La tensión en Ceuta no da tregua. El pasado martes, un ciudadano marroquí fue detenido por la Policía Nacional tras abalanzarse con un arma blanca contra un militar en la zona comprendida entre Benzú y la playa del Trampolín, uno de los epicentros de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde finales de julio. El incidente, que se produjo alrededor de las nueve de la noche cuando una patrulla militar trataba de disolver una reyerta callejera, fue resuelto sin que el efectivo resultara herido de gravedad gracias a la rápida intervención de los soldados, que redujeron al agresor antes de que la situación derivara en tragedia.
Sin embargo, lo que podría haberse saldado como un episodio aislado se inscribe, en realidad, en una preocupante espiral de violencia que viene denunciando desde hace días la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Según ha podido saber este periódico, los ataques a las Fuerzas Armadas desplegadas en la ciudad se han convertido en una constante, y las agresiones van más allá de los cuchillos y las amenazas.
Emboscadas, pedradas y gas pimienta: el día a día de los militares
Fuentes consultadas en el seno de ATME confirman que los episodios de violencia se suceden sin descanso. El pasado domingo 6 de septiembre, un militar del Grupo de Regulares N.º 54 fue atacado en las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil, sufriendo una luxación de codo que requirió asistencia médica. Tan solo unas horas después, en la madrugada del lunes 7, un legionario que patrullaba por la conflictiva barriada de El Príncipe fue agredido con gas pimienta. Ambos agresores, también de origen marroquí, fueron detenidos.
Pero los episodios más graves se han registrado en la propia playa del Trampolín. Durante el desmantelamiento de un asentamiento en terreno militar, efectivos del Regimiento de Ingenieros N.º 7 (RING-7) se toparon con una emboscada: fueron recibidos con cuchillos y amenazas, para después ser sometidos a un apedreamiento masivo en el que participaron entre 40 y 50 personas. La llegada de los GRS de la Guardia Civil logró calmar la situación y se identificó a 22 de los participantes. «Los apedreamientos son continuos», explican fuentes militares, que señalan que los ataques se producen, en muchos casos, como represalia por el desmantelamiento de los campamentos improvisados donde se han llegado a decomisar todo tipo de armas artesanales.
«Ley del silencio» y autorización para usar armas de fuego
Ante esta escalada, el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, ha alzado la voz para denunciar lo que califica como una «ley del silencio no escrita» que, según la asociación, pretende «no informar y silenciar» las agresiones a los miembros de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma. «No toleraremos este extremo», ha advertido Gómez, animando a los militares a denunciar todos los incidentes.
La gravedad de la situación ha llevado a las autoridades a tomar medidas. Desde el pasado 1 de septiembre, los militares desplegados en Ceuta tienen autorización para portar y utilizar sus armas de fuego como mecanismo de legítima defensa. No obstante, fuentes cercanas a las tropas confiesan que existe cierta inquietud entre los efectivos a la hora de hacer uso de esta prerrogativa, por temor a las posibles consecuencias legales posteriores.
Mientras tanto, la tensión en las calles de Ceuta no cesa. Las noches se convierten en un polvorín, con un sinfín de llamadas de vecinos denunciando disturbios en barriadas como Los Rosales o El Príncipe. El detenido por el ataque del martes en la playa del Trampolín ya ha sido puesto a disposición judicial, pero el problema de fondo —la presión migratoria y la falta de recursos para gestionar una crisis que se cronifica— sigue sin resolverse, dejando a los militares en el punto de mira de una violencia que no cesa.
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