La organización ultraderechista lleva a los tribunales al fundador del medio digital, a la periodista Alejandra Martínez y a la empresa matriz Agitprop Comunicación, tras las informaciones emitidas sobre la agresión a militares en un bar de Berriozar
La asociación Núcleo Nacional ha presentado este viernes una querella criminal ante los tribunales contra el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias Turrión, la periodista Alejandra Martínez Velasco y la sociedad Agitprop Comunicación y Análisis Político S.L., empresa propietaria de Canal Red. La acción judicial, anunciada a través de las redes sociales de la organización, se fundamenta en las manifestaciones realizadas por el medio digital tras la agresión registrada el pasado mes de julio en una terraza de Berriozar (Navarra).
El escrito de la querella sostiene que determinadas declaraciones difundidas por Canal Red después de aquellos incidentes podrían constituir un delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal, así como un delito de acoso del artículo 172 ter. La organización asegura que el análisis de los hechos debe atender al «contenido íntegro, contexto, alcance y reiteración» de las manifestaciones atribuidas a los querellados.
El origen de la controversia: el caso Berriozar
La querella tiene su origen en los acontecimientos ocurridos la noche del 19 de julio en el bar Eatalian de Berriozar, cuando un grupo de una decena de encapuchados, identificados por diversas fuentes como simpatizantes de la izquierda abertzale, irrumpió en el establecimiento y agredió con barras y porras extensibles a varios militares que seguían la final del Mundial de fútbol. En el ataque resultaron heridos al menos tres militares y una mujer con fractura nasal.
Días después del suceso, el colaborador de Canal Red Álex Plana, en el programa Despierta!, realizó unas declaraciones en las que señalaba que entre los agredidos había una persona que vestía una camiseta de Núcleo Nacional. El colaborador defendió que este extremo debía tenerse en cuenta al abordar los hechos.
El desmentido de Núcleo Nacional y el salto a los tribunales
La organización respondió entonces negando públicamente que los militares agredidos pertenecieran a sus filas o tuvieran relación alguna con la asociación. Fuentes de la investigación consultadas señalaron que las afirmaciones realizadas en el programa correspondían a la versión expuesta por su colaborador y no constituían una identificación oficial por parte de las autoridades que investigaron los hechos.
Sin embargo, Núcleo Nacional no se ha limitado esta vez a publicar un desmentido. La organización ha decidido llevar el asunto a los tribunales, solicitando que se investigue si las manifestaciones de Canal Red pueden tener relevancia penal. La querella se dirige tanto contra la periodista que realizó las declaraciones como contra el fundador del medio y la empresa matriz.
Núcleo Nacional: una organización en el punto de mira
Núcleo Nacional, registrada legalmente como partido político bajo la denominación Noviembre Nacional, es una organización de ideología neonazi y extrema derecha identitaria. La formación, que busca atraer a jóvenes con un discurso ultranacionalista, ha sido objeto de diversos reportajes y análisis en medios como EL PAÍS, que la han definido como «un partido neonazi en busca de jóvenes».
La organización ha anunciado además que prepara nuevas acciones judiciales para los próximos días, aunque no ha concretado por el momento contra quién se dirigirán ni qué hechos abordarán.
Un contexto de creciente litigiosidad
La querella de Núcleo Nacional se suma a un contexto de creciente judicialización de las disputas políticas y mediáticas en España. Pablo Iglesias y Canal Red ya han sido objeto de otras acciones judiciales en los últimos meses. En julio de 2026, un colaborador del medio fue citado como imputado por asociación ilícita y acoso a un tuitero. Meses antes, dos juzgados habían abierto causa penal contra Iglesias por organización y financiación de una red de hostigamiento online.
También en junio de 2026, un exconcejal del PP reclamó 90.000 euros a Iglesias por acusarle de «traficar con odio» a través de Canal Red. El exdirigente de Podemos ha defendido en todas estas ocasiones la legitimidad de su proyecto comunicativo y ha denunciado lo que considera una campaña de acoso judicial orquestada por sectores de la ultraderecha.
Lo que está en juego
La querella presentada este viernes abre un nuevo frente judicial que deberá ser valorado por la Justicia. El artículo 510 del Código Penal, invocado por la asociación, castiga la provocación a la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por motivos ideológicos, religiosos o de pertenencia a una etnia. El artículo 172 ter, por su parte, tipifica el delito de acoso.
Queda ahora por ver si los tribunales admiten a trámite la querella y, en su caso, si consideran que las manifestaciones de Canal Red encajan en los tipos penales denunciados. La organización ultraderechista ha dejado claro que continuará recurriendo a los tribunales, mientras que desde Canal Red no se ha producido por el momento una reacción oficial a la acción judicial.
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