La primera huelga general en España en 14 años, convocada por CCOO y UGT para este miércoles 11 de noviembre, ha comenzado supuestamente marcada por la tensión en los piquetes y por un intenso choque político entre los convocantes y los partidos de la oposición. La jornada, que se celebra a escasos 18 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, ha estado salpicada de incidentes en distintos puntos del país, según los datos difundidos por los propios sindicatos y recogidos por diversos medios de comunicación.
Según la información proporcionada por las centrales sindicales, la convocatoria tiene como objetivo central exigir soluciones a la crisis de la vivienda y una mejora salarial, después de que el Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, tumbara dos decretos ley impulsados por el Gobierno para regular el mercado del alquiler. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que la movilización «no es contra la oposición» sino que «apela al poder legislativo que ha bloqueado los decretos de vivienda». Por su parte, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha situado el detonante en el rechazo parlamentario a esas medidas, que se produjo supuestamente tras el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.
El inicio de la jornada ha estado supuestamente protagonizado por incidentes atribuidos a piquetes. Según la información recogida por distintos medios, en varias ciudades se han registrado pintadas amenazantes, cristales rotos y cierres de pequeños comercios y sucursales bancarias mediante la aplicación de silicona en las cerraduras. Asociaciones de autónomos han denunciado una campaña de intimidación para impedir la apertura de establecimientos, mientras que desde los sindicatos se ha advertido de que no se tolerarán actos violentos y se ha llamado a la responsabilidad de los piquetes para que su labor sea exclusivamente informativa. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha irrumpido supuestamente en las oficinas de una empresa de alquiler en Madrid, en un acto que ha sido jaleado desde el exterior del edificio.
El frente político se ha tensado desde días antes de la convocatoria. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió supuestamente a los sindicatos que desconvocaran la huelga y les advirtió de que, de seguir adelante, «ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre». El líder de Vox, Santiago Abascal, fue más allá y ha afirmado que la convocatoria «no debería ser legal», al considerar que se trata de una «huelga política» contra la oposición, y ha advertido de que su partido «tomará nota» si los sindicatos mantienen el paro. El secretario general de UGT ha calificado estas declaraciones de «amenaza», ha asegurado que su organización no tiene «miedo» y ha recordado que la UGT tiene 138 años de historia.
La clave jurídica que subyace al conflicto es supuestamente la calificación de la huelga como política. El artículo 11 del Real Decreto-Ley 17/1977, citado por el medio que ha destapado la polémica, establece que las huelgas con fines exclusivamente políticos o ajenos al interés profesional de los trabajadores son ilegales. Sin embargo, los sindicatos convocantes rechazan esta lectura y sostienen que la movilización tiene un carácter estrictamente laboral y social, y que la coincidencia con el calendario electoral es supuestamente circunstancial, derivada del bloqueo parlamentario a las medidas de vivienda.
Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial de la Delegación del Gobierno que cuantifique de forma definitiva el seguimiento de la huelga ni que confirme o desmienta de manera categórica la autoría de los incidentes registrados, por lo que las cifras de participación y las denuncias sobre coacciones deben atribuirse a las partes implicadas y a las informaciones periodísticas que las han difundido.
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