Las direcciones nacionales de ambos partidos exploran candidaturas conjuntas en una docena de circunscripciones clave, un movimiento que, según los cálculos basados en los resultados del 23-J, podría arrebatar hasta 15 escaños al bloque de izquierdas. La operación, condicionada a que el PSOE cierre sus propias listas unitarias, no se trasladaría al Congreso y busca concentrar el voto donde la fragmentación favorece a los socialistas
A falta de poco más de un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre, la batalla por el control del Senado ha dejado de ser una cuestión secundaria para convertirse en el eje de una compleja negociación entre bastidores. El Partido Popular y Vox tienen sobre la mesa una fórmula para maximizar sus opciones en la Cámara Alta: concurrir con listas conjuntas en determinadas circunscripciones donde la suma de sus votos puede alterar el reparto de escaños que, en solitario, no lograrían modificar.
La operación no responde a una lógica de alianza generalizada ni pretende replicarse en el Congreso. Su utilidad depende de las particularidades del sistema electoral de la Cámara Alta, donde en la mayoría de las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede votar a un máximo de tres candidatos. En la práctica, la candidatura más votada suele hacerse con tres escaños y la segunda con uno. Cuando dos fuerzas ideológicamente próximas compiten por separado, sus votos se dispersan y pueden facilitar que una tercera formación se lleve la mayor parte de la representación.
Según los cálculos realizados a partir de los resultados oficiales de las elecciones del 23 de julio de 2023, el PP podría ganar hasta 15 senadores adicionales si alcanzase acuerdos con Vox y UPN, con Coalición Canaria como alternativa en tres islas. La operación se concentraría en una docena de circunscripciones, con Sevilla como el mayor premio electoral. En 2023, el PSOE obtuvo tres senadores y el PP uno; una candidatura conjunta de populares y Vox permitiría invertir dos de esos puestos, dejando a los socialistas con un solo representante. Otras plazas donde la suma de votos podría alterar el reparto son Navarra (con UPN como socio), Badajoz, Cáceres, Huelva, Valencia, Tenerife y La Palma.
El calendario apremia. El viernes 16 de octubre es la fecha límite para comunicar a la Junta Electoral la intención de concurrir en coalición, según establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Hasta entonces, las direcciones de ambos partidos deberán decidir si el acuerdo se limita a algunas circunscripciones o se extiende a un número mayor.
La izquierda también se mueve
La estrategia de la derecha no es un movimiento aislado. El PSOE y los partidos que integran el Frente Amplio —Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns— se reunieron el pasado 11 de octubre para estudiar la posibilidad de concurrir juntos al Senado. Fuentes de Ferraz han admitido que el partido analiza «todas las alternativas» para evitar que el PP mantenga su mayoría absoluta en la Cámara Alta, y recuerdan el uso «espurio» que los populares han hecho del Senado en los últimos tres años.
La plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia, presentada el pasado 6 de octubre en el Ateneo de Madrid y a la que ya se ha adherido la Fundación Pedro Zerolo, próxima al PSOE, presiona a las formaciones de izquierda para que cierren listas conjuntas. Según las simulaciones publicadas por El Plural, una candidatura unitaria del PSOE y el Frente Amplio podría alcanzar entre 120 y 145 de los 208 senadores elegidos directamente por la ciudadanía, dependiendo del escenario electoral. En una estimación retrospectiva basada en los resultados de 2023, si PSOE y Sumar hubieran concurrido juntos, el bloque progresista podría haber obtenido alrededor de 117 senadores, frente a los 75 que habría conseguido el PP.
El objetivo final: los tres quintos
El control del Senado no es un fin en sí mismo. La Cámara Alta tiene competencias decisivas en la renovación de órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo, que requieren mayorías cualificadas de tres quintos (160 senadores). Actualmente, el PP cuenta con 120 senadores elegidos directamente, y el bloque de la derecha está a 13 escaños de alcanzar esa mayoría cualificada, según los cálculos publicados por Público.
La operación que exploran PP y Vox busca precisamente blindar esa mayoría. Si la suma de sus votos en las circunscripciones clave les permite arrebatar escaños a la izquierda, el bloque conservador podría alcanzar los tres quintos y, con ello, condicionar la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato expira en los próximos meses. La izquierda, consciente de ello, ha convertido la coordinación de candidaturas en una prioridad estratégica.
Las encuestas y el contexto
Los sondeos publicados en las últimas semanas dibujan un escenario de ventaja para el bloque de derechas en el Congreso, con proyecciones que sitúan a PP y Vox por encima de los 180 diputados. Esa ventaja, sin embargo, no se traduce automáticamente en el Senado, donde el sistema electoral premia la concentración del voto y castiga la fragmentación. De ahí que ambas coaliciones estén explorando fórmulas de coordinación que, en el Congreso, no tendrían sentido.
El Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el pasado 5 de octubre, confirma que las elecciones se celebrarán el domingo 29 de noviembre y que la campaña electoral durará quince días, desde el viernes 13 hasta el viernes 27 de noviembre. La composición del Senado que salga de las urnas no solo determinará el equilibrio de poder en la Cámara Alta, sino que condicionará la capacidad de los partidos para nombrar a los próximos magistrados del Tribunal Constitucional y para renovar los órganos judiciales cuyo mandato está pendiente. En juego, por tanto, no está solo el control del Senado, sino la arquitectura institucional de los próximos años.
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