La red viaria española acumula un déficit de inversión en conservación que, según las estimaciones más citadas por el sector, se sitúa en torno a los 13.500 millones de euros, si bien distintos cálculos elevan la cifra hasta los 15.000 millones cuando se contabiliza exclusivamente la «puesta a cero» de la red estatal. Esta horquilla de cifras, difundida por la Asociación Española de la Carretera (AEC), la patronal Seopan y la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), refleja supuestamente un deterioro estructural que arrastra años de inversión insuficiente y que contrasta con la recaudación récord procedente de los conductores.
Un déficit que oscila entre los 13.491 y los 15.000 millones
El informe más reciente de la AEC, presentado en julio de 2025 y elaborado a partir de una inspección digital de 4.000 kilómetros de vía, concluye que el 52% de la red viaria española presenta deterioros graves o muy graves y que serían necesarios 13.491 millones de euros para su correcta conservación. Esa cifra supone un incremento del 43% respecto a los 9.453 millones calculados en 2022 y sitúa el deterioro en su peor nivel desde que comenzaron estos estudios en 1985. La propia AEC ha advertido de que el déficit aumenta a un ritmo de unos 1.000 millones anuales y de que el 8% de la red se degrada cada año.
Por su parte, Seopan eleva la necesidad de inversión en carreteras para la próxima década hasta los 58.369 millones de euros, de los cuales cerca de 15.000 millones corresponderían a una «puesta a cero» para revertir años de abandono. ACEX, que agrupa a las empresas de conservación, sitúa el déficit histórico en unos 13.000 millones cuando se suman todas las administraciones, pero reconoce que los cálculos que solo contabilizan al Ministerio de Transportes alcanzan los 15.000 millones. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), por su parte, estima en 12.000 millones anuales la inversión mínima necesaria para compensar la depreciación de todo el stock de infraestructuras, frente a los 10.500 millones que supuestamente se invierten de media.
La recaudación del motor se dispara mientras la inversión no despega
El contraste con la fiscalidad que soportan los conductores es uno de los elementos que más subrayan los informes sectoriales. Según el Informe Anual 2025 de ANFAC, la actividad ligada al automóvil generó 41.995 millones de euros en impuestos, tasas y gravámenes, un 4% más que en 2024. A esa cifra se suman aproximadamente 500 millones de euros ingresados por la Dirección General de Tráfico en concepto de multas, lo que eleva el total por encima de los 42.000 millones. En paralelo, el Ministerio de Transportes ha anunciado una inversión de 1.630 millones de euros para carreteras entre 2027 y 2031, una partida que la AEC considera insuficiente para revertir el déficit acumulado.
Siniestralidad estancada y seguridad vial en entredicho
La conservación de la red viaria no es una cuestión meramente presupuestaria. La AEC ha señalado que las deficiencias del firme incrementan los costes de reparación y pueden elevar hasta un 10% el consumo de combustible de los vehículos. La Dirección General de Tráfico, por su parte, certifica que 1.775 personas perdieron la vida en las carreteras españolas durante 2025, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, lo que supuestamente evidencia un estancamiento en la reducción de la mortalidad vial. El estado del pavimento, junto con la antigüedad media del parque automovilístico —en torno a los 15 años—, se sitúa entre los factores que lastran los resultados en seguridad vial.
Un debate abierto sobre la financiación
Las organizaciones del sector coinciden en reclamar un cambio de modelo. Seopan ha propuesto implantar una tarificación vial basada en la distancia recorrida, que con un pago medio de 111 euros anuales por usuario generaría 43.260 millones en diez años para reinvertir en la red. La AEC, por su parte, ha denunciado la «ausencia prolongada del Anexo de Inversiones» en los Presupuestos Generales del Estado, una circunstancia que, según la información difundida por la asociación, deja al sector «sin una hoja de ruta pública que indique dónde y cómo se invertirá». Mientras tanto, las distintas administraciones que gestionan los más de 165.000 kilómetros de la red española —el Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones— afrontan el año 2026 sin un horizonte claro de financiación más allá de los fondos europeos, que supuestamente se agotan en el actual ejercicio.
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