La tensión social en la ciudad autónoma alcanza un nuevo y alarmante punto de inflexión. Durante una intervención en prime time, varias vecinas de Ceuta han calificado al presidente del Gobierno de «canalla» y «traidor», exigiendo su encarcelamiento por «alta traición» mientras la ciudad lucha contra una crisis migratoria y de seguridad que, denuncian, el Ejecutivo ha abandonado por completo.
Ceuta, 2 de septiembre de 2026. Lo que comenzó como una crisis migratoria sin precedentes se ha convertido en una profunda crisis de confianza institucional. La indignación de los ceutíes ha encontrado un altavoz en las televisiones nacionales, y las palabras de varias vecinas de la ciudad autónoma durante la emisión del programa Código 10 de Telecinco han resonado con fuerza, llevando el malestar social a un primer plano político de máxima gravedad.
las vecinas no escatimaron en dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su Ejecutivo. «Es un canalla, un traidor», afirmaron, pidiendo que sea juzgado por alta traición a España. La acusación no se limitó a la figura del presidente, sino que se extendió a todo el Gobierno del PSOE, al que responsabilizan del caos y el abandono que, aseguran, sufre la ciudad.
«Sánchez es un caradura que vive de los impuestos y de vacaciones en La Mareta mientras Ceuta se desangra», denunciaron las manifestantes, que también cargaron duramente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otros ministros socialistas, a los que acusaron de estar «ausentes» y de no atender las necesidades básicas de la población.
«Invasión», «abandono» y un descontento que crece
El testimonio de las vecinas pinta un panorama desolador: calles ocupadas, montes llenos de asentamientos ilegales, y una creciente sensación de inseguridad por agresiones y robos. La queja central es la percepción de un trato desigual y vejatorio. Mientras los miles de inmigrantes que llegaron a la ciudad a finales de julio reciben asistencia, duchas de agua caliente y atención continuada, los ciudadanos españoles y las fuerzas de seguridad se sienten desprotegidos y abandonados a su suerte. «Los ceutíes tenemos los derechos en la basura», sentenciaron, en una muestra del hartazgo que recorre la ciudad.
Esta percepción no es un hecho aislado. Un reciente sondeo de opinión refleja que la mayoría de los ceutíes se sienten «abandonados» por el Gobierno central ante la falta de soluciones institucionales. Las cifras oficiales y las estimaciones reales sobre el número de migrantes en la ciudad siguen sin cuadrar. Mientras el ministro Marlaska cifra en unos 5.000 los inmigrantes que permanecen en Ceuta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma eleva esa cifra a cerca de 10.000. La situación es especialmente crítica con los menores no acompañados, cuyo número real se estima en más de 4.000, muy por encima de la capacidad de acogida de la ciudad.
El malestar ha trascendido las redes sociales y las conversaciones privadas. Las protestas y manifestaciones vecinales se han sucedido en los últimos días, con enfrentamientos incluidos entre los vecinos que protestan por la situación y los migrantes que acampan en zonas como la playa del Tarajal.
El eco político de la «traición»
La petición de las vecinas de un juicio por alta traición no es un clamor aislado, sino que encuentra un creciente eco en la oposición política. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha solicitado al Partido Popular sus votos para activar el artículo 102 de la Constitución, que permitiría iniciar un proceso contra Pedro Sánchez por un presunto delito de traición. Abascal ha calificado reiteradamente a Sánchez de «lacayo» de Marruecos, acusándole de haber permitido la «invasión» de Ceuta y de haber «entregado» la ciudad.
Incluso dentro del propio PSOE y del Gobierno, las contradicciones han sido notables. Mientras el ministro Marlaska defiende la «estrecha colaboración» con Marruecos, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha calificado de «imprescindible» el traslado de menores migrantes a la península, una medida que choca con el criterio de Moncloa. El propio Pedro Sánchez ha negado que existieran informes del CNI que alertaran de la gravedad de la crisis, una afirmación que ha sido puesta en duda por la oposición y algunos sectores del Gobierno.
Mientras el presidente del Gobierno se enfrenta a estas acusaciones y prepara su comparecencia en el Congreso, la comunidad educativa de Ceuta se prepara para un inicio de curso marcado por la incertidumbre y la falta de seguridad. Las familias, como las que han alzado la voz en televisión, ya han advertido que no llevarán a sus hijos a los colegios si no se garantizan las condiciones mínimas.
La ciudad autónoma se encuentra, por tanto, en una situación límite. La crisis migratoria ha destapado una profunda crisis política y social que amenaza con agravarse en los próximos días. Las vecinas que pidieron la cárcel para Sánchez y su Gobierno no son una excepción, sino el síntoma de un malestar que, a un mes del estallido de la crisis, no hace más que crecer.
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