenómeno. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los perros utilizados para la caza, que quedan asimilados a la categoría de animales de producción ganadera. Esta exclusión, según denuncian organizaciones animalistas como PACMA y plataformas como ‘No a la Caza’, crea un “limbo legal” que deja a los galgos sin la protección que se dispensa a otros animales de compañía y, supuestamente, facilita que sigan siendo utilizados en prácticas ilegales o abandonados al término de la temporada de caza. Las mismas plataformas han reclamado una ley “sin exclusiones” que equipare los derechos de los perros de caza a los del resto de animales domésticos.
Las incógnitas que persisten
Mientras el detenido permanece a disposición judicial y se espera que declare en las próximas horas, la pregunta que sobrevuela, según fuentes jurídicas consultadas, es si la calificación de atentado y daños se sostendrá en sede judicial o si el caso derivará en diligencias adicionales por furtivismo o robo de animales. La Guardia Civil no ha confirmado si el grupo interceptado en Mota del Marqués tenía galgos en su poder ni cuál era el destino previsto para los mismos. Supuestamente, será la investigación la que determine si los cuatro ocupantes del vehículo formaban parte de una red organizada dedicada a la sustracción de perros para su uso en cacerías ilegales, un fenómeno que, según los expertos en la materia, mueve cada año cientos de ejemplares en España y que, en provincias como Zamora, ha obligado a las fuerzas de seguridad a redoblar la vigilancia en los caminos rurales. Por lo pronto, un vehículo policial dañado, un detenido con historial delictivo y cuatro personas trasladadas desde Valladolid a Zamora son el saldo de una mañana en la que, una vez más, el furtivismo y la violencia se dieron la mano en el mundo rural.
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