El juez Ismael Moreno examina una decena de adjudicaciones a Acciona vinculadas a la etapa de Ábalos mientras la UCO sitúa a Santos Cerdán como presunto «enlace» para el cobro de un 2% en obra pública
Madrid, 1 de noviembre de 2026. La investigación judicial sobre la supuesta trama de corrupción en el Ministerio de Transportes ha dejado de ser una hipótesis periodística para convertirse en una causa con cifras concretas. Según la información publicada por ABC y confirmada por fuentes jurídicas consultadas, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno examina un paquete de once expedientes de obra pública adjudicados por Adif y la Dirección General de Carreteras que, en su conjunto, ascienden a 537,2 millones de euros.
La cifra no es menor. Solo las adjudicaciones a la constructora Acciona por parte de organismos dependientes del Ministerio que dirigió José Luis Ábalos suman, según el auto del Tribunal Supremo que decretó la prisión provisional de Santos Cerdán, 537.271.005 euros. El alto tribunal considera que existen indicios sólidos de que esas operaciones pudieron servir para articular el cobro de comisiones ilegales, si bien se trata de una investigación en curso y ninguno de los implicados ha sido condenado aún por estos hechos concretos, que son distintos de la causa por la que Ábalos ya cumple condena.
El papel de Cerdán y el «2%»
El foco de la instrucción se dirige, según la información difundida por El Mundo y El País, hacia el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva desde finales de junio. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene, en un informe de 227 páginas remitido al Supremo, que Cerdán habría actuado como presunto «enlace» entre Acciona y el Ministerio para el amaño de adjudicaciones**. El beneficio pactado, según la hipótesis policial, ascendía a un 2% del importe de cada obra adjudicada a la multinacional que preside José Manuel Entrecanales.
Ese porcentaje se habría canalizado, al parecer, a través de Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán y a Antxon Alonso. Los investigadores han constatado que el 75,33% de los ingresos de Servinabar (6,7 millones de euros) procedían de Acciona, y que la constructora pagaba a la firma navarra un porcentaje por cada obra obtenida de forma presuntamente irregular. Las reuniones para cerrar esos acuerdos, según la UCO, se habrían celebrado entre 2018 y 2021 en un piso alquilado por Servinabar, con medidas de seguridad como el apagado de teléfonos móviles y el uso de aplicaciones de mensajería cifrada.
Las obras bajo sospecha
Las pesquisas se centran en proyectos concretos que coinciden en el tiempo con la tramitación de expedientes en el ministerio. Entre ellos figuran la Autovía A-68 (tramo Arrúbal-Navarrete), la obra de emergencia para el acceso al Puerto de Sevilla por la SE-40 y la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat. A estas se suman, según los informes policiales, dos adjudicaciones de Adif en la Región de Murcia por las que se habría generado una deuda de comisiones de 550.000 euros, y tres contratos en Logroño, Sevilla y Sant Feliu valorados en 450.000 euros en comisiones.
El modus operandi descrito por la UCO consistía, supuestamente, en que Acciona Construcción y Servinabar firmaban un memorándum de entendimiento antes de la licitación y, una vez adjudicada la obra, rubricaban un contrato de prestación de servicios que servía para canalizar los pagos. Acciona, por su parte, ha suspendido cautelarmente a dos de sus directivos implicados y ha asegurado que los contratos cuestionados «cumplen con los estándares exigibles», según recoge El País.
La investigación sigue abierta
La causa que instruye Ismael Moreno no es un compartimento estanco. La UCO mantiene bajo la lupa, según El Confidencial, un total de 657 millones de euros repartidos en varias piezas separadas relacionadas con el entorno del PSOE, de los cuales 418 millones corresponden a nueve licitaciones adjudicadas a través de Adif y Carreteras que han salpicado a sus entonces máximos responsables, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, ambos investigados. Fuentes jurídicas consultadas insisten en que la cifra de contratos examinados podría ampliarse a medida que avance la instrucción.
El propio Supremo, en el auto que confirmó la prisión de Cerdán, describió las cantidades manejadas como «portentosas e injustificadas» y advirtió de que el «flujo monetario» detectado hasta ahora —alrededor de un millón de euros— resulta «exiguo» para una trama de esta naturaleza, lo que a su juicio indica que la investigación «apenas ha arañado la superficie». Procede recordar que todas las personas mencionadas en esta información tienen derecho a la presunción de inocencia y que las diligencias permanecen bajo secreto de sumario en varios de sus ramos.
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