Este fenómeno, impulsado por la Ley de Memoria Democrática de 2022, ha reconfigurado el mapa del voto exterior y ha encendido todas las alarmas en la Junta Electoral Central y en el Tribunal Supremo.
El mapa de la anomalía democrática
El caso más extremo lo protagoniza Murtas, un pequeño municipio de la Alpujarra granadina. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la localidad cuenta con 1.067 electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), frente a apenas 332 residentes con derecho a voto dentro del municipio. Es decir, el 76,2% del censo total de Murtas vive fuera de España.
El alcalde de Murtas, José Miguel Romera, ha expresado su desconcierto ante esta situación: «La mayoría de estos nacionalizados no son gente del pueblo ni lo conocen». Sus familias salieron en su día hacia países como Argentina o Venezuela, y muchos de ellos no han regresado al municipio en los últimos años.
Pero Murtas no es un caso aislado. En Campillo de Deleitosa (Cáceres), los 81 electores residentes se ven superados por los 165 inscritos en el CERA, lo que supone que dos de cada tres integrantes de su censo electoral viven en el extranjero. La situación se repite en Mesas de Ibor, también en Cáceres, donde 132 residentes conviven en el censo con 220 electores ausentes.
En la Comunidad de Madrid, el fenómeno alcanza cotas igualmente llamativas. Madarcos, uno de los pueblos más pequeños de la región, ya cuenta con más electores en el exterior que vecinos tiene el municipio: 52 frente a 54. En Tres Cantos, municipio que no se constituyó como tal hasta 1991, el censo exterior ha crecido en más de 200 personas. Y en Collado Villalba, el CERA suma 1.439 inscritos, 227 más que en 2022, un incremento de casi el 20%.
Un crecimiento exponencial del voto exterior
Los datos globales confirman la magnitud del fenómeno. El CERA aumentó en 138.938 personas solo en 2025, alcanzando la cifra de 2.664.898 electores a 1 de enero de 2026. Desde 2019, el censo exterior ha crecido en 580.419 personas, un 25,2%.
La Comunidad de Madrid lidera el crecimiento porcentual con un 8,4% anual, pasando de 438.960 a 475.850 inscritos en un solo año. Desde 2019, los electores madrileños en el extranjero han aumentado casi un 50%.
Este incremento coincide en el tiempo con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Como señala el análisis de los datos, el crecimiento porcentual del CERA se duplica a partir de 2023, un año después de la aprobación de la norma.
El Supremo frena en seco el proceso
La respuesta judicial no se ha hecho esperar. El Tribunal Supremo rechazó el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar, ratificando que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El BOE publicó el pasado 15 de octubre los autos que recogen esta decisión, estableciendo que no regirá la suspensión cuando los cónsules certifiquen que los afectados acreditaron documentalmente ser hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Los afectados tienen hasta el 22 de octubre para comparecer ante el Supremo y presentar alegaciones contra las medidas cautelares. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera necesario preservar la «limpieza» del proceso electoral, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del litigio.
La JEC endurece los controles
En paralelo, la Junta Electoral Central ha decidido endurecer los requisitos de arraigo electoral. La Oficina del Censo Electoral, dependiente del INE, ha excluido expresamente el expediente de nacionalización de la ‘ley de nietos’ como prueba de arraigo electoral por sí solo.
En la práctica, quien haya obtenido el pasaporte por esta vía no podrá invocar únicamente su expediente de nacionalización para justificar su adscripción a un municipio concreto. Deberá aportar certificados de residencia, empadronamiento histórico de sus ascendientes, documentación del Registro Civil, escrituras o recibos del IBI.
La medida busca evitar que los nuevos votantes se concentren artificialmente en determinadas circunscripciones y puedan alterar el reparto legítimo de escaños. No en vano, 13 escaños de las últimas elecciones generales se decidieron por un margen inferior a los 3.000 votos, por lo que unos pocos miles de sufragios pueden cambiar escaños de manos.
La reacción política
La Asamblea de Madrid ha aprobado la creación de una comisión de estudio para abordar el impacto de la ‘ley de nietos’ en la Comunidad de Madrid, con los votos de PP y Vox. La comisión analizará el número y evolución de las adquisiciones de nacionalidad, su desglose estadístico y su incidencia en el censo electoral madrileño.
Desde el PSOE, el diputado Fernando Fernández Lara ha criticado la iniciativa: «Quieren convertir esta asamblea en un plató para cuestionar el derecho a voto de miles de españoles». En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que «los nietos del exilio republicano tienen el mismo derecho a votar».
El calendario electoral, en el aire
Con las elecciones generales del 29 de noviembre convocadas, la incertidumbre sobre quién podrá finalmente ejercer su derecho al voto es máxima. El censo electoral vigente para estos comicios es el cerrado a 1 de agosto de 2026, y en esa fecha figuraban inscritos en el CERA 163.020 electores que podrían verse afectados por la suspensión.
La decisión del Supremo, adoptada por cinco votos a uno, mantiene las medidas cautelares que el Gobierno había solicitado levantar con el respaldo de la Fiscalía. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera necesario preservar la «limpieza» del proceso electoral, aunque el fondo del litigio sigue pendiente de resolución.
Mientras tanto, en municipios como Murtas, Campillo de Deleitosa o Madarcos, la pregunta flota en el aire: ¿quién vota realmente en estos pueblos? La respuesta, por ahora, está en manos de los tribunales.
Esta noticia ha sido elaborada a partir de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina del Censo Electoral, autos del Tribunal Supremo publicados en el BOE, instrucciones de la Junta Electoral Central .
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