Los agentes solicitaron al juez Pedraz autorización para intervenir billeteras virtuales durante los registros en Tubos Reunidos y otras empresas vinculadas al rescate de 112,8 millones
Madrid, 22 de agosto de 2026 – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto una nueva vía de investigación en la macrocausa que salpica a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): la posibilidad de que los principales investigados, agrupados en el denominado clan Hirurok, hayan ocultado parte de su presunto botín en criptomonedas. Los agentes ya han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz autorización expresa para acceder, analizar y, en su caso, intervenir billeteras digitales y plataformas de intercambio de criptoactivos durante los registros practicados.
El oficio del 2 de junio: una petición que anticipaba el rastro digital
La investigación se remonta al pasado 2 de junio de 2026, fecha en la que la UCO firmó un oficio dirigido al juez Pedraz en el que solicitaba el registro de varias empresas, entre ellas Tubos Reunidos en Bilbao. En aquel documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los agentes ya advertían de que los investigados podrían haber utilizado criptomonedas como vía de ocultación patrimonial.
El texto del oficio es revelador: «En lo que respecta a criptomonedas, criptodivisas o cualquier tipo de moneda o activo virtual, se solicita autorización judicial para el acceso, visionado y análisis de las diferentes plataformas (exchanges), que se localicen en los dispositivos informáticos hallados durante la entrada y registro». Además, los agentes pidieron poder transferir los fondos -tanto en criptomoneda como en moneda FIAT- a billeteras controladas por la propia UCO para garantizar su custodia y aseguramiento.
El clan Hirurok: «nosotros tres» en el centro de la tormenta
El foco de la investigación se sitúa en el llamado clan Hirurok -que en euskera significa «nosotros tres»-, integrado por Leire Díez, exmilitante socialista y exdirectora de la Guardia Civil; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI; y el empresario Antxon Alonso. Los tres, vinculados al PSOE, son investigados por presuntamente haber cobrado comisiones ilegales a cambio de influir en adjudicaciones públicas y rescates empresariales gestionados por la SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.
El modus operandi del clan habría consistido en licitar contratos y ayudas públicas a dedo, obteniendo réditos económicos a través de empresas interpuestas. La pieza central de la trama es el rescate de 112,8 millones de euros que la SEPI concedió en julio de 2021 a Tubos Reunidos en el marco del fondo estatal de rescate empresarial (Fasee) aprobado durante la pandemia.
Un entramado que se ramifica: del PNV a las cuentas opacas
La investigación ha ido ganando complejidad con el paso de los meses. La UCO ha incorporado al sumario mensajes y reuniones entre miembros del clan Hirurok y dirigentes del PNV, que supuestamente facilitaron el rescate de la empresa vasca. Según los investigadores, la trama habría cobrado comisiones por valor de al menos 114.950 euros por lograr la inyección de capital público a Tubos Reunidos.
Pero la nueva línea de investigación sobre criptomonedas apunta a que el volumen real del botín podría ser muy superior y que parte de esos fondos podrían haber sido desviados a activos digitales de difícil trazabilidad. La UCO ha rastreado y analizado más de 500 cuentas bancarias vinculadas a los socios y miembros del clan, aunque los criptoactivos escapan en gran medida a los mecanismos tradicionales de control financiero.
El desafío técnico y jurídico de las criptomonedas
La solicitud de la UCO al juez Pedraz refleja los desafíos técnicos y jurídicos que plantea la investigación de activos digitales. Los agentes pidieron autorización para intervenir no solo las plataformas exchanges, sino también discos duros, nubes de almacenamiento, servidores remotos y cuentas digitales.
El oficio especifica además que, una vez asegurados los fondos, las billeteras virtuales creadas por la Guardia Civil -tanto hardware wallets como las denominadas cold wallets o billeteras frías- quedarían a disposición de la autoridad judicial. Fuentes jurídicas consultadas señalan que este tipo de investigaciones suelen requerir cooperación internacional, ya que los exchanges pueden estar ubicados en otros países y sujetos a legislaciones distintas.
Una macrocausa en expansión
El ‘caso SEPI’, que ya ha derivado en registros, imputaciones y una macrocausa que podría involucrar a decenas de personas, no deja de crecer. El juez Pedraz investiga también a ocho directivos de la SEPI por su presunta implicación en el rescate de Tubos Reunidos, mientras la UCO continúa analizando los pagos millonarios que recibieron empresas instrumentales como Servinabar y Mediaciones Martínez.
La irrupción de las criptomonedas en el sumario abre un nuevo frente que podría complicar aún más la instrucción. Los investigadores creen que el uso de activos digitales encaja con el patrón de actuación del clan Hirurok, que habría buscado ocultar las mordidas y pagos ilícitos tras la aparente opacidad de las criptodivisas. El juez Pedraz tendrá ahora que decidir si autoriza las medidas solicitadas por la UCO, mientras la macrocausa sigue su curso en la Audiencia Nacional.
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