Judith Laure Wells Sutton, funcionaria de Presidencia desde 2018, compartía despacho en Ferraz con Gertrudis Alcázar, la secretaria investigada como “pieza operativa esencial” de la trama
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha identificado a una segunda trabajadora de la Oficina del Expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo salario corre a cargo de Presidencia del Gobierno desde 2018. Se trata de Judith Laure Wells Sutton, funcionaria de la Administración del Estado que compartía despacho en el número 35 de la calle Ferraz —a escasos metros de la sede federal del PSOE— con Gertrudis Alcázar, la secretaria personal de Zapatero señalada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como “pieza operativa esencial” dentro de la presunta organización criminal que se investiga en el marco del caso Plus Ultra.
La identidad de Wells Sutton figura en el acta del registro practicado por la UDEF el pasado 19 de mayo en la oficina que ambas compartían, según la documentación a la que ha tenido acceso El Debate. En dicho registro, los agentes intervinieron dos cuentas de correo electrónico alojadas en el ordenador utilizado por Wells que estaban vinculadas directamente al PSOE, así como una carpeta denominada “Portal Corporativo PSOE” y hasta tres direcciones de correo institucionales del partido.
Una oficina sostenida con fondos públicos
La Oficina del Expresidente, sufragada por el Estado conforme al Real Decreto 405/1992, dispone de una asignación para una oficina y dos asistentes. En el caso de Zapatero, ese cupo lo integran Gertrudis Alcázar y Judith Wells, ambas pagadas por Presidencia del Gobierno. A ello se suma José Miguel Vidal Zapatero, primo del expresidente y jefe de gabinete de su oficina, cuyo puesto —con nivel 30, el más alto de la Administración del Estado— tiene un coste anual para las arcas públicas cercano a los 90.000 euros. Fue precisamente en el despacho de Vidal Zapatero donde los agentes localizaron una caja fuerte con una veintena de joyas y relojes cuya procedencia sigue siendo objeto de diligencias judiciales.
Wells Sutton, según la resolución de Presidencia a la que ha accedido El Debate, forma parte del personal puesto a disposición de Zapatero desde 2018 con cargo a los presupuestos públicos. La revelación amplía la conexión entre los recursos del Estado asignados al expresidente y el lugar registrado por la Policía, que el juez Calama ha situado en el centro de operaciones de la trama investigada.
El caso Plus Ultra y la estructura de la red
La investigación judicial, que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, sitúa a Zapatero en la cúspide de una estructura jerarquizada dedicada presuntamente al tráfico de influencias. En el auto de 87 páginas del magistrado Calama, el expresidente es descrito como “quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel”. En un segundo nivel se sitúa Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante, presunto hombre de paja de Zapatero y responsable de la captación de clientes. En la base de la pirámide estarían las trabajadoras de la oficina, entre ellas Gertrudis Alcázar y la propia Judith Wells.
El origen de la causa se remonta al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI en marzo de 2021. Según la UDEF, la red habría facilitado el acceso de los directivos de la compañía a decisores públicos y habría conocido la concesión de la ayuda antes de que el Consejo Gestor la aprobara oficialmente.
El uso de fondos públicos no se limitaría al pago de las asistentes. La documentación intervenida detalla multitud de viajes de negocios de Zapatero —incluidos vuelos, alojamiento y desplazamientos de sus escoltas— financiados con cargo al presupuesto del Ministerio de Presidencia. Los investigadores consideran que este uso de recursos del Estado en beneficio propio podría constituir un delito de malversación de caudales públicos, en concurso con el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales que ya se le imputan al expresidente.
Reacciones y situación procesal
Por el momento, ni la Oficina del Expresidente ni Presidencia del Gobierno han ofrecido una explicación pública sobre la identidad de Wells Sutton o sobre las cuentas de correo del PSOE halladas en su ordenador. El Ejecutivo se ha remitido en sede parlamentaria al Real Decreto 405/1992 cuando ha sido preguntado por determinados gastos vinculados a la oficina de Zapatero.
La defensa del expresidente ha solicitado a la Audiencia Nacional que excluya de la causa los informes de la UDEF relativos a sus negocios en Bolivia, alegando una “investigación prospectiva”, mientras que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a algunas de esas pretensiones. Zapatero, imputado desde hace casi cuatro meses, no ha aportado hasta la fecha prueba documental alguna que acredite la legalidad del origen de las joyas intervenidas en su oficina. Tanto Wells como Alcázar facilitaron a los investigadores las claves de acceso a los ordenadores durante el registro, según consta en las actas policiales.
El expresidente mantiene su derecho a la presunción de inocencia. La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional y el magistrado Calama continúa practicando diligencias para determinar el alcance de la participación de todo el personal de la oficina de Ferraz en la estructura investigada.
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