La norma, que se aplicaría a partir de 2027, supone la ofensiva más agresiva de la Administración Trump contra las políticas DEI y amenaza con dejar sin cobertura a 750.000 estudiantes.
El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos han presentado este jueves una propuesta de regulación que podría retirar el estatus de exención fiscal a hasta 18.000 instituciones educativas privadas que mantengan prácticas basadas en criterios raciales en sus procesos de admisión, concesión de becas, préstamos estudiantiles o cualquier otro programa académico.
La medida, que entraría en vigor para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 31 de mayo de 2027, afectaría a colegios de primaria y secundaria, universidades, escuelas profesionales y centros de formación especializada que actualmente disfrutan del régimen fiscal 501(c)(3). En total, unos 750.000 estudiantes cursan sus estudios en instituciones que potencialmente quedarían bajo el alcance de la normativa.
«Cambiar el nombre no elimina la discriminación»
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha defendido la iniciativa con un argumento contundente: una política basada en preferencias raciales no deja de ser discriminatoria por utilizar conceptos como diversidad, inclusión o equidad. «Que las escuelas rebauticen las preferencias basadas en la raza como equitativas, inclusivas o potenciadoras de la diversidad no cambia su carácter discriminatorio», afirmó Bessent en un comunicado.
En la misma línea, el responsable del IRS, Frank J. Bisignano, advirtió que «las instituciones educativas privadas que promuevan prácticas discriminatorias ya no gozarán de los beneficios del estatus de exención fiscal federal». «La regulación propuesta pone a las instituciones en aviso: las escuelas que continúen incurriendo en discriminación racial deben esperar perder ese estatus», añadió.
El precedente de Bob Jones University y el respaldo del Tribunal Supremo
La propuesta no surge de la nada. La Administración Trump ha utilizado leyes de la era de los Derechos Civiles para desmantelar las políticas de diversidad, argumentando que discriminan a los estudiantes blancos y asiáticoamericanos. El Tesoro ha citado en su propuesta tres sentencias del Tribunal Supremo que, según sostiene, exigen actualizar la normativa: Brown v. Board of Education, Bob Jones University v. United States y Students for Fair Admissions v. Harvard.
El caso de Bob Jones University es especialmente relevante. La pequeña universidad cristiana de Carolina del Sur perdió su exención fiscal en la década de 1970 por prohibir las citas y el matrimonio interraciales en el campus. El Tribunal Supremo respaldó entonces la decisión del IRS de denegar la exención. La universidad eliminó la prohibición y recuperó su estatus en 2017. La Administración Trump sostiene ahora que el mismo principio debe aplicarse a cualquier institución que discrimine por motivos raciales.
Reacciones: la ofensiva más «flagrante» contra la educación
La propuesta ha generado una oleada de críticas en el sector educativo. Mike Gavin, presidente de la Alliance for Higher Education, calificó la medida como «el ataque más flagrante de la Administración para impedir que los estadounidenses de clase trabajadora y las personas de color accedan a la educación superior». «Al sostener que los esfuerzos por aumentar las oportunidades justas para todos los estudiantes son discriminatorios, la Administración intenta manipular al pueblo estadounidense», añadió Gavin.
Todd Wolfson, presidente de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), anunció que su organización está considerando emprender acciones legales. «Esto no es una aplicación neutral de la ley de derechos civiles. Es un intento afirmativo de utilizar la ley de derechos civiles contra las mismas personas a las que se promulgó para proteger», declaró Wolfson.
Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), denunció que «desde el inicio de su mandato, Trump ha liderado un asalto integral contra la educación estadounidense: financiándola, radicalizando su agenda y desmantelándola».
«Efecto paralizante»: universidades ya han cerrado sus oficinas DEI
El impacto de la ofensiva de la Casa Blanca ya se está dejando sentir. Decenas de universidades han cerrado o rebautizado sus oficinas de diversidad, equidad e inclusión y han suprimido becas y asociaciones diseñadas para estudiantes de minorías ante la presión de la Administración.
Steven Bloom, vicepresidente adjunto de relaciones gubernamentales del American Council on Education, predijo que la propuesta tendrá un «efecto paralizante» en el comportamiento de los campus universitarios. «No hay muchas instituciones que tengan los recursos para litigar estos asuntos», advirtió.
California, el estado con mayor número de instituciones privadas sin ánimo de lucro, ya ha tomado nota. La Asociación de Colegios y Universidades Independientes de California (AICCU), que agrupa a más de 85 instituciones entre las que se encuentran Stanford y la USC, ha anunciado que está revisando la propuesta y que «trabajará vigorosamente para proteger este estatus». Las universidades públicas de California, como la UC y la CSU, no se verían afectadas directamente por esta norma al ser públicas, aunque ya han sido objeto de otras investigaciones federales.
Un período de comentarios públicos y futuros desafíos legales
La propuesta, publicada en el Federal Register, estará sujeta a un período de comentarios públicos antes de su aprobación definitiva. Se espera que, si se adopta, enfrente múltiples desafíos legales por parte de instituciones educativas y organizaciones de derechos civiles.
La Administración Trump, no obstante, defiende la medida como una «restauración del mérito» en el sistema educativo del país. La propuesta permite a las escuelas seguir ayudando a estudiantes desfavorecidos utilizando criterios neutrales desde el punto de vista racial, como los ingresos familiares, la ubicación geográfica, la condición de primera generación universitaria o el rendimiento académico. Lo que no podrán hacer, según la nueva regulación, es conceder beneficios «sobre la base de la raza, el color o el origen nacional o étnico».
Fuentes consultadas: Departamento del Tesoro de EE.UU., IRS, Associated Press, Fox News, The Hill, Los Angeles Times, Euronews, Chicago Sun-Times.
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