Cuatro carteras creadas para abordar áreas concretas —Migraciones, Igualdad, Derechos Sociales y Juventud e Infancia— han mostrado graves carencias operativas durante la emergencia migratoria, lo que ha obligado al presidente a nombrar un mando único casi un mes después del estallido de la crisis
El pasado 30 de julio, la llegada masiva de migrantes a Ceuta sumió a la ciudad autónoma en una situación de emergencia que ha puesto a prueba la estructura del Gobierno de España. Un mes después, la gestión de la crisis ha dejado al descubierto lo que opositores y analistas describen como un problema estructural: la atomización competencial en ministerios de nueva creación que, lejos de agilizar la respuesta, ha generado descoordinación y lentitud.
El Ejecutivo cuenta actualmente con 22 ministerios, una cifra récord en la historia democrática. Entre ellos destacan cuatro carteras que en gobiernos anteriores tenían rango de secretaría de Estado o dirección general y que, tras los acuerdos de coalición entre PSOE y Unidas Podemos primero y con Sumar después, fueron elevadas a ministerios plenos: Migraciones, Igualdad, Derechos Sociales y Juventud e Infancia. La decisión, presentada entonces como una apuesta por la especialización y la atención prioritaria a determinadas políticas, ha sido cuestionada tras comprobarse sobre el terreno su escasa capacidad de respuesta.
Un mes de descoordinación y declaraciones cruzadas
Las comparecencias de los distintos ministros en el Congreso para dar cuenta de la gestión han generado, lejos de clarificar la situación, una sensación generalizada de descontrol. Fuentes parlamentarias consultadas señalan que los discursos de los responsables de las carteras afectadas han resultado contradictorios en múltiples ocasiones, sin que existiera una hoja de ruta común.
El Ministerio de Migraciones, que debería haber tenido un papel central tanto en la prevención como en la respuesta, ha sido señalado por no haber anticipado los sucesos y por no disponer de un plan de contingencia operativo. El Ministerio de Juventud e Infancia, por su parte, ha visto desbordada su capacidad ante la llegada de menores no acompañados, mientras que el de Igualdad, que el Gobierno ha definido como una de sus banderas ideológicas, no ha logrado articular una respuesta específica a la situación de las mujeres migrantes.
El choque más evidente se ha producido entre los ministerios de Defensa e Interior, cuyos titulares han mantenido un tenso cruce de acusaciones públicas sobre quién tenía información previa de la magnitud de la crisis y por qué no se activaron los protocolos necesarios. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que «dos ministerios con tanta potencia deberían estar coordinados y todo lo contrario».
El nombramiento de un mando único como reconocimiento del fracaso
La medida más reveladora del mal funcionamiento del Ejecutivo llegó el pasado 21 de agosto, cuando Pedro Sánchez encomendó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la coordinación interministerial de toda la respuesta a la crisis. El nombramiento se formalizó mediante un Real Decreto que otorga a Torres poderes ejecutivos sobre el conjunto de las carteras implicadas, una decisión que, según fuentes gubernamentales, busca poner fin a la dispersión competencial.
Sin embargo, el propio Torres ha reconocido que la solución no será inmediata. En su comparecencia en el Congreso, el ministro admitió que la habilitación de espacios para acoger a los migrantes llevará «meses» y que «decir que todos pueden ser devueltos en contra de su voluntad, de la noche a la mañana, es falso». El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha situado el origen de la crisis en un bulo difundido por redes sociales, una explicación que no ha convencido a la oposición.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha respaldado la versión de Marlaska al afirmar que el Gobierno no tenía información previa sobre la magnitud de la llegada de migrantes. Estas declaraciones, lejos de tranquilizar, han abierto un nuevo frente de controversia sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la prevención de la crisis.
Reacciones políticas: el PP denuncia «parálisis institucional»
La oposición no ha tardado en cargar contra la gestión del Ejecutivo. El Partido Popular de Ceuta ha denunciado que, «un mes después de la invasión sufrida por nuestra ciudad, el Gobierno de España sigue fallando a los ceutíes». La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de inacción, generando desesperación entre la población.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la crisis migratoria y ha exigido la comparecencia de la directora del CNI. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado la situación como un «lío interno» y ha acusado al Ejecutivo de «absoluta inacción».
El Gobierno, sin embargo, insiste en que su objetivo es el retorno de los migrantes dentro de los márgenes de la ley, un proceso que, según reconocen fuentes oficiales, lleva su tiempo. Sánchez ha defendido que su Ejecutivo ha restaurado el control sobre la frontera en menos de 48 horas, aunque la persistencia de la crisis sobre el terreno desmiente esa afirmación.
Un debate sobre el modelo de Gobierno
Más allá de la gestión inmediata de la crisis, el fracaso de los ministerios especializados ha reabierto el debate sobre la arquitectura del Gobierno. La creación de carteras específicas para Migraciones, Igualdad, Derechos Sociales y Juventud e Infancia respondía, según sus defensores, a la necesidad de dar visibilidad y recursos a políticas que habían estado infradotadas durante años. Sin embargo, sus críticos sostienen que la atomización competencial ha generado duplicidades, falta de coordinación y, en última instancia, una respuesta más lenta e ineficaz.
El nombramiento de Torres como mando único representa, en cierto modo, un reconocimiento implícito de que el modelo no ha funcionado. Queda por ver si la decisión llega a tiempo para resolver una crisis que ya ha cumplido un mes y que mantiene a Ceuta en una situación límite, con la población dividida y las instituciones desbordadas.
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