21 de noviembre de 2026

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Trump amenaza con penalizar a las tecnológicas que construyan centros de datos fuera de Estados Unidos para frenar el avance de China

El presidente estadounidense plantea imponer un gravamen extraordinario a las compañías que instalen infraestructuras de inteligencia artificial en otros países. La advertencia llega en plena disputa tecnológica con Pekín y cuando el elevado consumo eléctrico y de agua está provocando el rechazo de numerosas comunidades estadounidenses a los nuevos centros de datos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto un nuevo frente en la batalla internacional por el control de la inteligencia artificial. Durante una comparecencia en la Casa Blanca el 20 de noviembre, el mandatario advirtió de que su Administración podría imponer fuertes penalizaciones económicas a las empresas estadounidenses que decidan construir centros de datos fuera del territorio nacional.

La advertencia supone un cambio de tono en la política tecnológica de Washington, que pretende concentrar dentro de sus fronteras la infraestructura informática necesaria para desarrollar y operar los sistemas más avanzados de inteligencia artificial.

Trump justificó su postura por motivos de seguridad nacional y competitividad frente a China. Según su argumento, permitir que las grandes compañías estadounidenses construyan instalaciones informáticas en otros países podría facilitar que Pekín accediese indirectamente a tecnologías estratégicas y debilitase la posición de Estados Unidos en la carrera tecnológica.

«No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos en otros países», afirmó el presidente durante la rueda de prensa. También advirtió de que las compañías que siguieran esa estrategia podrían enfrentarse a un impuesto extraordinario o a penalizaciones de gran magnitud.

Sin embargo, el anuncio todavía no se ha traducido en una norma aprobada ni en una orden ejecutiva con condiciones concretas. De hecho, según recogió Associated Press, el propio Trump reconoció que todavía no había comunicado formalmente la propuesta a sus colaboradores.

La iniciativa abre así un debate sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno estadounidense para condicionar las inversiones internacionales de sus empresas tecnológicas y qué consecuencias tendría una eventual restricción para el mercado mundial de la inteligencia artificial.

Una advertencia dirigida a las grandes compañías tecnológicas

Los centros de datos se han convertido en una infraestructura esencial para el funcionamiento de la economía digital. Estas instalaciones albergan miles de servidores que procesan, almacenan y transmiten enormes cantidades de información.

Su importancia ha aumentado con la expansión de la inteligencia artificial generativa, cuyos modelos necesitan una capacidad de cálculo muy superior a la de numerosos servicios informáticos tradicionales.

Empresas como Google, Microsoft, Amazon, Meta y otros grandes operadores tecnológicos están destinando inversiones multimillonarias a ampliar sus redes de centros de datos en diferentes regiones del mundo.

La construcción de estas instalaciones no depende únicamente del tamaño del mercado al que pretenden prestar servicio. También influyen el precio y la disponibilidad de electricidad, el acceso al agua para refrigeración, la estabilidad de las redes energéticas, los incentivos fiscales y la regulación de cada país.

Por eso, las grandes compañías no concentran necesariamente toda su infraestructura en Estados Unidos. Construir instalaciones en Europa, Asia o América permite acercar los servidores a los usuarios, reducir los tiempos de respuesta y cumplir con determinadas exigencias locales sobre almacenamiento y tratamiento de datos.

La amenaza de Trump podría alterar esos criterios empresariales si termina convirtiéndose en una obligación fiscal o en una restricción efectiva.

Reuters advirtió de que una penalización de este tipo podría afectar a los planes internacionales de operadores como Equinix y Digital Realty, compañías especializadas en infraestructuras de centros de datos.

No obstante, todavía no se conoce qué empresas quedarían afectadas, qué tipo de inversiones entrarían dentro de la medida ni si se contemplarían excepciones para proyectos estratégicos o instalaciones destinadas a prestar servicios a clientes extranjeros.

China, el argumento central de la Casa Blanca

La principal justificación ofrecida por Trump es impedir que China aproveche las infraestructuras tecnológicas construidas por empresas estadounidenses en terceros países.

El problema está relacionado con las restricciones que Washington mantiene sobre la exportación de determinados chips avanzados de inteligencia artificial a empresas y entidades chinas.

Estados Unidos considera que estos procesadores son estratégicos porque permiten entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial y desarrollar capacidades informáticas con posibles aplicaciones económicas y militares.

Sin embargo, la prohibición de vender determinados chips directamente a China no impide necesariamente que empresas de ese país puedan acceder a capacidad de cálculo situada en otros territorios.

Una compañía puede instalar servidores equipados con procesadores avanzados en un país donde su exportación esté permitida y ofrecer posteriormente acceso remoto a esos equipos a clientes situados en otras regiones.

Este modelo de alquiler de capacidad informática es uno de los puntos que preocupan a las autoridades estadounidenses. Según las investigaciones y advertencias recogidas por Reuters y otros medios, las empresas chinas podrían aprovechar centros de datos ubicados en terceros países para utilizar procesadores cuyo acceso directo tienen restringido.

Washington busca cerrar esas posibles vías indirectas de acceso.

En este contexto, el Departamento de Comercio estadounidense ha impulsado nuevas medidas para reforzar el control sobre la distribución internacional de chips avanzados y evitar que determinados países puedan acceder a ellos a través de intermediarios o infraestructuras situadas fuera de China.

La amenaza de Trump sobre los centros de datos en el extranjero debe entenderse dentro de esa estrategia más amplia. No se trata únicamente de atraer inversiones a Estados Unidos, sino también de mantener un mayor control sobre dónde se instala la capacidad informática que puede utilizarse para desarrollar inteligencia artificial avanzada.

El caso de Nvidia y Megaspeed aumenta la preocupación por el acceso indirecto a los chips

La controversia sobre los centros de datos internacionales se ha intensificado tras las investigaciones relacionadas con Nvidia y la empresa Megaspeed, con sede en Singapur.

Según las informaciones publicadas por distintos medios, las autoridades estadounidenses investigan operaciones relacionadas con la adquisición de procesadores avanzados de Nvidia por parte de empresas vinculadas a centros de datos del sudeste asiático.

La preocupación se centra en si determinadas operaciones comerciales pudieron facilitar que compañías chinas accedieran a capacidad informática basada en chips cuya exportación directa a China está restringida.

El asunto ha generado un debate sobre la eficacia de los controles de exportación estadounidenses y sobre las dificultades para vigilar el uso final de los procesadores cuando se instalan en centros de datos que prestan servicios a clientes internacionales.

No obstante, las sospechas sobre posibles operaciones irregulares deben mantenerse separadas de los hechos acreditados. La existencia de una investigación no demuestra por sí sola que todas las empresas implicadas hayan cometido infracciones ni que se haya producido una transferencia ilegal de tecnología.

El caso sí ha reforzado la preocupación de Washington por el modelo de centros de datos distribuidos internacionalmente, especialmente cuando incorporan procesadores de última generación.

Trump ha utilizado este escenario para defender que la infraestructura tecnológica más sensible permanezca bajo jurisdicción estadounidense.

Google y Finlandia, un ejemplo de las inversiones que podrían verse afectadas

Durante su intervención, Trump mencionó expresamente el proyecto de Google en Finlandia como ejemplo de una inversión que no quiere que las compañías estadounidenses desarrollen fuera de sus fronteras.

Finlandia se ha convertido en un destino atractivo para los centros de datos por sus condiciones climáticas, su infraestructura energética y su acceso a electricidad procedente de distintas fuentes.

Las temperaturas más bajas durante buena parte del año pueden facilitar la refrigeración de los servidores, uno de los principales costes operativos de estas instalaciones.

Además, el país forma parte del mercado único europeo y ofrece acceso a una importante base de clientes empresariales y tecnológicos.

La construcción de centros de datos en Europa también responde a motivos regulatorios. La normativa comunitaria sobre protección de datos, privacidad y determinados servicios digitales hace que disponer de infraestructura dentro del continente pueda resultar conveniente para compañías que trabajan con clientes europeos.

Por tanto, una eventual penalización estadounidense no afectaría únicamente a proyectos relacionados con China o con países considerados estratégicamente sensibles.

También podría alcanzar inversiones destinadas a prestar servicios ordinarios a empresas y usuarios de Europa.

Si la propuesta de Trump llegase a convertirse en una política efectiva, las compañías tendrían que valorar el coste de mantener centros de datos fuera de Estados Unidos frente a las ventajas económicas y operativas que ofrecen esos mercados.

La factura eléctrica y el agua complican la expansión dentro de Estados Unidos

La posición de Trump se enfrenta, sin embargo, a un problema interno: construir más centros de datos en territorio estadounidense no resulta sencillo.

Durante los últimos años, numerosas comunidades han expresado su oposición a estos proyectos por su elevado consumo de electricidad, las necesidades de agua para refrigeración, el impacto urbanístico y el posible aumento de los costes energéticos.

Las instalaciones de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de energía para mantener funcionando sus procesadores y sistemas de refrigeración durante las 24 horas del día.

El Departamento de Energía de Estados Unidos reconoce la magnitud de este desafío. En su actualización del informe sobre consumo energético de centros de datos, publicada en 2025, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley estimó que estas instalaciones podrían representar el 11,8 % del consumo eléctrico total estadounidense en 2030.

El informe contempla distintos escenarios, con una horquilla que va del 9,5 % al 15,3 % de la electricidad nacional.

Se trata de estimaciones y no de un consumo ya alcanzado, pero reflejan la dimensión que podría adquirir la demanda energética asociada a la expansión de la inteligencia artificial.

La Administración estadounidense ha defendido que las empresas tecnológicas deben asumir una parte mayor de los costes que generan sus instalaciones. El Departamento de Energía ha promovido compromisos para que los operadores construyan, aporten o contraten nueva capacidad de generación eléctrica y financien las mejoras de infraestructura necesarias.

Trump también ha pedido a las comunidades que no rechacen automáticamente los proyectos y que negocien con las empresas beneficios para sus vecinos.

Durante la rueda de prensa del 20 de noviembre, el presidente defendió que las localidades deberían aprovechar la llegada de estas inversiones para obtener compensaciones económicas, puestos de trabajo y mejoras para sus infraestructuras.

El mensaje refleja una contradicción política: mientras la Casa Blanca quiere atraer más centros de datos al país, una parte de la población se opone a que se construyan cerca de sus viviendas.

Las empresas tecnológicas reclaman estabilidad para sus inversiones

La posible imposición de un impuesto extraordinario a las compañías que construyan centros de datos en el extranjero podría introducir un nuevo factor de incertidumbre para el sector.

Las inversiones en estas instalaciones requieren años de planificación, contratos de suministro eléctrico, adquisición de terrenos, permisos urbanísticos y acuerdos con proveedores tecnológicos.

Una decisión empresarial sobre la ubicación de un centro de datos puede comprometer miles de millones de dólares durante periodos prolongados.

Si las compañías no conocen con claridad las condiciones fiscales que deberán afrontar, podrían retrasar proyectos o modificar sus planes de expansión.

Además, construir una instalación exclusivamente en Estados Unidos no siempre es la opción más eficiente. Los operadores necesitan distribuir sus servidores cerca de los usuarios para reducir la latencia, mejorar la disponibilidad de los servicios y cumplir con las exigencias de los clientes.

Una empresa que ofrece servicios financieros, almacenamiento en la nube o herramientas de inteligencia artificial en Europa puede necesitar infraestructura física dentro del continente, aunque su sede principal se encuentre en Estados Unidos.

El anuncio presidencial también plantea interrogantes jurídicos. Trump no ha explicado qué mecanismo utilizaría para imponer el gravamen ni si recurriría a aranceles, impuestos específicos, restricciones administrativas o condiciones vinculadas a las ayudas públicas.

Tampoco se conoce si la medida necesitaría aprobación del Congreso o qué margen tendría el Ejecutivo para aplicarla mediante las competencias existentes.

Por ahora, no existe una regulación definitiva que permita conocer las consecuencias legales de la propuesta.

Una carrera tecnológica que también afecta a Europa

La disputa entre Washington y Pekín tiene consecuencias que van mucho más allá de sus fronteras.

Europa se ha convertido en un mercado estratégico para la expansión de los centros de datos y de los servicios de inteligencia artificial. Países como Finlandia, Suecia, Irlanda, Alemania, Países Bajos y España compiten por atraer inversiones tecnológicas.

La llegada de estas instalaciones puede generar empleo especializado, aumentar la actividad económica y reforzar la infraestructura digital. Sin embargo, también exige importantes recursos energéticos y puede generar tensiones con las comunidades locales.

Una eventual penalización estadounidense podría afectar a proyectos de empresas norteamericanas en territorio europeo y alterar decisiones de inversión que ya se encuentran en fase de planificación.

Para la Unión Europea, el debate también tiene una dimensión de soberanía tecnológica. Disponer de centros de datos dentro de sus fronteras permite reducir la dependencia de infraestructuras situadas en otros continentes y mejorar el control sobre determinados servicios digitales.

Si las compañías estadounidenses se vieran obligadas a priorizar sus instalaciones nacionales, los países europeos podrían encontrar más dificultades para atraer determinados proyectos o, por el contrario, podrían reforzar sus propias inversiones y operadores locales.

El resultado dependerá de cómo se concrete la política de Washington y de si otros gobiernos responden con incentivos, regulaciones o medidas de apoyo a sus propios sectores tecnológicos.

Un anuncio todavía sin calendario ni detalles legales

Pese a la contundencia de las declaraciones presidenciales, la propuesta se encuentra todavía en una fase preliminar.

Trump no ha presentado un calendario de aplicación, no ha fijado un porcentaje impositivo y tampoco ha detallado qué empresas o proyectos quedarían incluidos.

Associated Press informó de que el mandatario reconoció que todavía no había comunicado formalmente la idea a su equipo. Este detalle resulta esencial para entender que no existe, por ahora, una prohibición efectiva de construir centros de datos fuera de Estados Unidos.

La Casa Blanca tendrá que concretar si pretende utilizar instrumentos fiscales, comerciales o regulatorios y determinar cómo encajaría la medida dentro de las leyes estadounidenses y de los compromisos comerciales internacionales.

También deberá explicar cómo distinguiría entre instalaciones destinadas a prestar servicios a clientes extranjeros, centros de datos utilizados para procesar información sensible y proyectos que pudieran facilitar indirectamente el acceso de China a tecnologías restringidas.

La amenaza de Trump marca una nueva etapa en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, pero su impacto real dependerá de las decisiones que adopte finalmente su Administración.

Mientras tanto, las grandes compañías tecnológicas tendrán que seguir afrontando una doble presión: por un lado, la necesidad de ampliar su capacidad informática para responder al crecimiento de la inteligencia artificial y, por otro, las restricciones energéticas, regulatorias y políticas que condicionan dónde pueden construir sus instalaciones.

La cuestión ya no es solamente quién desarrolla los mejores procesadores o los modelos de inteligencia artificial más avanzados. También está en juego quién controla los edificios, los servidores, la electricidad y las redes que permiten que esa tecnología funcione.

Fuentes consultadas y contraste

  • Reuters, 20 de noviembre de 2026: recoge la amenaza de Trump, el posible impacto sobre empresas como Equinix y Digital Realty y el contexto de las restricciones tecnológicas a China. Reuters
  • Associated Press, 20 de noviembre de 2026: confirma que Trump no detalló la medida y reconoció que todavía no había informado a su equipo. ABC News
  • EFE, 20 de noviembre de 2026: recoge las declaraciones del presidente y la referencia a los centros de datos fuera de Estados Unidos. EFE Noticias
  • El País, 20 de noviembre de 2026: analiza la falta de concreción legal, el proyecto de Finlandia y el contexto de la disputa tecnológica con China. EL PAÍS US
  • Departamento de Energía de Estados Unidos: estimación de que los centros de datos podrían alcanzar el 11,8 % del consumo eléctrico nacional en 2030. Department of Energy+1
  • Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA): proyecciones oficiales sobre el aumento del consumo eléctrico de los servidores y sus necesidades de refrigeración. U.S. Energy Information Administration (EIA)
  • The Guardian, 20 de noviembre de 2026: contexto político y oposición local a la construcción de grandes centros de datos. The Guardian

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