10 de noviembre de 2026

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España concentra el 44% del fuego europeo: casi 300.000 hectáreas calcinadas en un año «excepcionalmente adverso».

Los datos del sistema EFFIS, recogidos por un informe de Zero Carbon Analytics, sitúan a España muy por delante de Italia y Francia en superficie quemada, con 299.000 hectáreas hasta septiembre, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica eleva el balance final a 275.000 hectáreas y 21 fallecidos. La cifra, que varía según la fuente y el período analizado, convierte 2026 en el segundo peor año del siglo en España y el tercero de la serie histórica europea

España ha vivido en 2026 uno de los años más devastadores en materia de incendios forestales de las últimas décadas. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), dependiente del programa Copernicus de la Comisión Europea, el país acumulaba 299.501 hectáreas quemadas entre el 1 de enero y el 23 de septiembre, lo que supone el 44,1% de toda la superficie arrasada por el fuego en la Unión Europea en ese mismo período, que ascendía a 678.978 hectáreas. Esta cifra procede de un informe del centro de investigación Zero Carbon Analytics, que utiliza los datos de EFFIS y que ha sido difundido por medios como Europa Press y EFE.

La magnitud del caso español adquiere mayor relieve al compararla con la de los siguientes países más afectados. Italia, según ese mismo informe, concentraría el 17% de la superficie quemada en la UE, mientras que Francia representaría el 14%. En conjunto, los países del arco mediterráneo acumularían el 94% de las hectáreas afectadas por el fuego en el conjunto de la Unión Europea. El total comunitario, con unas 680.000 hectáreas calcinadas hasta finales de septiembre, supone prácticamente el doble de la media registrada para esas mismas fechas entre 2006 y 2025, y convierte a 2026 en el tercer peor año de la serie histórica, únicamente por detrás de 2022 y 2025.

Discrepancias entre fuentes oficiales y de análisis

No obstante, la cifra exacta de hectáreas quemadas varía en función de la fuente y del período de referencia. El informe provisional del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), elaborado a partir del avance de las comunidades autónomas y de EFFIS con datos hasta el 9 de octubre, sitúa la superficie forestal afectada en 279.545 hectáreas, con 8.495 siniestros registrados y 47 grandes incendios (aquellos que superan las 500 hectáreas). Por su parte, el balance de cierre de la campaña de incendios, difundido por EFE a finales de octubre y basado en datos de Protección Civil y del MITECO, eleva la superficie calcinada a unas 275.000 hectáreas y sitúa 2026 como el segundo peor año del siglo en España, solo superado por 2025, cuando ardieron casi 355.000 hectáreas. Estas diferencias, según la información disponible, responderían a los distintos períodos de medición y a la distinción entre superficie forestal y superficie total afectada, que puede incluir también terreno agrícola o de otro tipo.

Más allá de la cifra final, el consenso entre las fuentes consultadas es que 2026 ha sido un año excepcionalmente negativo. Los dos últimos ejercicios han sumado alrededor de 630.000 hectáreas devoradas por las llamas, una extensión equivalente a toda la provincia de Tarragona, y España no registraba dos años consecutivos tan adversos en superficie forestal quemada desde mediados de los años ochenta, hace unos cuarenta años. Los cuatro mayores incendios de los que se tienen registros en España desde 1961 se han producido en 2025 y 2026, todos ellos por encima de las 30.000 hectáreas, lo que, según los expertos, pone de manifiesto un cambio de tendencia en la magnitud de estos siniestros.

Un impacto que va más allá del monte

El informe de Zero Carbon Analytics, citado por EFE y Europa Press, no solo cuantifica la superficie quemada, sino que advierte de las consecuencias en cadena. El humo de los incendios provocó un deterioro de la calidad del aire especialmente significativo en zonas próximas a Madrid, donde las concentraciones medias diarias de partículas finas PM2,5 alcanzaron los 96 microgramos por metro cúbico, más de seis veces el valor guía recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estudio también subraya el impacto económico: el 75% de las pérdidas ocasionadas por catástrofes climáticas en la UE entre 1980 y 2024 no estaba cubierto por seguros, por lo que buena parte de los costes recae sobre propietarios y administraciones públicas.

En términos humanos, la campaña de 2026 se ha cobrado 21 vidas, según los datos de Protección Civil y el MITECO recogidos por EFE, lo que la convierte en una de las más letales de las que se tienen registros en España. El incendio de Los Gallardos (Almería), declarado el pasado 9 de julio, fue el más mortífero, con 15 fallecidos, y ha ejemplificado, según los expertos, la vulnerabilidad de las poblaciones situadas en la interfaz urbano-forestal, donde las viviendas entran en contacto con el monte y las vías de evacuación pueden convertirse en trampas mortales.

El cambio climático, como factor agravante

Los análisis científicos citados en el informe de Zero Carbon Analytics, procedentes de World Weather Attribution, señalan que el calentamiento global causado por el ser humano hizo al menos veinte veces más probable la meteorología favorable a incendios como la registrada en julio en el centro peninsular. Ese mes, España superó en un 21% su anterior récord de superficie quemada en julio, establecido en 2022, mientras que el conjunto de la UE alcanzó un máximo histórico para ese mes, con 353.000 hectáreas afectadas.

La autora principal del estudio, Joanne Bentley-McKune, advirtió, según recoge EFE, que «estamos presenciando un peligroso cambio estructural en el panorama de los incendios forestales en Europa» y subrayó que «tratar los incendios forestales únicamente como emergencias a las que responder ya no es viable». En esa misma línea, el informe concluye que, además de reforzar los medios de extinción, resulta fundamental mejorar la gestión forestal, retirar combustible vegetal y proteger las zonas habitadas próximas a los montes, medidas que, según sus autores, deben acompañarse de una reducción de las emisiones para limitar el riesgo de futuros episodios extremos.

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