La Comisión Europea ha confirmado este viernes que España seguirá formando parte del reducido grupo de Estados miembros considerados “bajo presión migratoria”, una decisión que, según la información difundida por el Ejecutivo comunitario, le permitirá activar el mecanismo de solidaridad del nuevo Pacto de Migración y Asilo y solicitar la reubicación de parte de los migrantes llegados de forma irregular a su territorio en otros países de la Unión. La crisis migratoria de Ceuta, desencadenada a finales de julio, ha sido el factor determinante para que Bruselas haya incluido a España en esta categoría, pese a que el informe anual de gestión migratoria analiza un período anterior a esos hechos.
Los hechos: una crisis que se sale del calendario
De acuerdo con el segundo informe anual sobre gestión migratoria presentado por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, la llegada irregular de miles de personas a Ceuta desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio ha llevado a la Comisión Europea a mantener a España entre los cuatro países del bloque que pueden apelar a la solidaridad de sus socios. Junto a España figuran Italia, Grecia y Chipre, los mismos Estados que ya fueron incluidos en la evaluación anterior de noviembre de 2025.
La paradoja que subyace a esta decisión es que el informe comunitario abarca el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, por lo que, en rigor, la crisis de Ceuta quedaba fuera de su marco temporal. Según explicó Brunner en rueda de prensa, Bruselas decidió tener en cuenta lo ocurrido en la ciudad autónoma porque la normativa del Pacto de Migración y Asilo contempla la posibilidad de considerar “eventos relevantes” ocurridos fuera del período de referencia que puedan influir en la evaluación. Sin ese factor, de acuerdo con el propio informe, los datos situaban a España “en riesgo de sufrir presión migratoria”, pero no bajo esa presión, lo que la habría dejado fuera del acceso automático al mecanismo de reparto de la carga de acogida.
Las cifras que sostienen la decisión
El comisario Brunner aportó varios datos para justificar la clasificación de España. Según recoge EFE, España concentró alrededor del 20% de todos los cruces fronterizos ilegales a nivel de la UE y fue el tercer Estado miembro en cuanto a número de llegadas a través de operaciones de búsqueda y rescate, especialmente en las islas Canarias, pero también en Baleares y en Ceuta. Este porcentaje, precisaron fuentes comunitarias, no incluye la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta durante la crisis de julio.
El informe también destaca que, aunque las solicitudes de protección internacional disminuyeron un 22% , España fue el tercer país de la Unión con mayor número de solicitudes en relación con su PIB y su población, y el cuarto en cifras absolutas. Además, ocupa el cuarto lugar en registros de protección temporal de refugiados procedentes de Ucrania. “Teniendo en cuenta todos estos elementos, la evaluación concluyó que España se encontraba en riesgo de sufrir presión migratoria”, señalan desde el Ejecutivo comunitario, para añadir a continuación: “Teniendo en cuenta la situación migratoria general y el incidente en Ceuta, España está bajo presión migratoria”.
El mecanismo de reubicación: solidaridad “flexible” y 30.000 plazas anuales
El acceso a este grupo de países “bajo presión” abre la puerta al mecanismo previsto en el nuevo Pacto de Migración y Asilo. De acuerdo con la información publicada por Europa Press y Infobae, este mecanismo permite que la solidaridad se aplique de manera “flexible” al objetivo de trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año a otros Estados miembros. Los países que no deseen acoger a su cuota de reubicados podrán optar por contribuir financieramente: 20.000 euros por cada persona no reubicada, o fondos por valor equivalente.
El informe, en todo caso, no hace públicos los cupos de reubicación a los que podrán acogerse los países que afrontan mayores problemas para gestionar la migración, una opacidad que, supuestamente, responde a las normas del propio Pacto y que deja en el aire la pregunta de cuántos de los migrantes llegados a Ceuta podrían ser efectivamente trasladados a otros Estados de la UE.
La trastienda política: una carta de Marlaska y una exclusión evitada
La decisión de Bruselas no ha sido automática. Según ha podido saber elDiario.es, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta al comisario Brunner en la que le planteaba su “preocupación” ante la posibilidad de que España no fuese considerada dentro del grupo de “Estados sujetos a presión migratoria” y, por tanto, no pudiera beneficiarse de la solidaridad europea. En la misiva, Marlaska argumentaba que “todos hemos sido testigos y hemos constatado la gravedad de lo ocurrido en Ceuta, de la presión migratoria extraordinaria sufrida por España”.
La gestión del Gobierno español se ha producido en un contexto de tensión con Bruselas por la crisis de Ceuta. Según informó Gaceta.es en septiembre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez habría vetado la visita a Ceuta del propio comisario Brunner tras la entrada masiva de migrantes, para que no comprobara la situación sobre el terreno. Supuestamente, esa negativa a permitir la inspección europea habría dificultado la labor de evaluación de la Comisión, aunque el resultado final haya sido favorable a los intereses españoles.
El frente interno: 5.000 personas aún en Ceuta y un refuerzo policial
Mientras Bruselas dirime la clasificación de España, la situación sobre el terreno en Ceuta dista de estar resuelta. De acuerdo con las declaraciones del propio ministro Marlaska en agosto, tras la entrada masiva de más de 70.000 personas por la frontera con Marruecos, quedaban en la ciudad autónoma unas 5.000 personas en situación irregular. El ministro anunció entonces un refuerzo policial que elevó la plantilla a 880 policías nacionales (270 más que antes de la crisis) y 714 guardias civiles (casi 200 más).
Marlaska fue tajante respecto al futuro de esas personas: “No van a ser trasladados a la Península ni van a poder acceder a ningún tipo de protección” , salvo los casos excepcionales de máxima vulnerabilidad contemplados por la legislación nacional e internacional. La prioridad, según el ministro, era la identificación de los 1.898 menores ya contabilizados y la tramitación de los expedientes de asilo, la mayoría de ellos con resolución desfavorable, para proceder al retorno a Marruecos “a la mayor brevedad”.
La incógnita que persiste
Mientras la Comisión Europea celebra su segundo ciclo anual de gestión migratoria y España se aferra a la clasificación de “país bajo presión” para aliviar la carga de Ceuta, la pregunta que sobrevuela, según coinciden analistas europeos consultados, es si el mecanismo de reubicación logrará activarse con la suficiente celeridad como para tener un impacto real en la ciudad autónoma, o si la solidaridad “flexible” del Pacto se quedará, un año más, en un enunciado sobre el papel. Supuestamente, la clave estará en el Foro de Solidaridad de Alto Nivel que el Consejo de la UE debe convocar en un plazo de 15 días, donde los Estados miembros presentarán sus propuestas de contribución. Hasta entonces, España tiene el reconocimiento de Bruselas, pero Ceuta sigue esperando respuestas.
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