La diputada por Palencia declara cinco inmuebles y más de 827.000 euros en activos financieros mientras defiende que el acceso a la vivienda es «un bien de primera necesidad». La publicación de sus bienes coincide con la dimisión de la portavoz Montse Mínguez por el ‘caso de los 30 pisos’ de su pareja.
La declaración de bienes y rentas de la diputada socialista por Palencia Luz Martínez Seijo, registrada en el Congreso el pasado 17 de junio de 2026, ha vuelto a poner el foco sobre la distancia entre el discurso público del PSOE en materia de vivienda y el patrimonio de algunos de sus representantes. Según el documento oficial, la parlamentaria posee cinco viviendas —una en Guardo y cuatro en Valladolid—, además de tres garajes y una cartera de activos financieros que asciende a 827.557,03 euros.
La cifra financiera se desglosa en varios productos: una cartera gestionada de 365.165 euros, un fondo de inversión de 186.552 euros, 169.951 euros en una cuenta de BBVA Ahorro Empresas, y dos planes de pensiones que suman 76.777 euros, entre otros saldos menores. A ello se suma una retribución anual estimada de 94.946,32 euros, según el cálculo de Transparencia para 2026, que incluye su salario parlamentario y la indemnización mensual para gastos.
Una contradicción en plena ofensiva por la vivienda
El caso trasciende la anécdota patrimonial porque llega en un momento de máxima sensibilidad política. El PSOE ha convertido la crisis de acceso a la vivienda en uno de sus ejes centrales de cara a las elecciones del 29-N, y la propia Martínez Seijo ha defendido públicamente esa posición: «Nosotros lo consideramos como un bien de primera necesidad», ha afirmado la diputada, en declaraciones recogidas por varios medios.
Sin embargo, la publicación de su declaración coincide con el terremoto interno provocado por la dimisión de Montse Mínguez, portavoz socialista en el Congreso, después de que se conociera que su pareja gestiona un holding inmobiliario con una treintena de viviendas en alquiler y que habría ejecutado desahucios. La salida de Mínguez, calificada por el PP como una demostración de que «tenía un discurso incendiario contra quien poseía alguna vivienda» mientras su entorno acumulaba propiedades, ha dejado al partido en una posición delicada para defender su política de vivienda sin que la oposición le recuerde sus propios patrimonios.
No es un caso aislado en el grupo socialista
El de Martínez Seijo no es el único ejemplo que maneja la oposición. En el punto de mira también está Vicent Sarrià, portavoz adjunto de Vivienda del PSOE en el Congreso, cuya declaración de bienes, fechada en agosto de 2023, recoge cinco pisos, una parcela agrícola y una participación en una portería. Sarrià fue concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Ayuntamiento de Valencia, lo que refuerza la contradicción entre su responsabilidad política y su patrimonio inmobiliario.
Un análisis de las declaraciones de los 121 diputados socialistas, publicado por Público y contrastado con el Portal de Transparencia del Congreso, revela que el 19% del grupo (23 diputados) declara tres o más viviendas, y que entre todos acumulan 207 inmuebles. El caso más extremo es el de María Mercè Perea i Conillas, diputada por Barcelona, que declara 13 viviendas y percibe 18.415 euros anuales en rentas de alquiler, además de su salario público.
La diputada desmiente parte de la información
Martínez Seijo ha reaccionado a la difusión de estos datos en redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, la diputada ha calificado de «panfleto» la información que circula sobre el número de viviendas de diputados progresistas y ha asegurado que, en su caso, es «FALSO». «Solo los que tienen interés en seguir especulando con la vivienda son los que disparan contra todo», ha escrito, sin ofrecer por el momento una explicación detallada sobre las discrepancias entre su declaración oficial y su desmentido.
Un debate que excede a una declaración
El caso de Luz Martínez Seijo ilustra un problema de fondo que afecta a la credibilidad del debate político sobre la vivienda. La declaración de bienes es un documento público, obligatorio y verificable, y sus cifras —cinco inmuebles y más de 827.000 euros en activos— no son una interpretación interesada, sino un dato registrado ante el Congreso. La cuestión que subyace no es tanto si una diputada puede tener un patrimonio elevado, sino si ese patrimonio es compatible con la defensa de políticas que, precisamente, buscan corregir las desigualdades en el acceso a la vivienda. Un dilema que el PSOE tendrá que gestionar en plena precampaña, con el 29-N en el horizonte y con el ‘caso Mínguez’ aún muy reciente.
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