a ofensiva de Vox para que el Congreso de los Diputados active el artículo 102 de la Constitución y juzgue a Pedro Sánchez por un presunto delito de traición ha chocado este martes con el rechazo frontal del Partido Popular. El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha calificado la iniciativa de la formación de Santiago Abascal como «fuegos de artificio en un momento en el que estamos para cosas más grandes y cosas más importantes», cerrando así cualquier posibilidad de que la propuesta prospere en la Cámara Baja.
El cerco constitucional que Vox no puede atravesar en solitario
La propuesta de Vox se sustenta en el artículo 102.2 de la Constitución, que regula la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de los ministros por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos. El precepto establece que, cuando la acusación es por traición o por delitos contra la seguridad del Estado, la iniciativa debe partir de una cuarta parte de los miembros del Congreso —88 diputados— y ser aprobada posteriormente por mayoría absoluta, es decir, al menos 176 votos. Vox, que cuenta con 33 escaños en la Cámara Baja, necesita el respaldo del PP —137 diputados— para siquiera superar el primer umbral. Incluso sumando ambas fuerzas, alcanzarían 170 escaños, insuficientes para la mayoría absoluta final.
Abascal fundamenta la acusación en la crisis migratoria de finales de julio en Ceuta, cuando más de 72.000 personas entraron irregularmente en la ciudad autónoma. El líder de Vox sostiene que el Gobierno tenía «conocimiento previo» de lo que iba a ocurrir y «no ha hecho nada para impedirlo». Desde la tribuna del Congreso, Abascal ha llegado a calificar a Sánchez como «traidor a España, traidor a los españoles, traidor a los ceutíes», y le ha acusado de ser el «embajador de Marruecos en España» y de rendir pleitesía a Mohamed VI.
La estrategia de Feijóo: tribunales, no Parlamento
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya se había desmarcado de la iniciativa de Vox en agosto, cuando en una entrevista a Europa Press rechazó la idea de acusar de traición a Sánchez ante el Tribunal Supremo. En aquel momento, Feijóo recordó que existe «una investigación, unas diligencias previas en un juzgado de la Audiencia Nacional que está estudiando qué es lo que ha ocurrido».
Durante el Pleno extraordinario del Congreso del pasado jueves, Feijóo elevó el tono de sus acusaciones y advirtió a Sánchez: «La va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas». El líder del PP subrayó que el PP ya se ha personado en la Audiencia Nacional y deslizó que la crisis de Ceuta tiene «recorrido judicial» para llegar al Tribunal Supremo.
Dos estrategias, un mismo objetivo
Lo que Génova no ve, de momento, es el procedimiento constitucional que Vox reclama. La diferencia táctica entre ambos partidos es significativa: mientras Vox apuesta por un juicio político en el Parlamento que requeriría el respaldo de una mayoría cualificada, el PP confía en que la vía judicial —las diligencias previas ya abiertas en la Audiencia Nacional— pueda derivar eventualmente en el Tribunal Supremo al implicar a aforados del Gobierno.
Feijóo ha evitado secundar la petición de Abascal, pero comparte con Vox el diagnóstico de fondo: que el Gobierno conocía los informes de Inteligencia sobre el riesgo de una entrada masiva y no actuó para impedirla. El líder popular ha reprochado a Sánchez que haya «mentido todo el tiempo» sobre este asunto y ha cargado contra el PSOE por buscar «desacreditar los informes» de la Policía.
Un escenario de confrontación sin mayoría
La negativa del PP deja a Vox sin la capacidad de impulsar la iniciativa en el Congreso. La formación de Abascal ha hecho un «llamamiento expreso al resto de fuerzas políticas para que permitan la apertura del procedimiento», pero las posibilidades de alcanzar los 88 diputados necesarios son escasas sin el concurso de los populares.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una oposición que, aunque dividida en la táctica, coincide en señalar al Ejecutivo como responsable de lo ocurrido en Ceuta. La pregunta que planea sobre el debate es si la estrategia judicial del PP logrará lo que su rechazo a la vía parlamentaria de Vox ha impedido: sentar al presidente del Gobierno en el banquillo.
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