Una promotora inmobiliaria administrada por Sergi Vélez, pareja de la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, arrasó 700 pinos en la cala de Aigua Xelida (Tamariu, Palafrugell) durante las Navidades de 2018 sin disponer de licencia municipal, según consta en las denuncias de la plataforma ecologista SOS Costa Brava y en las resoluciones del Ayuntamiento de Palafrugell.
Ocho años después de aquella tala, el caso reaparece con fuerza en plena precampaña electoral, después de que The Objective y otros medios hayan desvelado que la sociedad Aiguacel Costa Brava SL —vinculada a Vélez— inició los trabajos de desbroce y tala «aprovechando las fiestas navideñas», cuando la zona registra «muy poca actividad». El entonces alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer (ERC), ordenó la paralización inmediata de las obras el 2 de enero de 2019 al considerar que «la empresa promotora no tiene autorización para iniciarlas».
Los hechos: 30 hectáreas arrasadas y 33 chalés proyectados
La operación urbanística, promovida a través de Aiguacel Costa Brava SL, contemplaba la construcción de 33 chalés de lujo de unos 300 metros cuadrados cada uno, con piscina privada y vistas al Mediterráneo, en un enclave de «elevado valor paisajístico junto al litoral mediterráneo». El proyecto suponía transformar cerca de tres hectáreas de terreno forestal en una urbanización destinada a compradores de alto poder adquisitivo.
La plataforma SOS Costa Brava denunció el 30 de diciembre de 2018 la desaparición de centenares de árboles —principalmente pinos— y reclamó la paralización inmediata de los trabajos. «Han aprovechado estas fiestas y que es una parcela con muy poca vida durante el invierno para hacer la tala. Es muy osado empezar a trabajar en la finca sin permiso», declaró el alcalde Piferrer.
La empresa promotora defendió su actuación alegando que estaba amparada por el planeamiento urbanístico y que había comunicado el inicio de los trabajos al consistorio el 24 de diciembre, sosteniendo que la actualización del proyecto había quedado aprobada por silencio administrativo positivo. El Ayuntamiento rechazó esa interpretación y mantuvo la paralización cautelar.
El impacto político: de la agenda ecologista al «pelotazo urbanístico»
El caso ha escalado a la primera línea política esta semana después de que The Objective publicara que la promoción se comercializa ahora bajo la denominación de Sa Xelida, con precios que alcanzan los 2,58 millones de euros por unidad. La portavoz socialista ha calificado las críticas como un «ataque personal», mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde Bruselas que «desconoce las actividades profesionales» del novio de su portavoz y le ha mostrado su «apoyo total».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido especialmente dura en la sesión de control de la Asamblea de Madrid: «También tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que Jeff Bezos, con yates, con dinero metido en Panamá, sin declarar Hacienda. Pero qué caradura tienen ustedes». La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha replicado que Ayuso «insulta para que no hablemos de lo importante».
El patrimonio inmobiliario bajo sospecha
Más allá de la tala en la Costa Brava, las informaciones publicadas en los últimos días han puesto el foco sobre el holding empresarial de Sergi Vélez. Según Artículo 14 y otros medios, el empresario leridano gestiona a través de Nest Capital Homes una cartera de al menos 30 viviendas en alquiler, con activos valorados en 8,4 millones de euros. La sociedad, según El Debate, lleva cinco años sin pagar el Impuesto de Sociedades, declarando gastos que duplican los ingresos por alquileres mediante facturación cruzada entre sus propias empresas.
Además, El Español ha revelado que Vélez cuenta con dos sociedades en Panamá dentro del conglomerado empresarial de su familia, un dato que ha sido utilizado por la oposición para cuestionar la coherencia del discurso socialista sobre vivienda y fiscalidad. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha cargado contra Mínguez: «Para pedirnos el voto, la vivienda es un derecho. Para defender ese negocio, basta con que sea legal».
Contexto: una tramitación marcada por la polémica
El proyecto de Aigua Xelida sufrió un revés administrativo tras la tala ilegal. La movilización ecologista y la controversia urbanística acompañaron una tramitación que terminó con una modificación sustancial: en 2022 se aprobó una versión reducida a 15 viviendas, frente a los 33 chalés inicialmente previstos. SOS Costa Brava consideró aquella reducción una «victoria parcial», aunque mantuvo sus críticas a la transformación de una zona forestal litoral en un complejo residencial de lujo.
El Parlament de Catalunya también intervino. El diputado de los comuns David Cid registró en enero de 2019 una batería de preguntas reclamando sanciones para la empresa responsable de la tala de los 700 árboles en Aigua Xelida. Sin embargo, ocho años después, no consta que se haya impuesto sanción alguna a la promotora por la tala sin licencia.
Una sombra sobre el discurso de la vivienda
El caso ha estallado en un momento especialmente delicado para el PSOE, que ha convertido la crisis de la vivienda en uno de sus principales ejes de campaña. Mientras el partido denuncia a los «fondos buitre» y a los «grandes tenedores», la pareja de su portavoz parlamentaria gestiona una treintena de pisos en alquiler y promovió una urbanización de lujo en un espacio natural protegido.
La polémica se produce además después de que se haya conocido que Montse Mínguez votó a favor de un cambio urbanístico en Lérida que abrió la puerta a los pisos de lujo de su pareja, según ha publicado Demócrata. El PSC propuso a Mínguez como candidata al Congreso por Lérida en las próximas elecciones generales, una decisión que ahora se ve salpicada por el historial inmobiliario de su pareja.
Esta noticia ha sido elaborada a partir de fuentes documentales contrastadas, incluyendo denuncias de la plataforma SOS Costa Brava, resoluciones del Ayuntamiento de Palafrugell, preguntas parlamentarias registradas en el Parlament de Catalunya, informaciones de The Objective, El Debate, El Español, Artículo 14 y declaraciones públicas recogidas por Europa Press y Telemadrid.
Más historias
La conocida como ‘ley de nietos’ ha provocado una transformación sin precedentes en el censo electoral español. Municipios que durante décadas vieron cómo sus vecinos emigraban a otros países hoy se enfrentan a una realidad paradójica: tienen más electores censados en el extranjero que residentes dentro de sus fronteras.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dirigido por José Manuel Albares, mantiene un doble estándar comunicativo frente a las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la conocida como ‘ley de nietos’.
El 78% de los marroquíes en edad laboral no cotiza a la Seguridad Social: la brecha que desmonta el relato de la integración.