El ministro Óscar Puente firma una orden al amparo de la Ley de Puertos para ocupar 16.000 metros cuadrados en el muelle de Poniente. La Ciudad Autónoma tilda la decisión de «error grave» y los empresarios alertan del riesgo para una infraestructura «estratégica».
El pulso institucional entre el Gobierno de España y la Ciudad Autónoma de Ceuta por la gestión de la crisis migratoria ha estallado este fin de semana con una decisión sin precedentes. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control de parte del puerto de Ceuta y autorizar la instalación de un campamento temporal con capacidad para más de 1.000 migrantes. La medida se produce apenas 24 horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, controlado por la ciudad autónoma, rechazara por 11 votos a favor y 4 en contra la cesión de los terrenos.
La resolución, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, permite a la Secretaría de Estado de Migraciones ocupar temporalmente una superficie de 16.000 metros cuadrados en la Ampliación de Poniente, Fase I. Allí se instalarán carpas y espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, áreas para atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal y una caseta de seguridad. El campamento tendrá, en principio, fecha de caducidad: podrá permanecer en funcionamiento hasta el próximo 31 de diciembre.
«Razones de interés general» frente al rechazo local
El argumento esgrimido por el Ejecutivo central para justificar la intervención es la «excepcionalidad de la situación en Ceuta» y la existencia de «razones de interés general de especial relevancia, vinculadas a la protección de la Seguridad Nacional, la preservación de la seguridad pública, la adecuada atención a las personas afectadas por la situación de crisis y la protección de la estabilidad económica y social de la ciudad».
Puertos del Estado ya ha emitido un informe en el que advierte de que la ocupación puede «incrementar determinados riesgos» relacionados con la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y la propia operativa portuaria. No obstante, el informe concluye que «concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto».
Ceuta tilda la decisión de «error grave»
La reacción del Gobierno de la Ciudad Autónoma no se ha hecho esperar. El presidente Juan Vivas ha calificado la decisión de «error grave», argumentando que el puerto es una «infraestructura crítica» cuya ocupación puede comprometer el suministro eléctrico y la actividad portuaria. «Esta celeridad que se están dando en buscar alojamiento para los inmigrantes se la deberían dar en la devolución de estas personas que entraron desde Marruecos, esa es la prioridad. Será la última forma de que Ceuta recupere la normalidad», ha denunciado el Gobierno ceutí.
Vivas, que siempre se ha posicionado del lado de las reivindicaciones vecinales, ha visto cómo el Gobierno central ejecutaba una maniobra directa para hacer valer el real decreto que permite ocupar espacios consensuados para concentrar a los inmigrantes. Desde el Ejecutivo central, en cambio, insisten en que todo lo que se ocupará fue acordado previamente con la Ciudad, una afirmación que el Gobierno de Vivas rechaza frontalmente.
Los empresarios respaldan el rechazo al campamento
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha mostrado su «respaldo firme y sin reservas» a la decisión de la Autoridad Portuaria y ha reclamado al Gobierno que la respete. En un comunicado, la patronal ha insistido en que el puerto «no es un espacio disponible para resolver de forma coyuntural una situación que corresponde abordar a las administraciones mediante otras alternativas».
La CECE subraya que se trata de una infraestructura esencial y estratégica para la actividad económica, logística y comercial de Ceuta, en la que desarrollan su actividad numerosas empresas, trabajadores y operadores vinculados al transporte marítimo y la logística. Su plena operatividad exige preservar sus espacios y garantizar las condiciones de seguridad y movilidad necesarias.
Un nuevo campamento en un contexto de saturación
La instalación en el puerto se suma a los trabajos ya en marcha para la construcción de nueve carpas con capacidad para unos 900 migrantes detrás de la antigua prisión de Ceuta, en Los Rosales. El objetivo del Gobierno es alcanzar las 6.000 plazas de acogida en la ciudad, sumando también terrenos del Ministerio de Vivienda y el acuartelamiento K-8.
La decisión del Ministerio de Transportes llega en un contexto de máxima presión migratoria. La ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad desde la entrada masiva de cerca de 80.000 personas a finales de julio. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra desbordado, y cientos de personas continúan durmiendo en la calle. El Gobierno central, a través del mando único coordinado por Ángel Víctor Torres, ha acelerado la búsqueda de espacios para retirar a los migrantes de las calles.
Un choque institucional con recorrido judicial
La orden ministerial, que podrá ser recurrida mediante recurso de reposición o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, abre un nuevo frente en las ya tensas relaciones entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Ceuta. Mientras la Ciudad Autónoma estudia los pasos a seguir, el campamento del puerto de Ceuta se perfila como el próximo gran foco de controversia en la gestión de una crisis que mantiene en vilo a la ciudad desde hace más de un mes.
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