El Gobierno ha activado el mecanismo para abonar una nueva prestación económica a los españoles de origen que decidan regresar a España, una medida que según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) comenzará a aplicarse el próximo 29 de noviembre, coincidiendo con la jornada de elecciones generales. El Real Decreto 954/2026, que desarrolla el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, establece unas cuantías de entre 4.000 euros para beneficiarios individuales y hasta 7.600 euros para unidades familiares con tres o más personas a cargo.
Según los datos recogidos en la memoria de análisis de impacto normativo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la dotación presupuestaria inicial para financiar estas ayudas se sitúa en 8.084.255,76 euros anuales, con una previsión de unas 1.394 concesiones al año y una ayuda media estimada de 5.800 euros por expediente. La norma, no obstante, deja la puerta abierta a que sea una regulación posterior, que el Ejecutivo deberá aprobar en el plazo máximo de un año, la que concrete los requisitos definitivos de acceso, el procedimiento de solicitud, las incompatibilidades y las condiciones de reintegro, por lo que supuestamente la ayuda todavía no puede solicitarse ni garantiza su concesión a ninguna persona concreta.
La comparación con el último ejercicio en el que estuvo operativa una prestación de características similares arroja supuestamente un incremento notable. Según la información contenida en la memoria oficial, en 2019 el programa distribuyó 798.285 euros entre 858 beneficiarios, con una media de 930,40 euros por ayuda, mientras que en 2020 se presentaron 1.817 solicitudes y no se aprobó ninguna por falta de crédito. A partir de esas cifras, el análisis difundido por El Debate —y recogido por otros medios— calcula que el gasto se multiplicaría por 10,1, la cuantía media por 6,2 y la ayuda máxima por 8,2. Estas operaciones aritméticas se basan en los datos de la propia memoria, aunque el texto definitivo del reglamento, como se ha señalado, aplaza la concreción de la ayuda a un desarrollo normativo posterior.
El calendario de la entrada en vigor ha sido supuestamente uno de los elementos que más ha alimentado la controversia. El real decreto se publicó en el BOE el lunes 9 de noviembre y la norma entra en vigor veinte días después, exactamente el 29 de noviembre, el mismo día de las elecciones generales, con la campaña electoral arrancando el viernes 13. Según la información difundida por El Debate, el Consejo de Ministros había anunciado el reglamento el 3 de noviembre sin publicitar las cantidades, que sí quedaron concretadas en el BOE. El medio sostiene en su análisis que la coincidencia temporal con los comicios responde a una estrategia de «comprar» votos, una tesis que es atribuida al propio medio y que el texto normativo no confirma, ya que la ayuda no está condicionada al sufragio ni existen pruebas de que sus beneficiarios vayan a votar a una formación determinada.
Según la información recogida en el BOE, los beneficiarios deberán ser españoles de origen, tener entre 18 y 65 años y acreditar una situación de vulnerabilidad económica, además de haber estado inscritos durante al menos doce meses en el Registro de Matrícula Consular. La norma también incorpora previsiones específicas para las víctimas de violencia contra las mujeres que residan en el exterior y necesiten retornar, y actualiza el régimen de prestaciones para mayores de 65 años y personas con incapacidad absoluta. El reglamento crea asimismo la figura del certificado de persona española retornada, un documento que, supuestamente, será la llave para acceder a las políticas y programas de retorno contemplados en la norma.
En el plano político, la medida ha sido supuestamente recibida con recelo desde sectores de la oposición, que cuestionan el momento elegido para su entrada en vigor. No obstante, hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial del PP o de Vox que fije una posición institucional sobre este real decreto concreto, por lo que las lecturas críticas deben atribuirse a los análisis periodísticos que las han publicado. El Ministerio de Inclusión, por su parte, no ha emitido según la información disponible un desmentido sobre las cifras recogidas en la memoria ni sobre la fecha de aplicación, aunque fuentes del departamento habían venido señalando que la norma culmina el desarrollo reglamentario del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y responde al mandato del artículo 42 de la Constitución de proteger los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y favorecer su retorno.
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