El Tribunal Federal de Suiza ha zanjado una de esas paradojas judiciales que dejan los tribunales: un hombre condenado a doce años de prisión por intentar matar a su esposa con 44 cuchilladas ha perdido el recurso con el que pretendía seguir privado de libertad. No porque las autoridades suizas quieran mantenerlo encerrado, sino porque él se niega a aceptar la libertad condicional tal y como está diseñada: con la condición de que, en el momento en que se ejecute, sea expulsado a Marruecos, el país que abandonó hace más de dos décadas y al que según su propio relato no quiere regresar. La decisión, de acuerdo con el fallo del alto tribunal suizo, confirma que el condenado podrá abandonar el centro terapéutico en el que permanece internado en régimen abierto cuando las autoridades logren organizar su deportación, un trámite que, supuestamente, ya está en marcha.
Los hechos: 44 puñaladas y una condena por tentativa de asesinato
El caso se remonta al 22 de febrero de 2010. Según la información recogida en el sumario y en las crónicas judiciales de la época, un hombre nacido en Marruecos en 1975 atacó a su esposa con un arma blanca en Lausana y le asestó 44 cuchilladas, poniendo gravemente en peligro su vida. El tribunal cantonal de Vaud lo condenó en agosto de 2012 a doce años de prisión por tentativa de asesinato, a los que se sumaron otros delitos relacionados con las lesiones causadas y la privación de libertad.
De acuerdo con la información publicada por los medios suizos que siguieron el proceso, el condenado era taxista y, en el momento de la agresión, se encontraba separado de su esposa. Las crónicas de la época describen un ataque de extrema violencia, con un número de puñaladas que los forenses calificaron de “muy elevado” y que, según las mismas fuentes, evidenciaba una voluntad clara de acabar con la vida de la víctima.
La medida terapéutica: de la prisión al centro especializado
Tras cumplir la pena de prisión, el condenado no quedó en libertad sin más. Según el relato del Tribunal Federal recogido por los medios, en junio de 2019 las autoridades suizas ordenaron su ingreso en un centro terapéutico especializado, al considerar que su estado psíquico requería un tratamiento institucional y que la prisión ordinaria no era el marco adecuado para su evolución. La medida, supuestamente, sustituyó a la pena privativa de libertad y estaba orientada a su reinserción.
Esa evolución se produjo. De acuerdo con los informes médicos citados en la resolución judicial, desde 2022 los equipos que lo atienden observaron una estabilización de su comportamiento y una buena adherencia al tratamiento. Una pericia realizada en julio de 2024 concluyó que el riesgo de reincidencia violenta era “bajo” y que la medida terapéutica institucional había alcanzado sus objetivos. Con ese respaldo clínico, los jueces de aplicación de penas del cantón de Vaud le concedieron en mayo de 2025 la libertad condicional, con un periodo de prueba de dos años.
La paradoja: la libertad llega con billete de vuelta
La libertad condicional tenía una condición que lo cambiaba todo: según el auto de los jueces de Vaud, la salida del centro se produciría el día en que las autoridades pudieran organizar su expulsión de Suiza. Es decir, no se le abría la puerta para que rehiciera su vida en territorio helvético, sino para que abandonara el país. El condenado, de acuerdo con su testimonio recogido en la comparecencia de septiembre de 2025, se opuso frontalmente a esa fórmula.
Sus argumentos, según el relato que él mismo expuso ante el tribunal, se apoyan en el tiempo transcurrido: llevaba 23 años fuera de Marruecos, su madre había fallecido y temía quedarse sin trabajo y sin red de apoyo en un país del que, supuestamente, llevaba más de dos décadas desvinculado. Su intención, según sus propias palabras, era continuar el tratamiento psiquiátrico en Suiza y regularizar su situación de residencia, para lo que había presentado una solicitud ante las autoridades de Ginebra.
La estrategia judicial: recurrir para seguir encerrado
El condenado no aceptó la libertad condicional y la recurrió. Su estrategia, según los expertos jurídicos consultados, consistía en mantener el régimen terapéutico institucional —es decir, seguir interno en el centro— antes que aceptar una libertad que lo abocaba a la deportación. La paradoja es evidente: el recurso no buscaba la libertad, sino la continuidad de una medida de internamiento que, en la práctica, lo protegía de un regreso que consideraba perjudicial para su salud y para sus posibilidades de reintegración.
La justicia de Vaud confirmó la decisión en mayo de 2026. El hombre acudió entonces al Tribunal Federal, según el escrito de recurso recogido por los medios, alegando que su liberación y posterior expulsión podían “perjudicar su salud y sus perspectivas de reinserción”.
El fallo del Tribunal Federal: no hay violación de derechos
El alto tribunal suizo desestimó el recurso. Según la sentencia dictada el 2 de octubre de 2026, los magistrados federales consideraron que la evolución médica del condenado, su comportamiento y los informes psiquiátricos justifican la libertad condicional, y que no procede mantenerlo interno contra las recomendaciones de los especialistas. El Tribunal Federal también rechazó que la vinculación de la libertad a la expulsión constituya, en sí misma, una violación de sus derechos fundamentales o del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según recoge el fallo.
La decisión no significa que el hombre haya quedado en libertad. Según el fallo, de acuerdo con la información disponible, permanece en un centro de régimen abierto a la espera de que se materialice el viaje. Sobre él pesa una orden de expulsión dictada en julio de 2014, y las autoridades marroquíes lo identificaron en octubre de 2021. Supuestamente, el documento de viaje puede emitirse una vez que se programe el vuelo, y mientras tanto sigue privado de libertad en un establecimiento abierto, con posibilidad de trabajar y de preparar su salida. El Tribunal Federal también le ha denegado la asistencia jurídica gratuita y le ha impuesto el pago de 1.200 francos suizos en costas judiciales.
El contexto: una expulsión que se demora y un debate de fondo
El caso ha trascendido a los medios suizos y marroquíes por su excepcionalidad, pero también porque según los expertos en extranjería consultados plantea cuestiones de fondo sobre la ejecución de las expulsiones y sobre el trato a los condenados extranjeros que han cumplido su pena o han superado las medidas terapéuticas. De acuerdo con la legislación suiza, la expulsión de un extranjero condenado por delitos graves es obligatoria en determinados supuestos, aunque el juez puede renunciar a ella de forma excepcional cuando la medida sitúe al afectado en una “situación personal grave” y los intereses públicos no prevalezcan sobre los privados. En este caso, según el Tribunal Federal, no se dan las circunstancias para esa excepción.
Mientras se ultiman los trámites para el vuelo, el condenado sigue en el centro, supuestamente, a la espera de un desenlace que él mismo ha intentado evitar por vía judicial. Su negativa a aceptar la libertad condicional tal y como está planteada ha convertido un caso de violencia de género en un laberinto jurídico en el que la paradoja —pedir seguir encerrado para no ser libre en otro país— ha terminado por definir el relato.
Nota de la redacción: La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir de las resoluciones judiciales del Tribunal Federal de Suiza y de los tribunales del cantón de Vaud, así como de las informaciones publicadas por La Gaceta, nichan.ma, Bladi.net, zaiocity.net y los medios suizos que cubrieron el proceso penal original. Dado que se trata de un caso judicial cerrado en vía federal pero con un procedimiento de expulsión aún pendiente de ejecución, algunos extremos —como la fecha exacta del vuelo, las gestiones concretas ante las autoridades marroquíes o la evolución de la situación personal del condenado— deben ser contrastados con la información que en su momento faciliten las autoridades competentes. Se recuerda, asimismo, que la sentencia que lo condenó es firme y que su situación actual deriva del cumplimiento de una medida terapéutica y de una orden de expulsión, no de una presunción de inocencia que ya ha sido desvirtuada por una resolución judicial definitiva.
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