Francia ha convertido el control de la inmigración irregular en una de sus principales prioridades policiales, pero los resultados de esa ofensiva administrativa revelan una brecha cada vez mayor entre la intensidad de la actuación policial y la eficacia real de las expulsiones. Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior francés, recogidos por este periódico, en 2025 se registraron 175.051 intervenciones policiales contra extranjeros en situación irregular, lo que supone un incremento del 19% respecto al año anterior y un 47% más que las 119.386 contabilizadas en 2022. La escalada es constante: en 2024 ya se habían alcanzado las 147.156 actuaciones, casi 28.000 menos que en el último ejercicio.
El perfil de las actuaciones: Argelia en el epicentro
El desglose por nacionalidades dibuja un mapa en el que el Magreb ocupa una posición central. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Extranjeros en Francia (DGEF) , los argelinos encabezan ampliamente las cifras, con 46.956 intervenciones durante 2025, equivalentes al 26,8% del total. Esa cifra representa un incremento del 39,1% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 33.754 actuaciones relacionadas con ciudadanos de esa nacionalidad. Les siguen los tunecinos, con 16.366 intervenciones (un 22% más que el año anterior), y los marroquíes, con 13.882 (un 7,1% más). En conjunto, los inmigrantes procedentes de Argelia, Túnez y Marruecos concentran más de 77.000 intervenciones policiales, aproximadamente el 44% de todas las registradas durante el año.
Entre las nacionalidades con mayores incrementos destacan también los eritreos, cuyas intervenciones aumentaron un 86,5%, hasta alcanzar las 7.145, los egipcios, con un crecimiento del 32,5% (4.083 actuaciones), y los pakistaníes, que llegaron a las 3.408, un 15,7% más que en el ejercicio anterior. Supuestamente, parte de ese aumento está relacionado con los cambios introducidos en los procedimientos de control fronterizo, especialmente después de una resolución del Consejo de Estado de febrero de 2024 que modificó la tramitación de determinadas entradas ilegales, según señalan las autoridades francesas citadas por el medio que difundió los datos.
La brecha de la expulsión: 175.000 actuaciones, 23.549 retornos
El dato más revelador no es el crecimiento de las intervenciones, sino su traducción en salidas efectivas del territorio. De acuerdo con el Ministerio del Interior francés, en 2025 se ejecutaron 23.549 retornos de extranjeros sin derecho de permanencia, un 11,1% más que el año anterior. De ellos, 14.133 correspondieron a expulsiones forzosas, mientras que el resto se distribuyó entre retornos asistidos y salidas espontáneas. Los argelinos también encabezaron las estadísticas de expulsión, con 2.433 casos, seguidos de los marroquíes, con 1.909, y los tunecinos, con 1.521.
La proporción es elocuente: por cada 175.000 intervenciones policiales, se materializaron poco más de 23.000 retornos. Es decir, supuestamente, la inmensa mayoría de las personas interceptadas en situación irregular no fueron expulsadas. Esa brecha entre la actuación policial y la ejecución de la expulsión es, según los expertos en política migratoria consultados, uno de los rasgos estructurales del sistema francés, y se explica en gran medida por la baja tasa de ejecución de las obligaciones de quitar el territorio (OQTF).
El laberinto de las OQTF: 67.000 órdenes en seis meses y un 11% de ejecución
Las cifras de las OQTF confirman esa disfunción. Según los datos de Eurostat correspondientes al primer semestre de 2026, Francia emitió más de 67.000 obligaciones de quitar el territorio a ciudadanos extracomunitarios, lo que la sitúa como el país de la Unión Europea que más decisiones de ese tipo pronuncia, muy por delante de Italia, que registró 9.575 en el mismo periodo. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones manejadas por el Senado francés y recogidas por diversos medios, el taux d’exécution de esas medidas se sitúa en torno al 10-11% , con un 10,6% en 2025.
Esa baja ejecución se traduce en un stock creciente de personas con una orden de salida que permanecen en el país. Según una estimación citada en el debate parlamentario francés, a 1 de enero de 2026 había aproximadamente 320.000 personas sujetas a una medida de alejamiento ejecutable pero no ejecutada. La paradoja es que Francia, siendo el país que más órdenes emite, es también uno de los que menos las ejecuta en proporción, lo que supuestamente alimenta un círculo vicioso: más órdenes, más personas en situación administrativa irregular, más intervenciones policiales y, de nuevo, más órdenes que no se materializan.
La sobrerrepresentación en la delincuencia: un debate con datos y con matices
El trasfondo de este debate es la sobrerrepresentación de la población extranjera en las estadísticas de delincuencia. Según el balance «Insécurité et délinquance en 2024» del Ministerio del Interior francés, citado en el debate parlamentario, las personas de nacionalidad extranjera, que representan alrededor del 8% de la población, constituyeron el 18% de los implicados en homicidios, el 37% en robos con allanamiento, el 14% en violaciones y tentativas de violación y el 22% en tráfico de estupefacientes. En el ámbito de los transportes públicos, según los datos del Servicio Estadístico Ministerial de Seguridad Interior (SSMSI) , los extranjeros representaron el 52% de los implicados en delitos contra bienes y personas en 2024, a pesar de constituir solo el 10,5% de la población en 2023.
Esos datos, de acuerdo con los análisis de los expertos consultados, deben interpretarse con cautela. Por un lado, reflejan una realidad estadística contrastada por las fuentes oficiales. Por otro, supuestamente, están condicionados por factores como la sobrerrepresentación de los extranjeros entre las personas detenidas en comparación con las denunciadas, la concentración de la delincuencia en determinados territorios y colectivos, y el hecho de que determinados delitos —como la entrada y estancia irregular— solo pueden ser cometidos por extranjeros, lo que según los especialistas infla mecánicamente su participación en las estadísticas penales. La correlación estadística, según advierten los investigadores, no equivale a una relación causal, y el debate sobre sus causas —que van desde la precariedad y la falta de integración hasta los sesgos en la actuación policial— sigue abierto.
La respuesta legislativa: más retención y un giro restrictivo
El Gobierno francés ha tratado de responder a esa brecha con un endurecimiento normativo. Según recoge el debate parlamentario, el Senado validó en junio de 2026 la extensión de la duración máxima de la retención administrativa a 210 días para los extranjeros en situación irregular considerados peligrosos para el orden público, una medida que supuestamente busca facilitar la ejecución de las expulsiones y evitar que las personas bajo OQTF queden en libertad sin control. La medida se enmarca en un contexto europeo de giro restrictivo, con el nuevo Reglamento de Retornos de la UE que prevé centros en terceros países y plazos de detención ampliados.
Sin embargo, según los críticos de estas políticas, el endurecimiento de la retención no resuelve el problema de fondo: la falta de acuerdos de readmisión efectivos con los países de origen y la resistencia de muchos de ellos a aceptar el retorno de sus nacionales. Argelia, cuyo gobierno mantiene una relación tensa con Francia en materia migratoria, es el ejemplo más claro: es el país que concentra el mayor número de intervenciones y de OQTF, pero también uno de los que menos colabora en la ejecución de las expulsiones, lo que supuestamente explica que solo 2.433 argelinos fueran efectivamente retornados en 2025 frente a las casi 47.000 intervenciones que les afectaron.
El contexto político: la inmigración como eje del debate
La publicación de estos datos se produce en un momento de máxima polarización política en Francia, donde la inmigración se ha convertido en el eje central del debate público de cara a las próximas citas electorales. Aunque el Ministerio del Interior no establece relaciones causales en sus estadísticas, los partidos de la oposición de derecha y extrema derecha, supuestamente, utilizan las cifras de sobrerrepresentación y de fracaso de las expulsiones para exigir un endurecimiento aún mayor de la política migratoria, mientras que el Gobierno defiende que la actuación policial se ha intensificado y que las expulsiones han aumentado un 11% en el último año.
Lo que los datos dejan claro, de acuerdo con la información disponible, es que la intensificación de la actuación policial no se ha traducido en un aumento proporcional de las salidas efectivas, y que la brecha entre las 175.000 intervenciones y los 23.549 retornos supuestamente seguirá siendo uno de los principales puntos de fricción del debate migratorio francés y europeo. La eficacia de la política de retornos no depende solo de lo que ocurre en el interior de las fronteras, sino también de la voluntad de los países de origen de aceptar a sus nacionales, un factor que Francia no controla y que, según los analistas consultados, seguirá limitando el impacto real de cualquier endurecimiento normativo.
Nota de la redacción: La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir de los datos publicados por el Ministerio del Interior francés, la Dirección General de Extranjeros en Francia (DGEF), el Servicio Estadístico Ministerial de Seguridad Interior (SSMSI), Eurostat y los debates parlamentarios recogidos en la Asamblea Nacional y el Senado franceses, así como de las informaciones difundidas por La Gaceta, LNR, TSA, Fibladi, Pappers Politique y otros medios que han seguido la evolución de las estadísticas migratorias y de seguridad en Francia. Conviene precisar que las cifras de «intervenciones policiales» contabilizan actuaciones por situación administrativa irregular y no necesariamente personas, y que las estadísticas de sobrerrepresentación en la delincuencia miden a los «implicados» (personas puestas a disposición judicial o policial), no a los condenados, por lo que no equivalen a una relación causal entre inmigración y criminalidad. Algunos porcentajes varían ligeramente según la fuente y el periodo analizado. Las afirmaciones atribuidas a actores políticos y a expertos son declaraciones públicas y no hechos probados judicialmente.
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