21 de noviembre de 2026

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El Supremo amplía el bloqueo electoral a los nacionalizados por la Ley de Nietos y obliga a revisar también el censo de residentes en España

La decisión del alto tribunal, adoptada tras las actuaciones impulsadas por Vox e Iustitia Europa, impide votar el 29-N a los afectados incluidos en el listado remitido por el Gobierno, salvo quienes acrediten documentalmente su condición de descendientes de exiliados. La medida no supone la retirada de la nacionalidad española, pero abre un nuevo conflicto jurídico sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

La polémica sobre el derecho al voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la denominada Ley de Nietos ha dado un nuevo giro judicial a pocos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Tribunal Supremo ha ordenado reforzar las medidas que impiden votar a determinados nacionalizados mediante este procedimiento y ha exigido que la exclusión se garantice tanto en el censo de residentes en el extranjero como en el de ciudadanos que viven en España.

La decisión, conocida el 20 de noviembre, llega después de que Vox y la organización política Iustitia Europa solicitaran al alto tribunal que aclarase la situación de miles de personas cuya inscripción electoral no aparecía correctamente identificada en los informes remitidos por la Administración.

El problema surgió durante la revisión de los listados de ciudadanos que habían obtenido la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. La medida, conocida popularmente como Ley de Nietos, permitió a numerosos descendientes de españoles solicitar la nacionalidad por los vínculos familiares con personas que emigraron o sufrieron el exilio.

Sin embargo, la controversia judicial se ha centrado en la forma en que se aplicaron los requisitos para acreditar la condición de exiliado y en la inscripción electoral de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante las instrucciones administrativas que desarrollaron la norma.

El último pronunciamiento judicial supone un nuevo episodio de un procedimiento que ha generado enfrentamientos entre los partidos políticos, el Gobierno y las organizaciones que cuestionan la interpretación administrativa de la legislación.

La decisión del Supremo alcanza a los dos censos electorales

Hasta ahora, la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo se había centrado fundamentalmente en los nacionalizados que figuraban en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), utilizado por los españoles que viven fuera del territorio nacional.

La controversia se complicó cuando la Administración remitió al tribunal diferentes listados con los datos de las personas afectadas. Durante las comprobaciones aparecieron diferencias entre el número de nacionalizados identificados, quienes estaban inscritos en el censo exterior y aquellos cuya situación electoral no estaba suficientemente aclarada.

Ante esta situación, Vox e Iustitia Europa solicitaron que la medida cautelar también se aplicara a quienes pudieran haber pasado del censo de residentes ausentes al censo electoral de residentes en España.

El argumento planteado por los recurrentes era que, si una persona incluida en el procedimiento judicial había trasladado su residencia a España, no debía quedar fuera de la suspensión simplemente por haber cambiado de modalidad censal.

El Tribunal Supremo ha atendido esta petición y ha instado a la Junta Electoral a garantizar que las 163.355 personas incluidas en el listado remitido por el Gobierno no puedan figurar como electores en ninguno de los dos censos, con las excepciones establecidas por los magistrados.

La resolución señala expresamente que podrán votar las 901 personas que ya han presentado certificación consular acreditativa de su condición de descendientes de exiliados, así como aquellas otras que consigan aportar esa documentación antes de la jornada electoral.

La decisión no significa que el tribunal haya añadido automáticamente 163.355 nuevos afectados a una suspensión anterior. Se trata de garantizar que las personas incluidas en el listado no puedan eludir la medida por aparecer inscritas en un censo diferente.

Tampoco supone una retirada de la nacionalidad española. Los afectados mantienen su condición de ciudadanos españoles, pero tienen suspendido el ejercicio del derecho de sufragio para estos comicios en los términos establecidos judicialmente.

Vox e Iustitia Europa llevaron la controversia ante la Justicia

El origen del procedimiento se encuentra en las actuaciones emprendidas por Vox y por Iustitia Europa contra determinados aspectos de la interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática.

Ambas organizaciones cuestionaron que las instrucciones utilizadas para tramitar las solicitudes de nacionalidad permitieran reconocer la condición de exiliado a determinados descendientes sin exigirles la misma acreditación documental que posteriormente reclamó el Tribunal Supremo para permitirles votar.

El conflicto tiene su origen en la interpretación de los requisitos establecidos por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 y en la instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Según los argumentos expuestos en los procedimientos judiciales, la aplicación administrativa de estas instrucciones habría permitido que determinadas personas obtuvieran la nacionalidad española sin aportar inicialmente documentación individualizada sobre las circunstancias políticas o ideológicas que motivaron la salida de sus antepasados de España.

Vox e Iustitia Europa sostuvieron que esa interpretación debía revisarse para evitar que se produjeran diferencias entre quienes acreditaron documentalmente el exilio y quienes obtuvieron el reconocimiento mediante la presunción administrativa.

El Supremo admitió inicialmente las medidas cautelares solicitadas y posteriormente fue requiriendo información adicional al Gobierno para identificar a los afectados.

El 23 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio cinco días a los ministerios correspondientes para entregar los listados de las personas afectadas, bajo advertencia de posibles sanciones por incumplimiento.

La Administración terminó facilitando la información requerida, lo que permitió continuar con las comprobaciones sobre las inscripciones electorales.

Conviene precisar que la actuación judicial responde a un procedimiento concreto y a unas medidas cautelares. No supone que exista una sentencia firme que declare culpables de una manipulación electoral a los responsables políticos o administrativos que participaron en la tramitación de las nacionalidades.

Las cifras cambian y el Gobierno tuvo que depurar los listados

Uno de los elementos que más dudas ha generado durante el procedimiento es la diferencia entre las cifras inicialmente comunicadas y el número de personas que finalmente aparecen como afectadas por la suspensión del voto.

En un primer momento, los datos facilitados al tribunal situaban el universo de personas identificadas en torno a las 163.000.

Posteriormente, los servicios jurídicos del Estado realizaron nuevas comprobaciones para excluir registros que no correspondían a electores que pudieran participar en las elecciones del 29-N.

En una información publicada el 17 de noviembre, EL PAÍS recogió que la Abogacía del Estado había cifrado en 113.326 el número de nacionalizados residentes en el extranjero afectados por la suspensión.

La reducción respondía a diferentes circunstancias: menores de edad, personas que habían adquirido la nacionalidad después del cierre del censo, registros duplicados y ciudadanos que no figuraban en el CERA correspondiente a las elecciones.

Según la información remitida por la Abogacía, de los 163.000 expedientes inicialmente analizados se identificaron 117.723 personas inscritas en el censo exterior. Tras sucesivas comprobaciones, la cifra de afectados por la suspensión se redujo.

La existencia de más de 35.000 registros cuya situación censal no estaba suficientemente aclarada fue uno de los argumentos utilizados por Vox e Iustitia Europa para solicitar que el Supremo ampliara las garantías de cumplimiento de la medida.

Los recurrentes cuestionaron si algunas de esas personas podían estar inscritas en el censo de residentes en España y, por tanto, seguir teniendo acceso al voto pese a la suspensión acordada para el censo exterior.

La resolución del 20 de noviembre pretende cerrar precisamente esa posibilidad para las personas incluidas en el listado judicialmente identificado.

Los 901 ciudadanos que sí podrán votar

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es la excepción establecida para quienes hayan conseguido demostrar documentalmente su condición de descendientes de exiliados.

De acuerdo con la información facilitada por los servicios jurídicos del Estado y recogida por distintos medios, únicamente 901 personas habían aportado inicialmente certificados que acreditaban esa circunstancia entre los expedientes revisados.

Estos ciudadanos quedan fuera de la suspensión cautelar y conservan su derecho a participar en las elecciones del 29 de noviembre.

El tribunal también contempla que otros afectados puedan presentar la certificación correspondiente antes de la jornada electoral.

La exigencia documental se encuentra relacionada con el motivo que justifica la medida cautelar: comprobar que la nacionalidad fue obtenida dentro de los supuestos de descendencia del exilio que contempla la normativa y que se acreditaron conforme a los criterios exigidos por los magistrados.

Esta situación ha generado preocupación entre los afectados, especialmente entre quienes realizaron los trámites a través de consulados españoles y obtuvieron la nacionalidad siguiendo las instrucciones administrativas que estaban vigentes cuando presentaron sus solicitudes.

Para muchos de ellos, el procedimiento de nacionalización se desarrolló conforme a las indicaciones de las autoridades consulares, por lo que la posterior exigencia de documentación adicional para poder votar ha provocado incertidumbre.

La discusión jurídica no afecta a la validez general de las nacionalidades reconocidas, sino a los requisitos que el tribunal considera necesarios para ejercer el sufragio en estas elecciones.

El Supremo rechaza extender la suspensión a los hijos de los nacionalizados

Otro aspecto que ayuda a entender el alcance real del conflicto es la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el pasado 9 de noviembre respecto a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Nietos.

Vox e Iustitia Europa habían solicitado que la suspensión cautelar también alcanzara a los hijos e hijas de los nacionalizados, un colectivo que podría rondar las 190.000 personas.

Sin embargo, el alto tribunal rechazó esa petición.

Según informó la agencia EFE, los magistrados consideraron que no procedía extender la suspensión del derecho al voto a este grupo ante la proximidad de las elecciones.

Por tanto, los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos podrán votar en los comicios del 29 de noviembre si cumplen los requisitos generales establecidos por la legislación electoral.

Esta decisión establece una diferencia importante entre los ciudadanos que obtuvieron directamente la nacionalidad mediante el procedimiento cuestionado y sus descendientes, cuya situación jurídica no queda afectada por la misma medida cautelar.

El procedimiento demuestra que el Supremo está examinando separadamente los distintos grupos de personas relacionados con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y que no todas las solicitudes de suspensión presentadas por Vox e Iustitia Europa han sido aceptadas.

Qué establece realmente la Ley de Nietos

La denominada Ley de Nietos no constituye una ley independiente, sino que es el nombre popular utilizado para referirse a una parte de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Su disposición adicional octava estableció diferentes vías para que determinados descendientes de españoles pudieran optar a la nacionalidad española de origen.

Entre los beneficiarios se encuentran los hijos y nietos de españoles que hubieran sufrido el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, así como otros supuestos familiares contemplados expresamente en la norma.

La finalidad de esta disposición era reparar determinadas consecuencias históricas del exilio y facilitar la recuperación de los vínculos jurídicos con España.

El Ministerio de Asuntos Exteriores explica que quienes adquieren la nacionalidad mediante este procedimiento obtienen la condición de españoles de origen y, con ella, los derechos y obligaciones reconocidos por la Constitución.

El derecho de sufragio forma parte de esos derechos, aunque su ejercicio está sujeto a los requisitos generales de la legislación electoral y, en este caso, a las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo.

Por eso resulta importante diferenciar entre la adquisición de la nacionalidad y la posibilidad de participar en una convocatoria electoral concreta.

La controversia actual no invalida de forma general la Ley de Memoria Democrática ni elimina la nacionalidad de quienes se acogieron a ella. El debate judicial se concentra en la aplicación de sus disposiciones y en la acreditación de determinados requisitos para ejercer el voto.

Un conflicto que puede tener consecuencias políticas y jurídicas

La decisión del Supremo llega en un momento especialmente delicado, con las elecciones generales del 29 de noviembre a pocos días de celebrarse.

La exclusión electoral de un grupo numeroso de ciudadanos ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y las formaciones que impulsaron los recursos judiciales.

Desde el Ejecutivo se ha defendido la legalidad de la aplicación administrativa de la Ley de Memoria Democrática y se han cuestionado las consecuencias de suspender el derecho de sufragio de personas que obtuvieron la nacionalidad mediante procedimientos reconocidos por la Administración.

Por su parte, Vox ha presentado sus actuaciones judiciales como una defensa de la legalidad electoral y de la correcta aplicación de los requisitos establecidos para participar en las elecciones.

No obstante, las motivaciones políticas atribuidas a unos y otros deben diferenciarse de los hechos acreditados en las resoluciones judiciales.

La cuestión de fondo tendrá que resolverse atendiendo a la normativa aplicable, los expedientes administrativos y las decisiones que adopten los tribunales en los procedimientos pendientes.

Por el momento, el pronunciamiento del 20 de noviembre establece una nueva garantía para impedir que los ciudadanos incluidos en el listado afectado puedan votar mediante su inscripción en un censo diferente.

La controversia deja, además, una cuestión de especial importancia para el futuro: cómo deben coordinarse las instrucciones administrativas, los registros civiles y los censos electorales para evitar que las personas que obtienen la nacionalidad española se encuentren años después con restricciones sobre sus derechos que no estaban claras cuando tramitaron sus expedientes.

A la espera de nuevas resoluciones, el caso de la Ley de Nietos se ha convertido en uno de los principales conflictos jurídicos de la campaña electoral. Su desenlace no solo afecta a la participación de miles de ciudadanos, sino que también plantea un debate sobre la seguridad jurídica, la aplicación de las normas y las garantías que deben acompañar al ejercicio del derecho fundamental al voto.

Fuentes de contraste y documentación

1. Tribunal Supremo – resolución del 20 de noviembre de 2026. Información sobre la ampliación de las garantías de suspensión a los dos censos electorales y las excepciones para quienes acrediten el exilio. Consultar información sobre la resolución. EL PAÍS

2. BOE – Providencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre. Documento oficial relativo al procedimiento promovido por Vox y a los hijos de los nacionalizados. Consultar documento oficial BOE. BOE

3. EL PAÍS – 17 de noviembre de 2026. Datos aportados por la Abogacía del Estado sobre los afectados y la depuración de los registros electorales. Consultar información. EL PAÍS

4. RTVE – 9 de noviembre de 2026. El Supremo rechaza extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados. Leer información de RTVE. RTVE.es

5. Agencia EFE – 9 de noviembre de 2026. Información sobre las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa. Consultar noticia de EFE. EFE Noticias

6. Europa Press – 8 de septiembre de 2026. Primera suspensión cautelar del voto para determinados nacionalizados por la Ley de Nietos. Consultar información. Europa Press

7. Ministerio de Asuntos Exteriores. Explicación oficial de la Ley de Memoria Democrática y de las vías de adquisición de nacionalidad para descendientes. Consultar explicación oficial.

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