La Policía Nacional investiga a una empresa dedicada a la desocupación de inmuebles por un incidente ocurrido en la tarde de este jueves en Gandia, donde una mujer con problemas mentales que residía de forma irregular en una vivienda quedó atrapada en su interior después de que la compañía sustituyera la puerta de acceso por una ‘antiocupación’ sin que, supuestamente, se percatara de que había alguien dentro.
El suceso, según la información facilitada por fuentes de la Jefatura Superior de Policía y adelantada por Levante-EMV, se produjo en un inmueble de la calle Gutiérrez Mas. Durante la mañana del jueves, operarios de la empresa procedieron al cambio de la puerta principal, una actuación que, de acuerdo con la misma versión oficial, se llevó a cabo mientras la mujer permanecía en el interior de una de las habitaciones. Fue a primera hora de la tarde cuando se dio la voz de alarma: la inquilina no podía salir y se encontraba, según las fuentes consultadas, «muy alterada».
El rescate: acceso por el balcón y llaves de la moradora
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los Bomberos. De acuerdo con el relato de los agentes, el acceso al domicilio se realizó desde el balcón, ya que la nueva puerta impedía cualquier salida convencional. Una vez dentro, los policías lograron abrir el mecanismo de la puerta con las llaves de la propia mujer, lo que permitió la entrada de los servicios sanitarios, que la atendieron en el lugar antes de evacuarla a un centro hospitalario.
El estado de la mujer, según las mismas fuentes policiales, requería atención médica por su situación de alteración, aunque no se ha especificado la naturaleza exacta de las lesiones o del cuadro que presentaba. La investigación, asumida por la Policía Judicial de la Comisaría de Gandia, trata ahora de esclarecer las circunstancias exactas del encierro.
Las dos hipótesis que maneja la investigación
El punto central de las pesquisas, según ha podido saber Cadena SER, es determinar si la mujer se percató o no de que estaban cambiando la puerta de entrada de la vivienda. La investigación baraja dos hipótesis: la primera es que la moradora no se diera cuenta de la maniobra, lo que explicaría que se quedara dentro sin poder salir; la segunda es que fuera coaccionada para permanecer en el interior, una circunstancia que, supuestamente, sería susceptible de constituir otros delitos adicionales.
La propiedad del inmueble, de acuerdo con lo apuntado por las fuentes policiales, había cambiado de manos recientemente, lo que explicaría la decisión de los nuevos dueños de contratar los servicios de la empresa de desocupación.
Los identificados y el contexto de la ‘desokupación’
La Policía Nacional ha identificado al representante de la empresa de desocupación y a las dos personas que contrataron sus servicios, según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press. No se ha precisado, por el momento, si se les imputa algún delito concreto o si simplemente se les ha citado en calidad de investigados para tomarles declaración.
Este episodio se produce en un contexto de creciente tensión en torno a la ‘desokupación’ en la Comunidad Valenciana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados por Economia3, la región cuenta con alrededor de 459.000 viviendas vacías, una de las cifras más elevadas de España. A ello se suma que, de acuerdo con una encuesta recogida por Las Provincias, la principal preocupación de los valencianos en materia de vivienda no es el precio, sino la ocupación ilegal, a la que otorgan un 7,25 sobre 10 en nivel de preocupación.
Las empresas de desocupación operan, según coinciden los expertos consultados, en un limbo legal que a menudo dificulta la depuración de responsabilidades cuando sus actuaciones derivan en incidentes como el de Gandia. La instalación de puertas ‘antiocupación’ —estructuras metálicas autoportantes que sellan el acceso— es una práctica extendida, pero supuestamente, no siempre se acompaña de las verificaciones necesarias para garantizar que el inmueble esté efectivamente vacío antes de proceder al cierre.
Lo que queda por esclarecer
Mientras la mujer permanece ingresada y la investigación policial sigue su curso, la pregunta que sobrevuela, según fuentes jurídicas consultadas, es si el cambio de puerta se ejecutó con los protocolos mínimos de comprobación exigibles o si, por el contrario, la empresa actuó con una diligencia que supuestamente podría considerarse insuficiente. La Policía Judicial de Gandia deberá determinar si los hechos constituyen una infracción administrativa, un ilícito penal o si, simplemente, se trató de un error derivado de una comunicación deficiente entre los contratantes y la empresa. Por lo pronto, en Gandia, una mujer con problemas mentales tuvo que ser rescatada por el balcón de la que, hasta esa mañana, era su casa.
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