con la entrada irregular de más de 72.000 personas en apenas 48 horas— ha convertido a la ciudad autónoma en el epicentro del debate político y en el principal campo de batalla discursivo de la ultraderecha. Vox, lejos de moderar su posición, ha endurecido sus exigencias al Gobierno y ha llevado al Congreso un paquete de medidas que incluye el despliegue inmediato del Ejército y la Armada, la expulsión sin excepciones de todos los inmigrantes en situación irregular —incluidos menores no acompañados— y la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos.
«Invasión» y no «crisis migratoria»
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha empleado prácticamente la totalidad de sus 15 minutos de intervención en el Congreso para insistir en una palabra: «traición». «Traidor a España, traidor a los españoles, traidor a los ceutíes», ha lanzado desde la tribuna, para acto seguido cuestionar al presidente del Gobierno: «Si fue un ataque, ¿quién nos atacó?».
Para Abascal, lo ocurrido en Ceuta no admite matices: «Una avalancha humana lanzada sobre un territorio que el agresor reclama como suyo tiene un nombre en todos los idiomas y a lo largo de todos los siglos, y ese nombre es invasión». «Nadie llama migración, salvo Sánchez, a la entrada coordinada de más personas que habitantes tiene Ceuta», ha rematado. En la misma línea, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha sido taxativo: «No es una crisis humanitaria, no es una crisis administrativa, no es una crisis migratoria, es una auténtica invasión». «Esta invasión tiene un invasor con nombre y apellidos, que se llama Marruecos», ha sentenciado.
Militarización permanente de la frontera
La propuesta estrella de Vox pasa por el despliegue de las Fuerzas Armadas. El partido ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que exige que se movilicen efectivos del Ejército de Tierra y buques de la Armada en las fronteras de Ceuta y Melilla para «repeler» nuevas entradas masivas de migrantes. La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Defensa, reclama que los militares y policías cuenten con «reglas de enfrentamiento claras y acordes a Derecho» para garantizar la defensa de las fronteras.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha ido más allá al participar en la cumbre del Foro de Madrid en Santiago de Chile, donde ha calificado la crisis de Ceuta como un «ataque deliberado y gravísimo, de guerra híbrida» contra España. El propio Abascal ha pedido «militarizar permanentemente la frontera» hasta que sea necesario, culpando a Marruecos de promover una «invasión» y un «acto de guerra tolerado y permitido por Pedro Sánchez».
La formación justifica su exigencia en el artículo 8 de la Constitución, que encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Además, alerta del «elevado riesgo» de que entre los migrantes se infiltren «terroristas yihadistas, delincuentes o, incluso, miembros de los servicios de inteligencia de Marruecos».
Esta demanda no es nueva. En abril de 2025, los europarlamentarios de Vox ya defendieron en la UE la inclusión de Ceuta y Melilla bajo «protección militar a todos los niveles», una enmienda que fue rechazada por el PSOE y toda la izquierda.
Expulsión inmediata y fin de la «trampa del arraigo»
Más allá del despliegue militar, Vox exige la activación inmediata de los procedimientos de expulsión de todas las personas en situación irregular «cuando legalmente proceda». El partido denuncia que, pese a las visitas de ministros y las comparecencias públicas, «el problema permanece» y no se está procediendo a las devoluciones.
La formación ha llevado esta exigencia a las Cortes de Castilla-La Mancha mediante una proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería y restringir las regularizaciones de inmigrantes a través de la figura del arraigo. El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha denunciado lo que califica como «trampa del arraigo»: entre 2020 y 2023 se incoaron 131.000 expedientes de expulsión y solo se ejecutaron 9.500, «apenas un 7 por ciento». «Con Vox, los ilegales tan solo tendrán un billete de vuelta a su país», ha proclamado. La iniciativa ha sido rechazada por el PSOE, mientras que el PP se ha abstenido al considerar que las Cortes autonómicas «no son el foro idóneo» para este debate.
En lo que respecta a los menores no acompañados, la posición de Vox es igualmente inflexible. Joan Garriga ha sido claro: «Nos negamos desde Vox al reparto de cualquier persona que haya entrado de manera ilegal a nuestra tierra, a nuestra nación, sea menor, sea mayor, venga acompañado o no venga acompañado». El partido ha reclamado al Gobierno explicaciones sobre el número exacto de menores no acompañados en Ceuta y ha preguntado por qué no se les devuelve a Marruecos. Vox ha asegurado además que recurrirá a mecanismos «políticos, administrativos y legales» para evitar que estos menores sean trasladados a Andalucía.
Suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos
La escalada retórica de Vox ha alcanzado también las relaciones bilaterales con el país vecino. Joan Garriga ha pedido al Gobierno que suspenda el Tratado de Amistad con Marruecos, y ha tildado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «traidor» y de ser parte del problema. Abascal, por su parte, ha acusado a Sánchez de ser el «embajador de Marruecos en España» y de estar «encubriendo al invasor». «Marruecos es su amo, señor Sánchez», le ha espetado en el Congreso.
Desde la eurocámara, la delegación de Vox ha elevado el tono al calificar la entrada masiva de migrantes como un «acto de guerra» y ha pedido suspender la expedición de visados a ciudadanos marroquíes, así como recomendar a los Estados miembros de la UE «que no concedan nuevos permisos de residencia o trabajo» a nacionales de este país.
El PP, entre la cercanía y la distancia
El Partido Popular ha compartido buena parte del diagnóstico de Vox, aunque con matices. En la Diputación de Burgos, ambos grupos han presentado una proposición conjunta para exigir el despliegue del Ejército en Ceuta y Melilla, la expulsión de quienes hayan entrado ilegalmente y «reglas de enfrentamiento claras» para los efectivos de seguridad. El texto conjunto califica lo sucedido como un «ataque deliberado y gravísimo, de guerra híbrida» contra España.
Sin embargo, en el plano legislativo, el PP ha mantenido distancias. En las Cortes de Castilla-La Mancha, los populares se abstuvieron en la votación de la propuesta de Vox sobre el arraigo, argumentando que los parlamentos autonómicos no son el foro adecuado para un debate de competencia estatal. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que Ceuta «sigue tomada por la inmigración irregular» y ha exigido responsabilidades al Gobierno, pero sin respaldar explícitamente la militarización permanente que propone Vox.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en calificar la llegada de migrantes como una «invasión ilegal» y ha reclamado el regreso a Marruecos de todas las personas que han llegado a Ceuta, una posición que acerca a su partido al discurso de la ultraderecha sin adoptar sus propuestas más extremas.
El respaldo social a la militarización
Pese al rechazo político a las propuestas más radicales de Vox, una encuesta de Sigma Dos publicada a primeros de agosto revela que el 82% de los españoles apoya militarizar la frontera con Marruecos. El respaldo alcanza el 97,5% entre los votantes del PP, el 99,7% entre los de Vox y, significativamente, el 72,5% entre los votantes del PSOE. Sumar es el único gran electorado donde predomina el rechazo.
Datos oficiales: la presión migratoria no cesa
Según los datos del Ministerio del Interior, durante 2025 accedieron irregularmente a Ceuta un total de 3.527 inmigrantes, la práctica totalidad por vía terrestre —3.523 personas, casi mil más que en todo el año anterior—, lo que supone un incremento de la presión migratoria de casi el 40%. La Guardia Civil afrontó en Ceuta durante 2025 más de 60.000 intentos de entrada por los espigones del Tarajal y Benzú. En el litoral de la ciudad, los agentes recuperaron 46 cuerpos sin vida a lo largo del año.
Con estos datos sobre la mesa y el fantasma de nuevos asaltos a la frontera —la Guardia Civil investiga posibles movilizaciones masivas convocadas a través de redes sociales—, la presión sobre el Gobierno para que adopte medidas contundentes no hace sino aumentar. Vox ha encontrado en la crisis de Ceuta el escenario perfecto para radicalizar su discurso y marcar la agenda política, mientras el PP navega entre la tentación de seguirle el paso y la necesidad de no perder el centro político.
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