El acuerdo, firmado el 3 y 4 de agosto —en plena crisis migratoria— y publicado en el BOE el 11 de septiembre, financia cinco puestos de protección internacional en la Oficina de ACNUR en España. La partida llega después de que Marlaska haya reconocido que ya se han abierto más de 400 expedientes de asilo en la ciudad autónoma y mientras el Gobierno busca desesperadamente acelerar la tramitación de los menores no acompañados
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 11 de septiembre el acuerdo internacional administrativo entre el Ministerio del Interior y la Oficina en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), firmado en Madrid los días 3 y 4 de agosto de 2026. El documento, que pasa casi desapercibido en el fragor de la crisis política desatada por la entrada masiva en Ceuta, tiene una trascendencia que trasciende su modesto importe: 290.850 euros para financiar cinco puestos de trabajo especializados en protección internacional, con una atención específica a las solicitudes formalizadas por menores no acompañados.
El momento lo es todo
La fecha de la firma es el dato que revela la verdadera dimensión de la medida. El acuerdo se rubricó el 3 y 4 de agosto, apenas tres días después de la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta. En esos momentos, el Gobierno afrontaba una crisis humanitaria y política sin precedentes, con miles de migrantes aún en la ciudad autónoma, un sistema de acogida desbordado y la necesidad imperiosa de acelerar los procedimientos para distinguir entre quienes podían ser retornados y quienes tenían derecho a solicitar protección internacional.
El Ministerio del Interior recurrió a ACNUR, su socio histórico en la gestión del asilo, para reforzar la maquinaria administrativa justo cuando más tensionada estaba. La subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo Sanz, firmó por delegación del ministro Fernando Grande-Marlaska; por ACNUR lo hizo su representante en funciones en España, Carolina Mateos Orellana.
Cinco especialistas para desatascar el cuello de botella
El acuerdo establece que ACNUR dispondrá de cinco puestos de trabajo especializados en protección internacional que se integrarán en el procedimiento de reconocimiento de la protección internacional previsto en la Ley 12/2009. Estos especialistas desempeñarán las funciones que la legislación atribuye al organismo internacional: la emisión de informes preceptivos sobre las solicitudes, la identificación temprana de necesidades de protección, el asesoramiento legal y la atención integral a los solicitantes.
El coste por puesto asciende a 58.170 euros anuales, una cifra que incluye salario y funcionamiento operativo. La aportación del Ministerio del Interior se abonará en un solo pago a la sede de ACNUR en España tras la firma del acuerdo y se justificará conforme a lo establecido en el propio documento.
La partida presupuestaria, sin embargo, es idéntica a la del ejercicio anterior. El acuerdo firmado en noviembre de 2025 ya contemplaba la misma cantidad para los mismos cinco puestos. La novedad no está en el importe, sino en el contexto: en 2025 la financiación se aprobó sin urgencia; en 2026 se firma en medio de una crisis migratoria que ha puesto al sistema de asilo al borde del colapso.
Los números que explican la urgencia
Marlaska ha cifrado en más de 400 los expedientes de protección internacional abiertos en Ceuta desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio. El ministro ha insistido en que su prioridad es «retornar a todos aquellos que han ingresado de forma irregular», pero ha reconocido que la legislación obliga a estudiar «tanto las peticiones de asilo como la situación particular de los menores no acompañados».
Los datos de ACNUR dibujan un panorama aún más complejo. En 2025, las solicitudes de asilo de menores no acompañados ascendieron a 947, principalmente de niños de países de África occidental llegados a Canarias. Desde agosto de 2023, en torno a 1.500 menores llegados a las islas han solicitado asilo, y las autoridades españolas han concedido protección internacional al 65% de los 700 casos resueltos.
En Ceuta, el Ministerio del Interior tiene ya filiados a 1.612 menores no acompañados, de los cuales 1.129 fueron tramitados después del 30 y 31 de julio. El Gobierno ha admitido que no puede precisar cuántos menores permanecen en la ciudad sin filiar, un dato que evidencia la magnitud del desafío administrativo.
El trasfondo: una financiación que desborda a ACNUR
La aportación de 290.850 euros palidece al lado de las cifras globales que maneja el Gobierno para gestionar la crisis. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de septiembre un crédito extraordinario de 63 millones de euros para atender a los menores migrantes en Ceuta, que se sumaba a otros 25 millones aprobados la semana anterior. Además, ese mismo Consejo de Ministros concedió a ACNUR una subvención adicional de 160.000 euros para programas de protección de la infancia refugiada en la ciudad autónoma, incluyendo la identificación temprana de necesidades de protección internacional y el asesoramiento legal.
La puesta en marcha del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo situará el esfuerzo financiero directo de España por encima de los 1.200 millones de euros anuales durante 2025 y 2026, según reconoce el propio Ministerio del Interior en su Plan Nacional de Implementación.
La advertencia de ACNUR sobre los menores
Mientras el Gobierno refuerza la maquinaria administrativa, ACNUR ha lanzado una advertencia que complica la estrategia de contención. La portavoz del organismo, Paula Barrachina, ha señalado que el traslado de las 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península puede contribuir a «aliviar la situación de sobreocupación y garantizar un entorno más adecuado para su atención», pero ha subrayado que cualquier decisión debe basarse en «una evaluación individual de las circunstancias y no únicamente de la nacionalidad o la forma en la que llegaron a Ceuta». Barrachina ha recordado que entre estas niñas «puede existir necesidades de protección internacional» y que debe garantizarse «el acceso efectivo al procedimiento y respetar también el principio de no devolución».
La posición de ACNUR establece un límite claro a la política de expulsiones masivas que defiende Marlaska: no todos los que entraron irregularmente pueden ser retornados sin más. Los menores no acompañados y quienes tengan necesidades de protección internacional tienen derechos que la legislación española y el derecho internacional obligan a garantizar.
La letra pequeña de un acuerdo recurrente
El acuerdo publicado en el BOE tiene una vigencia de un año y es renovable de forma tácita. No es un contrato nuevo: es la reedición de un convenio que se remonta a 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó por primera vez la integración de cinco profesionales de ACNUR en el procedimiento de asilo. Desde entonces, el acuerdo se ha renovado anualmente sin apenas variaciones en su contenido ni en su importe.
Lo que ha cambiado es el volumen de trabajo. En 2015, España registró 14.780 solicitudes de asilo. En 2026, solo entre enero y febrero se presentaron 21.671, y en mayo España fue el segundo país de la UE en solicitudes de protección internacional, con 7.945, solo por detrás de Italia. Los cinco especialistas de ACNUR, que hace una década atendían un flujo manejable, se enfrentan ahora a una marea que desborda todas las previsiones.
El acuerdo, en definitiva, no resuelve el problema de fondo: España tiene un sistema de asilo infradotado para el volumen de solicitudes que recibe, y la crisis de Ceuta ha expuesto todas sus costuras. Los 290.850 euros y los cinco especialistas de ACNUR son un parche necesario, pero insuficiente para un sistema que sigue esperando una reforma estructural que nunca llega.
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