Un documento remitido a la jueza María Tardón prueba que la entrada masiva de 72.000 personas fue coordinada y que el Ministerio del Interior fue alertado con antelación. El PP exige elecciones mientras el Ejecutivo se enreda en contradicciones y trata de minimizar el escándalo.
La crisis migratoria que asoló Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ha dado un giro de consecuencias políticas impredecibles. Un informe de la Policía Nacional, remitido a la magistrada María Tardón, desmonta por completo la versión del Gobierno y apunta a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue advertido de la inminente avalancha y, sin embargo, no adoptó medidas para impedirla o mitigarla.
El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, ha sido el primero en elevar el tono. En un mensaje en la red social X, calificó las revelaciones de «gravedad extrema» y acusó al Gobierno de «mentir durante un mes» y de «incumplir su deber de proteger al país». «No pueden seguir un día más en el Gobierno. Los españoles merecen saber a cambio o en pago de qué», sentenció el dirigente popular, que reclamó la convocatoria de elecciones inmediatas.
Un informe demoledor: «violación de la integridad territorial».
El documento policial es concluyente: la entrada de 72.000 personas en solo 48 horas no fue un movimiento espontáneo de migrantes, sino una operación coordinada. Los agentes han detectado la presencia de individuos que daban órdenes y señales para dirigir el avance hacia la frontera, así como vídeos de gendarmes marroquíes vaciando camiones llenos de migrantes junto a la valla, lo que apunta al beneplácito, cuando no a la participación activa, del Gobierno de Marruecos.
Los investigadores califican los hechos como una «violación de la integridad territorial de España» y critican duramente la falta de medios y de reacción del Ministerio del Interior en las primeras horas del asalto. El informe, que obra en poder de la jueza Tardón, contradice frontalmente el relato del Ejecutivo, que durante semanas insistió en que se trataba de un flujo migratorio estacional y que no existían alertas previas.
Sánchez, acorralado por sus propias contradicciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en el ojo del huracán. Sus declaraciones sobre la crisis han variado de forma significativa en las últimas semanas, pasando de negar la existencia de cualquier aviso a admitir que hubo «informes de situación» del CNI y de la Policía Nacional. Sin embargo, Sánchez insiste en que «nadie predijo la avalancha» y que no hay «ninguna información» que apunte a Marruecos como responsable.
Esta versión choca de frente con las filtraciones del informe policial y con las declaraciones de otras fuentes. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya calificó hace días de «realmente grave» que el Gobierno ignorase los avisos del CNI. Incluso dentro del Ejecutivo han surgido contradicciones: mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el CNI trasladó información previa sobre el riesgo de una entrada masiva, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no hubo una alerta que permitiera anticiparla.
Marlaska, en el punto de mira y contradicciones sobre el número de migrantes
El ministro del Interior es, junto a Sánchez, uno de los principales señalados. Según la información difundida por varios medios, Marlaska recibió el mismo 29 de julio un aviso de «riesgo extremo de entrada masiva» en Ceuta. A pesar de ello, el ministro ha defendido la gestión del Gobierno y ha llamado a la calma, insistiendo en que «nadie vio venir la crisis».
La confusión también rodea las cifras de migrantes que permanecen en la ciudad. Mientras Marlaska cifra en unos 5.000 los inmigrantes que aún están en Ceuta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma eleva la cifra a entre 8.000 y 9.000. Una disparidad que evidencia la falta de coordinación y el caos informativo que rodea a la gestión de la crisis.
El Gobierno activa un plan de choque y niega su responsabilidad
En un intento por reconducir la situación, el Gobierno ha aprobado un plan de choque para Ceuta que moviliza 309 millones de euros en 2026 con medidas de apoyo a la economía, refuerzo de servicios públicos, seguridad y acogida. Además, ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma.
Sin embargo, estas medidas no logran acallar las críticas. La oposición, encabezada por el PP y Vox, exige responsabilidades políticas y no descarta iniciar un proceso contra Sánchez por un presunto delito de traición. El presidente del Gobierno, por su parte, ha optado por una estrategia de exculpación, señalando a «redes asociadas a Rusia e Israel» como posibles responsables de lo sucedido, una teoría que ha sido recibida con escepticismo por buena parte de la clase política y la opinión pública.
Conclusión
La revelación del informe policial sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez ante su peor escenario. Las acusaciones de haber ignorado deliberadamente las alertas sobre la invasión de Ceuta socavan su credibilidad y abren un frente político de enormes dimensiones. A un mes de los hechos, la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad y la comunidad educativa se prepara para un inicio de curso marcado por la incertidumbre y la falta de seguridad. La pregunta que resuena con fuerza en los pasillos del Congreso y en las calles de Ceuta es clara: ¿quién va a asumir la responsabilidad política de esta crisis?
Más historias
Ayuso desafía al Gobierno y confirma su presencia en la manifestación de Cibeles por Ceuta: «No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios»
Ceuta arde: vecinas exigen en televisión que Pedro Sánchez y su Gobierno sean juzgados por alta traición
Ceuta, al borde del colapso educativo: profesores y familias denuncian una situación «caótica» mientras el Gobierno anuncia medidas de seguridad