La avalancha de más de 80.000 personas el 30 de julio ha dejado una herida abierta en la ciudad autónoma: entre 5.000 y 9.000 migrantes siguen en la calle, el sistema sanitario permanece colapsado y el Gobierno central ha tardado 26 días en nombrar un mando único para coordinar la respuesta
Ceuta amaneció el 30 de julio sin saber que aquella jornada marcaría un antes y un después en su historia. Cuatro semanas después, la ciudad autónoma sigue inmersa en una crisis que ha puesto a prueba sus estructuras sociales, sanitarias y políticas. Lo que comenzó como una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos se ha convertido en un desafío de Estado que aún no encuentra solución.
Las cifras de un mes de infarto
La magnitud del fenómeno sigue siendo objeto de debate. El Ministerio del Interior cifró inicialmente en 50.000 el número de migrantes que cruzaron la frontera entre la mañana del 30 de julio y la madrugada del día siguiente. Sin embargo, las estimaciones posteriores elevaron la cifra hasta las 72.000 personas, aunque fuentes policiales hablan de 80.000. En cualquier caso, una cantidad cercana al total de la población censada en la ciudad autónoma, que ronda los 83.595 habitantes.
El retorno de cerca de 48.000 migrantes a Marruecos durante las primeras 24 horas dio pie a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diese casi por resuelta la crisis. Pero la realidad sobre el terreno era muy distinta. A día de hoy, el Ejecutivo estima que en la ciudad autónoma permanecen unos 5.000 migrantes, de los cuales cerca de 2.000 son menores. Otras fuentes elevan la cifra hasta los 9.000.
El dato más alarmante es el de los menores no acompañados. Aunque Save The Children cifró inicialmente en 1.100 el número de niños migrantes, una semana después la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, elevó la cifra a 1.342. Un segundo recuento de la misma organización habla ya de 4.000 menores migrantes, una cifra que contrasta radicalmente con la estimación gubernamental. La capacidad de acogida en la ciudad autónoma llegó a situarse en una saturación del 2.600%.
Un mapa de la desesperación
Ante el desbordamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ya superaba su capacidad antes del 30 de julio, el Gobierno ha habilitado espacios improvisados por toda la ciudad. La playa del Trampolín se convirtió en el símbolo del colapso, con miles de personas viviendo en chabolas en condiciones de insalubridad extrema. Polígonos industriales, colegios y terrenos militares han tenido que ser acondicionados como localizaciones temporales de acogida.
El sistema sanitario, por su parte, ha vivido semanas de auténtica tensión. Aunque el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria reforzó su personal de 7 a 19 efectivos desde el primer momento, la ministra de Sanidad, Mónica García, negó en su comparecencia la existencia de colapso. «La mitad del hospital está ocupado, eso no es un colapso», llegó a afirmar.
Los profesionales sanitarios de la ciudad han desmentido categóricamente esta versión. Rosa Fuentes, presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, ha denunciado que «estamos desbordados y en un estado de agotamiento y cansancio físico extremo». Las carencias abarcan desde la falta de vacunas hasta la escasez de personal tanto para el cuidado de los migrantes como para las labores forenses.
La batalla política por los menores
La crisis de los menores no acompañados se ha convertido en uno de los frentes más enconados. La Fiscalía General salió en defensa de las iniciativas de la ministra Rego, anunciando que actuaría contra aquellos territorios que rechacen el reparto de menores. Apenas 24 horas después, los vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón —todos de Vox— mostraron su rechazo a la medida, alegando la saturación de sus propios territorios.
Un Gobierno dividido y un mando único que llega tarde
La crisis también ha evidenciado las grietas en el seno del Ejecutivo. La fisura se hizo pública en el Congreso de los Diputados, donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que los servicios de inteligencia sí hicieron su trabajo transmitiendo la información que se conocía sobre el salto. Robles admitió que «el día 29 esos funcionarios (del CNI) que están allí (Ceuta) trasladan y dan cuenta en la Delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado». La ministra pidió disculpas a los ceutíes.
Frente a esta versión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en el mismo escenario que «no había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció». «No hay ningún informe de que una situación como la del día 30 hubiera podido surgir», había afirmado anteriormente.
El Gobierno tardó 26 días en establecer un mando único en Ceuta, designando al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para coordinar la gestión de la crisis. Torres ha reconocido que la solución no será inmediata y que la habilitación de espacios para acoger a los migrantes llevará «meses».
La lentitud burocrática lastra las devoluciones
El principal escollo a día de hoy es la velocidad de tramitación de los expedientes de repatriación. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que «la Policía Nacional tramita entre 25 y 30 expedientes al día. A este ritmo no saldrían de Ceuta por lo menos en un año». Aunque Torres anunció la creación de 2.000 plazas más para la acogida, los procesos siguen siendo excesivamente lentos.
El pasado viernes, Grande-Marlaska respondió formalmente a una carta de la Comisión Europea solicitando el despliegue de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE (EUAA). La petición busca reforzar con diez agentes adicionales las labores de triaje e identificación telemática, además de prorrogar la Operación Minerva para acelerar los expedientes.
Una ciudad herida pero en pie
«Ceuta está en la UCI, pero se mantiene en pie y no se rinde», declaró Vivas hace unos días. La ciudad ha vivido semanas de protestas vecinales, quema de chabolas y enfrentamientos verbales entre quienes exigen la devolución inmediata de los migrantes y quienes defienden un enfoque humanitario. La tensión social crece cada día.
El presidente de la Ciudad Autónoma ha sido especialmente duro con la gestión del Gobierno central. «Me duele muchísimo decirlo, pero los primeros días de agosto, el Gobierno pretendió maquillar la realidad de Ceuta», afirmó.
Mientras tanto, la normalidad sigue sin regresar. Los migrantes que permanecen en la ciudad vagan por las calles sin medios para sobrevivir, a la espera de la tramitación de su expediente. El Gobierno insiste en que su objetivo es el retorno de todos los migrantes dentro de los márgenes de la ley, un proceso que, según reconocen fuentes oficiales, lleva su tiempo.
Cuatro semanas después del 30 de julio, Ceuta sigue siendo una ciudad herida. La pregunta que sobrevuela el ambiente es si las medidas adoptadas —el mando único, la solicitud de ayuda europea, los refuerzos policiales— llegarán a tiempo para evitar que la crisis se cronifique. O si, por el contrario, la ciudad autónoma tendrá que convivir durante meses con las consecuencias de aquella jornada que lo cambió todo.
Más historias
La crisis de Ceuta evidencia la falta de coordinación de los ministerios especializados del Gobierno
La asociación Núcleo Nacional presenta una querella criminal contra Pablo Iglesias y Canal Red por un presunto delito de odio
Gibraltar anuncia la construcción de 2.300 viviendas sobre 47.000 metros cuadrados ganados al mar en aguas disputadas con España